El Senado brasileño acaba de aprobar una ley por la cual se elimina la exclusividad otorgada a la petrolera estatal como operadora de los yacimientos marinos. Esta iniciativa, que modifica las condiciones de explotación de la llamada capa pre-sal de petróleo de la plataforma marítima, venía siendo fogoneada insistentemente por la oposición. El proyecto fue elaborado por José Serra, uno de los líderes del principal partido opositor. Pero el dato saliente es que Dilma le dio el aval político, lo que ha provocado un tembladeral en el PT.

 

Disputa

 

La nueva ley se inscribe en una pelea de carácter estratégico.

Detrás del “Petrolão”, las investigaciones por corrupción estatal en las compras y contratos de Petrobras, se esconde una disputa entre la patria contratista brasileña (Odebrecht y compañía, cuyos directivos están en la cárcel) que supo orbitar alrededor de Petrobras, y un sector del capital extranjero que reclama una apertura económica y comercial que termine con las preferencias del régimen en favor de la gran burguesía local. Reclaman, en definitiva, una ola de privatizaciones, en el petróleo y en la contratación de obra pública.

 

Crisis económica

 

Dilma accede a ese reclamo, en momentos en que el gobierno se encuentra cada vez más acorralado por la crisis económica. La recesión superó las previsiones, mientras la desocupación asciende al 9%. Las sucesivas devaluaciones no han podido impedir la salida de capitales.

 

Luego del alejamiento del ministro de Economía, Joaquim Levy, el hombre de confianza del establishment, Dilma se ha empeñado en probar que su gobierno está en condiciones de continuar y pilotear el ajuste. Puso en marcha un gran paquetazo oficial que incluye una reforma jubilatoria, y podas en el presupuesto por otros 6.000 millones de dólares (se venía de una reducción anterior de 11.0000 millones). Esto afecta especialmente la obra pública, la salud y la educación. Ello en momentos en que el país está viviendo una emergencia sanitaria con la epidemia de zika.

 

Pero para el mundo financiero y empresarial, “el ajuste anunciado es insuficiente para poner en equilibrio las cuentas públicas, aunque es difícil decir exactamente de cuánto debería ser”, explicó uno de sus voceros (La Nación, 20/2). Las calificadoras han reaccionado bajándole la nota a la deuda, que ha pasado a revestir la condición próxima a la de los títulos basura.

 

Crisis política

 

El viraje en materia petrolera es una tentativa de Dilma por salvar su pellejo y la sobrevivencia de su gobierno a costa de concesiones sensibles al gran capital. Por esta vía, el gobierno pretende arribar a un compromiso con la oposición y alejar la amenaza de un juicio político. La eficacia de la iniciativa oficial para neutralizar el cerco judicial está por verse. Han aparecido nuevas revelaciones sobre coimas que comprometen seriamente al principal publicista de las campañas presidenciales de Lula y de Dilma, junto a las denuncias de sobreprecios en las obras de extensión ferroviaria. Por lo pronto, lo que sí ha ocurrido es una división en el PT. La bancada oficialista, al igual que diferentes líderes partidarios, han calificado la nueva ley petrolera como una “traición”. Dilma no estuvo presente en la ceremonia en que se festejaba el 36˚ aniversario del PT.

 

Que esta crisis haya estallado alrededor de Petrobras no es casualidad . El agotamiento del régimen petista tiene su epicentro en la petrolera estatal.

Un “rescate” brasileño, bendecido por del capital financiero, tiene como base y condición el desguace del esquema de explotación petrolera. Este giro está en el centro de la agenda, una cuestión que demandará una reorganización social y política de fondo con implicancias continentales.

 

El entreguismo petrolero pone al descubierto los límites insalvables de la política de movimientos sociales y grupos de izquierda que se vienen movilizando a favor del gobierno en nombre del peligro de la derecha. El ajuste y el giro económico neloliberal que reclama el establishment lo está llevando adelante Dilma. El PT ha rechazado la nueva ley pero no está dispuesto a sacar los pies del plato y poner en juego la gobernabilidad. Las centrales y sindicatos alineados con el PT han aislado y abortado las tendencias de lucha y la acción directa que han impulsado diversos sectores del movimiento obrero en respuesta a los ataques que vienen recibiendo. La lucha para derrotar el ajuste en curso sólo puede abrirse paso desembarazándose de las ataduras con el gobierno y los partidos y bloques patronales cómplices, ya sean oficialistas y opositores. La clase obrera debe emerger como factor político independiente en vistas a transformarse en una alternativa de poder y dar una salida a la bancarrota nacional en desarrollo.