En Bolivia, dos meses y medio después de la “guerra del agua” de Cochabamba, la crisis política y la perspectiva de una nueva y más profunda insurrección popular no dejan de crecer. Para el conservador La Razón, “el gobierno dictó el estado de sitio y fue desobedecido. El foco de tensión de Cochabamba se extendió rápidamente a casi todo el país. Llegó a Lahuachaca y Achacachi, con batallas campesinas que devolvían las balas con piedras y eran la expresión de odios feroces y de estados de desesperación que podían haberse transformado en un caos sangriento y definitivo para el país. El estado de sitio nació muerto y puso en duda la propia autoridad del Estado. La anarquía llegó inclusive a la policía y pudo llegar al ejército, pilar del orden y la seguridad”.

Desde entonces, el gobierno de Banzer (ADN) no para de recular. El estado de sitio, previsto durante noventa días, fue levantado a poco más de una semana. El contrato de privatización del abastecimiento de agua en Cochabamba (ciudad que se encuentra en el centro del “eje estratégico” de la economía boliviana: Santa Cruz-Cochabamba-La Paz) con la multinacional Aguas del Tunari, fue roto.

No sólo fue sustituida la mayoría del gabinete, sino también las directorías de Comibol (minas) y de los ferrocarriles. Las tentativas de establecer un “pacto de gobernabilidad” con el MNR a través del “Diálogo Nacional” fracasaron. La ADN de Banzer, está en proceso de descomponsición abierta (algunos dirigentes de la ADN serían partidarios de la renuncia del presidente). El MNR, a su vez, critica al oficialista MIR (Paz Zamora), que posa como si fuese oposición a Banzer, aunque participa de su gobierno con ocho ministros (La Razón pide que el dirigente histórico del MIR, Oscar Eid, envuelto en un caso notorio de corrupción, renuncie a la vida pública).

Y, en el movimiento obrero y popular, ya no se trata sólo de la “Coordinadora de agua” de Cochabamba: hay una “Coordinadora de luz” en Villazón (punto de la frontera con Argentina); el 20 de junio venció el ultimátum de los ‘cocaleros’ del Chapare para que el gobierno paralice la erradicación de las 5 mil hectáreas de coca remanentes; en la policía, “un sindicato clandestino y un comité de vigilancia de esposas y familiares” controlan el pago del aumento salarial concedido en abril (La Prensa, 2/5); el gobierno admitió el pago de indemnizaciones a los familiares de los muertos, a los heridos y a los presos del levantamiento de abril; Pulso (19/6) critica “el evidente fracaso del Plan de Reactivación Económica lanzado por el gobierno en abril”.

El objetivo de una lucha nacional por “Fuera Banzer y todo su gobierno (ADN, MIR, UCS, NFR)” fue bloqueado por las direcciones de las masas, en especial de la COB, que en abril demoró seis días para decretar una paralización nacional de 24 horas, cuando la lucha en Cochabamba ya contaba cinco muertos y se había extendido nacionalmente. El APA (“Acuerdo Político Anti-neoliberal”) montado a las apuradas por la burocracia sindical, la izquierda democratizante (PCB, PS, ASP, etc.), el prefecto de La Paz, Juan Del Granado (del ex oficialista MSM, los ‘sin miedo’) y sectores del MNR, no es sólo una versión empeorada de la UDP de la década del ‘80: es un bombero directo de las luchas en curso, que pretende actuar en nombre de un proyecto de ‘modelo anti-neoliberal’.

La presión por una ‘transición pacífica’ del régimen de Banzer es comandada directamente por el imperialismo, que interviene directa y cotidianamente a través del chantaje financiero (acaba de anunciar un préstamo de 120 millones de dólares para “combatir las drogas”) y de las ‘soluciones’ para los problemas de agua y energía vía ONGs. Aliados directos de esas maniobras son los “autogestionarios” que ocupan un lugar dirigente en la Coordinadora de Cochabamba (con Oscar Oliveira), opuestos a cualquier lucha política nacional en nombre de la “muerte de los antiguos sindicalistas obreros” y del elogio de un nuevo “lenguaje capaz de llegar a las clases medias y altas de la sociedad”: “La propuesta de la Coordinadora de una empresa autogestionaria demolió la falsa dualidad entre el privatismo y el estatismo que había guiado las propuestas políticas contemporáneas” (Gutiérrez y García Linera, La Razón, 23/4). Toda esta bestialidad oculta que a tal ‘empresa autogestionaria’ se la viabiliza con créditos internacionales (que Oliveira fue a buscar a los EE.UU.). Pero “la cara de izquierda de una dirección de derecha “, como los califica la Oposición Trotskista (OT, en Trinchera, Nº 4, mayo de 2000), son la cobertura ‘democrática pura’ de las maniobras imperialistas.

En los sindicatos combativos, en importantes centros obreros departamentales, en los sectores más radicalizados del movimiento campesino, existe una fuerte oposición a la burocracia de la COB y a la política conciliacionista del APA (algunos sectores rompieron con éste, después de haber adherido inicialmente). Dar un carácter prográmatico y conciente a esta oposición clasista, estructurándola en dirección (partido) obrera alternativa, para que sea capaz de aglutinar a todos los oprimidos en lucha contra el imperialismo (que exige la inmediata flexibilización trabajadora, la privatización de la jubilación y la destrucción de la resistencia campesina) y sus cómplices nativos. Esa es la tarea de la vanguardia revolucionaria.

Esa tarea es parte integrante de la lucha contra el imperialismo a escala continental, por la unidad socialista de América Latina, y la reconstrucción de la Internacional Obrera (refundación de la IV Internacional). La OT consolidó un firme núcleo militante, una publicación regular clara y explícitamente identificada con esos objetivos (Trinchera), y participó activamente del levantamiento de abril en Cochabamba y La Paz: debe ahora elaborar un plan de acción (agitación, propaganda, organización) para situarse a la cabeza de la lucha por un partido revolucionario del proletariado del altiplano.