El gobierno ecuatoriano de Daniel Noboa decretó el “estado de excepción”, con toque de queda nocturno inclusive y la intervención directa de las Fuerzas Armadas en la represión. El parlamento votó dar garantías a soldados y policías para que repriman libremente a través de compromisos de amnistía e indultos a cualquier exceso que cometan.

Es la respuesta que encontró el régimen ecuatoriano al avance criminal del narcotráfico. El domingo se descubrió que se había fugado de la cárcel Adolfo Macías (alias Fito), capo de la banda narcotraficante más importante, “los Chorreros”, que cuenta con un “ejército” de casi 9.000 hombres.

Se dice que se “descubrió” el domingo, porque cuando lo fueron a buscar para trasladarlo a otra cárcel de máxima seguridad no lo pudieron encontrar. Es probable que ya hiciera algún tiempo que se hubiera ausentado, pero saltó recién ahora. No es el único caso: en la madrugada del martes, un motín en una cárcel permitió la fuga de 39 detenidos, entre ellos Fabricio Colón Pico, el jefe de la banda “Los Lobos”. Las cárceles hace bastante que han sido copadas por los narcotraficantes, sobornando a guardiacárceles y fiscales.

Estos hechos fueron acompañados, simultáneamente, por una ola de motines en seis penales y el copamiento del canal de TC Televisión de Guayaquil por un comando de por lo menos 13 hombres encapuchados, que tomaron de rehenes a los trabajadores. Y otras acciones (en un shopping, en la Universidad de Guayaquil, etc.). Una verdadera orgía de violencia criminal, “justificada” por la veintena de bandas vigentes, en los traslados que el gobierno se aprestaba a realizar desde las cárceles existentes a otra de “máxima seguridad” de los principales jefes narcotraficantes.

Confirmando la regla existente: el narcotráfico se desarrolló aceleradamente en Ecuador como parte de la alianza-corrupción de los criminales con el Estado (policías, fuerzas de seguridad, jueces, fiscales, etc.). Ecuador no solo produce droga, sino que, lo más importante, es estación de paso de países como México, Colombia, Perú, para reexportar grandes cantidades hacia los Estados Unidos, Europa y Brasil fundamentalmente. Las exportadoras de bananas (el padre del presidente es el magnate bananero del Ecuador) son una de las vías favoritas de este tráfico mundial. Y desde ya el sistema bancario que juega un importante papel en el “lavado de dinero”, apoyándose en un régimen bancario dolarizado y con menores controles.

La lucha entre bandas obedece también a los conflictos internacionales, principalmente entre los carteles mexicanos proveedores de Sinaloa y Jalisco. Pero a partir del narcotráfico se ha ido criminalizando toda la sociedad. Ha crecido el sicariato (asesinatos por encargo), la venta de “protección” y peajes mafiosos, etc. El Observatorio del Crimen Organizado en Ecuador ha definido que el 23% de los delitos corresponde directamente al narcotráfico, el 17% al lavado de dinero, el 16% a la corrupción estatal, el 10% al tráfico de armas, el 9% al contrabando de hidrocarburos…

La competencia entre bandas por el dominio de barrios y zonas, por el control de “cuotas” y rutas de exportación, etc. ha llevado a un salto en los asesinatos: de menos de 2.000 en el 2021, a más de 7.000 el año pasado (más de 20 por día). Esto va acompañado por el incremento de bandas de “protectores” (barrios y calles cerradas; seguridad privada, etc.). Las bandas narcotraficantes reclutan “soldaditos” apoyándose en sectores juveniles sin trabajo y en la miseria que se ha incrementado notablemente; aunque lo principal es la compra de jueces, fiscales, guardiacárceles y policías. La narcoexportación tiene a su favor los muy débiles controles en los puertos (especialmente Guayaquil) debido a la privatización y desregulación de los mismos.

Cualquier parecido con la ciudad de Rosario no es casualidad.

Sin el desmantelamiento del narcoestado (policía, justicia, etc.) la lucha contra la criminalidad narcotraficante tiene patas cortas. Esto debe ir acompañado por la nacionalización de los bancos y el comercio exterior (puertos, etc.) bajo control de las organizaciones obreras. Debe intervenir la movilización obrera/indígena popular, en forma independiente. El “estado de excepción” es una amenaza latente a esta iniciativa.

https://prensaobrera.com/internacionales/aumenta-la-persecucion-sionista-renuncia-la-presidenta-de-la-universidad-de-harvard