Las calles de Ecuador volvieron a sentir la movilización de miles de luchadores y luchadoras que  irrumpieron en repudio a las políticas ajustadoras de Lenín Moreno orientadas a que la crisis económica sea pagada por las masas mediante el desguace del sistema sanitario, los despidos en masa y un empobrecimiento general. Bajo la convocatoria del Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y con el acompañamiento de organizaciones estudiantiles como la FEUE (federación estudiantil), el lunes 8 se gestó una gran jornada de lucha, principalmente en la capital, Quito. También se convocaron importantes acciones en Otavalo, Loja, Riobamba, Cuenca, Milagro e Ibarra.

Estas protestas son la continuación de numerosas jornadas callejeras desenvueltas en el mes de mayo, como lo fueron las movilizaciones protagonizadas por la comunidad educativa contra el ajuste en la universidad y las medidas de lucha llevadas adelante por trabajadores de distintas empresas estatales (Gestión Inmobiliaria, la aerolínea estatal TAME, ferroviarios) que son uno de los principales objetivos de la ofensiva gubernamental mediante despidos y recortes. A estos procesos de lucha debemos sumarle las movilizaciones desarrolladas el 18 de mayo en distintos puntos del país (Guayaquil, Loja, Cuenca, Riobamba, entre otras), convocadas por el FUT y a la cual también se sumaron dirigentes y miembros del Frente Popular y de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).

Simultáneamente, crece el malestar por la desastrosa gestión de la pandemia, que tuvo su expresión más gráfica y brutal en los cadáveres amontonándose en las calles de Guayaquil.

Gobierno antiobrero

El viernes 15 de mayo, con los votos de Alianza País (oficialismo), Creo (derecha), la centroderechista Sociedad Unida Más Acción (Suma) y sectores de la centroizquierda nucleada en Integración Nacional (Pachakutik -integrante de este bloque- rompería con él luego de la votación) y del bloque de Acción Democrática Independiente (BADI), así como también de algunos independientes, se aprobó en el parlamento de Ecuador la “Ley Humanitaria”, cuya viga maestra es la instauración de una reforma laboral encubierta.

El paquete permite a las patronales reducir la jornada laboral por la mitad en “situaciones de fuerza mayor” y por consiguiente avanzar hacia una reducción salarial de iguales proporciones. Tal medida implica un zarpazo directo a los aportes a la seguridad social, que serían podados acorde a la rebaja de salarios. Por otro lado, se embiste contra el derecho a las vacaciones: los empleadores podrán decidir arbitrariamente el cronograma de las mismas o clasificar las inasistencias como días de vacaciones devengados. Asimismo, se anunció una reducción de dos horas en la jornada laboral para todos los trabajadores públicos –excepto salud, policía y FFAA- y de una hora a los docentes (con reducciones salariales del 16% y del 8% respectivamente). Otro ítem fundamental de la reforma corresponde a la creación de un “contrato de emergencia con un plazo de duración de 2 años y que podrá ser renovado por el mismo plazo por una sola vez”, es decir, una modalidad de contratos basura que dará vía libre a las empresas para que puedan despedir trabajadores a mansalva. Por último, como corolario de este ajuste ciclópeo contra la clase obrera ecuatoriana, se habilita la reducción salarial mediante un “acuerdo” entre trabajadores y empresarios, a fin de “preservar el empleo” (El Comercio 16/5). Para poder proceder, las patronales deberán presentar ante sus trabajadores los balances financieros para demostrar la fragilidad de la empresa. Tal operación será colocada bajo la órbita del Ministerio de Trabajo, que se encargará de velar por su cumplimiento, y en el caso de que el acuerdo sea aceptado por la mayoría de los trabajadores, se impondrá al resto de los mismos, aunque no hayan suscrito a la negociación. La trampa aquí es que los trabajadores serán condicionados y extorsionados por las patronales para que se resignen a las rebajas salariales, bajo la amenaza de despidos y cierres. En oposición a esta política, se hace necesario reclamar la prohibición de despidos y la garantía del 100% del salario.

El impacto de la crisis y del ajuste azota a toda la clase obrera: según las autoridades, se produjeron 150.000 despidos sin contar a los trabajadores en negro. Se ha desatado una verdadera masacre de la fuerza de trabajo.

El Ejecutivo, además, eliminó los subsidios a los combustibles, elevando aún más la temperatura del termómetro popular. Recordemos que esta medida quiso ser implementada en el transcurso del año pasado y tuvo que retrotraerse por las gigantescas movilizaciones de masas.

Todas estas medidas son acompañadas por un reforzamiento del aparato represivo, cuya expresión cabal es el reciente acuerdo que permite a las Fuerzas Armadas reprimir la protesta social.

Entrega nacional

A esta ofensiva propatronal se le ha sumado la liquidación de siete empresas públicas, pavimentando el camino hacia una privatización del sector. Entre estas instituciones se encuentran Ferrocarriles del Ecuador, Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento (Cear EP), Correos del Ecuador, Unidad Nacional de Almacenamiento (sector agropecuario), Medios Públicos EP, Ecuador Estratégico (obras de infraestructura), TAME (Aerolíneas)  y Siembra EP (Ciudad del Conocimiento).

El recrudecimiento de la crisis mundial al calor de la pandemia configuró un inmenso marasmo para la economía ecuatoriana. La renta petrolera, importante fuente de divisas para el país, ha disminuido considerablemente como consecuencia del desplome de los precios internacionales del petróleo. De igual manera, el gobierno estima que “las pérdidas económicas tras más de 70 días de confinamiento ascienden a  15.863 millones de dólares, debido a la paralización del 70% del sector productivo del país” (Expreso 2/6). El cuadro de recesión mundial golpea sobre una economía previamente enferma, los datos arrojan que el año 2019 cerró con un mísero crecimiento de menos del 0,1%, sumado al condicionante que supone la dolarización de la misma (sus ingresos dependen del crédito internacional y de la exportación). El mismísimo Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé una contracción del 6,3% para este año y el Banco Central Ecuatoriano pronostica un decrecimiento del PIB interanual de entre el 7,3% y 9,6%.

El gobierno de Lenín Moreno apeló a un violento endeudamiento externo, no solo con el FMI sino también con organismos como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Corporación Andina de Fomento (CAF) y  a través de nuevos préstamos provenientes de China. Es así como según medios oficiales, la deuda externa de Ecuador alcanza los 65.000 millones de dólares (60% del PIB).

A pesar de la enorme catástrofe sanitaria que carcome a Ecuador, el gobierno continuó pagando su deuda externa en detrimento de las condiciones de vida de las masas.  Más allá de haber conseguido el aval de los bonistas para postergar los pagos de intereses hasta mediados de agosto, el ministro de Finanzas Richard Martínez se ha vuelto a reunir con los acreedores con motivo de exponerles el panorama de las cuentas públicas del país, para así poder definir la reestructuración de la deuda en bonos, con vista a esculpir los detalles finales para el mes de julio. Se trata de una deuda que asciende a  17.300 millones de dólares, y cuyos vencimientos comienzan en el  año 2022 y se extienden hasta el 2030.

En este marco, las negociaciones con el conjunto de los acreedores quedarían bajo el manto confiscatorio del FMI. Solo la institución imperialista puede garantizar la “sostenibilidad” de la deuda a través de un nuevo programa integral de ajuste que deje satisfechos a los bonistas, para los cuales es fundamental un tutelaje del organismo multilateral sobre las finanzas del país (El Comercio 4/6).

Abajo el ajuste

Revolución Ciudadana, el partido del expresidente Rafael Correa, votó en contra de la ley de ajuste en el parlamento, pero orienta sus energías a un armado electoral para 2021 con otras fuerzas del régimen. “El correísmo tiene que ampliarse y abrirse”, declaró su dirigente Gabriela Rivadaneira (Sputnik, 14/1), al informar sobre negociaciones con organizaciones de “centro” que no quiso identificar. Asimismo, impulsa negociaciones con el movimiento indígena, con el propósito de capitalizar en las urnas la rebelión popular de 2019. Pero el grueso de la Conaie, que fue opositora a Correa, analiza lanzar una candidatura propia.

El gobierno ha profundizado su política de sometimiento colonial del país a expensas del salario obrero y del patrimonio estatal. La lucha para derrotar el ajuste de Lenín Moreno debe darse ahora, en las calles, por medio de un plan de lucha en la perspectiva de la huelga general.

Solo una intervención independiente del movimiento de masas puede romper las cadenas que atan al país a los intereses del capital financiero internacional. Frente al panorama abierto en Ecuador, es una tarea vital desconocer inmediatamente el pago de la deuda externa y poner fin a las relaciones con el FMI. Reabrir todas las empresas públicas cerradas por el gobierno se hace, en este contexto, imperioso.  El reclamo por la centralización del sistema de salud sigue teniendo vigencia. Las tendencias combativas que anidan en el seno de la clase obrera y la población indígena deben ser organizadas para que puedan, por medio de la movilización política, constituir una alternativa propia.