El gobierno de Dilma Rousseff arranca 2016 contra las cuerdas. El desplazamiento del ministro de Economía, el hombre de confianza del gran capital en el gabinete, es una consecuencia del fracaso del ajuste. Dilma venía de concretar recortes presupuestarios importantes, lo que fue acompañado de una devaluación de casi el 50 por ciento. Pero eso no detuvo la fuga de capitales y la crisis industrial. La caída del PBI ascendió al 5 por ciento en 2015, mientras avanza la ola de despidos y suspensiones. Un conjunto de empresas líderes, empezando por la Petrobras, a las que se agregan la poderosa Odebrecht y otras constructoras y proveedoras de servicios al Estado, están en una situación financiera y judicial comprometida.

 

Las exigencias del ministro de Economía, Joaquim Levy, de nuevos recortes, en particular del emblemático plan “Bolsa Familia”, despertó la resistencia generalizada del PT y fue el detonante que precipitó su caída. El nuevo titular de Economía, Nelson Barbosa, un hombre del riñón de Lula, está haciendo malabarismos para mantener el ajuste. Pretende compensar la atenuación de la poda en ciertos rubros con el recorte en otros. Barbosa plantea una reforma de las pensiones aumentando la edad jubilatoria y los haberes que reciben sus beneficiarios. Por otro lado, promueve una ampliación de las facultades del Ejecutivo para modificar y reasignar hasta el 30 por ciento de las gastos en salud, educación y en el gasto social. Esto superpoderes apuntan a una “racionalización” del gasto en esos rubros. Pero estos anuncios, sin embargo, no han aquietado al establishment, que ve con desconfianza el cambio de gabinete.

 

Por lo pronto, el alejamiento de Levy fue la señal para que el presidente de la Cámara de Diputados, el ex aliado Eduardo Cunha, haya finalmente iniciado el proceso de impeachment.

 

Detrás del “Petrolão” se esconde una pelea entre la burguesía local, empezando por los exponentes de la patria contratista y un sector del capital extranjero que reclama una apertura económica y comercial que termine con las preferencias en favor de la gran burguesía: pretenden una ola de privatizaciones, en el petróleo y en la contratación de obra pública. El agotamiento del régimen petista tiene su epicentro en Petrobras: un “rescate” brasileño pondría el desguace del esquema de explotación petrolera en el centro de la agenda.

 

Los movimientos sociales y los sindicatos, así como algunos grupos de izquierda, se movilizan a favor del gobierno en nombre de la amenaza de la derecha. Pero el PT le allanó las puertas: cogobernó con ella, la entronizó en los principales ministerios y le entregó -al PMDB- toda la línea de sucesión presidencial. El PT es responsable también del avance privatista sobre Petrobras. Esto vale también para el PSOL, que se ha colocado con matices en el campo de apoyo al gobierno, lo cual no impidió que el grupo brasileño del PTS (MRT) acordara candidaturas comunes para las elecciones municipales del año próximo y reclamara el ingreso al PSOL, en nombre de capitalizar “por izquierda” lo que caracterizan como una “crisis de representación”. De nuevo, quedan de manifiesto los límites insalvables de estas categorías de análisis cuando lo que se desarrolla es una bancarrota económica y política de fondo.

 

Estamos en presencia de una fractura del Estado. El petrolão ahora, como el Mensalão antes, ha puesto de relieve que el régimen en su totalidad no es más que un red corrupta al servicio del capital. Eso envuelve a todas las instituciones del Estado y se extiende a los partidos oficialistas y opositores.

 

El Congreso brasileño no tiene autoridad para encarar el juicio político. Una salida progresiva para Brasil depende de que la clase obrera emerja como un factor político independiente y ajuste cuentas con el régimen ajustador y coimero.