El gobierno de Guillermo Lasso dispuso el estado de excepción por 60 días en Ecuador. A raíz de ello, los militares se sumarán a operativos de la policía en varias provincias. Al mismo tiempo, el mandatario prometió -a lo Bullrich- un proyecto de ley para blindar el accionar de las fuerzas de seguridad, o sea para convalidar la brutalidad policial y el gatillo fácil.

El jefe de Estado argumenta que estas medidas responden al crecimiento de la inseguridad y del narcotráfico, pero las instituciones que empodera son parte de ese problema. Mientras tanto, se ha profundizado la crisis carcelaria. A comienzos de este mes, el mayor motín de la historia, en un penal de Guayaquil, dejó 119 muertos.

Sin embargo, más allá de la retórica oficial, lo que el gobierno busca, por un lado, es dar una señal de autoridad política, ante las dificultades que encuentra su agenda para abrirse paso. Por otro, es un recurso contra la movilización popular. Y, finalmente, pretende instrumentar una distracción frente a las revelaciones que involucran a Lasso en los Pandora Papers. El exbanquero aparece comprometido por haber operado a través de más de una decena de firmas offshore.

En cuanto a los obstáculos que encuentra la administración derechista, lo más sobresaliente es que la Asamblea Nacional rechazó el tratamiento de un paquete de reformas en materia tributaria y laboral, con las que el gobierno busca explícitamente agradar al Fondo Monetario. El organismo financiero había concedido un préstamo al gobierno anterior de Lenín Moreno, a cambio de severas medidas de ajuste, que su sucesor está tratando de implementar.

El partido de Lasso, Creo, es una pequeña minoría del parlamento. Ante el reparo de los otros bloques a tratar la megainiciativa (fundamentalmente, el correísmo, Pachakutik y el Partido Social Cristiano -que se había aliado al mandatario en las últimas elecciones), el jefe de Estado denunció una conspiración y amenazó inclusive con la “muerte cruzada”, un mecanismo que otorga al presidente la potestad de disolver los mandatos del Legislativo y el Ejecutivo, que abre paso a la convocatoria a nuevos comicios.

Después de mostrar los dientes, Lasso sacó un pie del acelerador y se comprometió a hacer revisiones a las leyes. Al mismo tiempo, busca una apertura de espacios de diálogo con las fuerzas opositoras, para consensuar las medidas de ajuste. Ya se produjo un encuentro con representantes de Pachakutik, el brazo político de la Conaie, la poderosa central indígena.

Mientras tanto, Lasso anunció un nuevo aumento en los combustibles, pero a la vez, la suspensión de los incrementos a partir del mes próximo. Es que, al calor de la suba de los precios internacionales, se está dando un alza importante. Y todavía está latente el recuerdo del levantamiento popular de 2019, que se desató precisamente a raíz del recorte en los subsidios en los carburantes.

Este 22, sesionaba el consejo ampliado de la Conaie, para evaluar posibles medidas de acción. Por lo pronto, el martes 26 habría una jornada de manifestaciones, en la que participaría también el Frente Unitario de Trabajadores (FUT). Pero, al tiempo que se desenvuelven estas acciones, Pachakutik muestra su disposición a alcanzar consensos con el gobierno derechista.

En resumen, la agenda de Lasso encuentra dificultades para abrirse paso, por su debilidad de origen, y por la sombra de la rebelión popular. En estas condiciones, busca la colaboración de la oposición. Esta oposición, en sus distintas variantes, reclama una suavización de las medidas de ajuste, pero no su retiro incondicional, y tampoco tiene un planteo de fondo contra el gobierno fondomonetarista.

El rechazo al estado de excepción, al aumento en los combustibles, a la reforma laboral y tributaria, y al pacto con el FMI, son puntos claves para un plan de lucha del movimiento obrero, estudiantil y campesino que derrote los planes de Lasso.