El referéndum del domingo 21 en Ecuador arrojó un triunfo del gobierno de Daniel Noboa en las preguntas relativas a su estrategia de seguridad, pero una derrota en dos puntos claves referidos a una reforma laboral reaccionaria y al reconocimiento del arbitraje internacional en disputas comerciales, un planteo dirigido a seducir a inversores extranjeros.

Las preguntas relacionadas con la participación del ejército en operativos policiales y de control de armas, el endurecimiento de penas y la extradición de ecuatorianos acusados de ciertos delitos para ser juzgados en el exterior, se aprobaron con porcentajes que van del 70 al 80%. Sin embargo, la participación electoral (del 72%) marcó una caída de casi nueve puntos con respecto al referéndum impulsado por el expresidente Guillermo Lasso en 2023.

A su vez, el “Sí” a la pregunta para modificar la Constitución y establecer los contratos laborales por horas o a plazo fijo solo obtuvo un 33%, es decir que fue rechazada por dos tercios del electorado, razón por la cual quedó descartada, al igual que el planteo de aceptar los tribunales extranjeros en controversias comerciales (solo consiguió el 39%). Estas dos preguntas resumían la orientación económica del gobierno: precarización de las condiciones de vida de los trabajadores y mayores facilidades para el gran capital imperialista.

El gobierno celebró, a pesar de todo, el resultado de la consulta, argumentando que triunfó en la mayoría de las preguntas. Además del partido de Noboa (Acción Democrática Nacional), llamaron a apoyar el “Sí” el Partido Social Cristiano (PSC), el Movimiento Construye (del candidato presidencial asesinado Fernando Villavicencio) y Creo (el partido del expresidente Lasso).

En tanto, Revolución Ciudadana (el partido del expresidente Rafael Correa), Pachakutik, la Conaie y Unidad Popular, al igual que algunas centrales sindicales, impulsaron el “No”, ya sea en todas o en algunas de las preguntas en danza. Estos sectores consideran que el gobierno fue derrotado.

Si bien Noboa supo explotar el temor popular ante el crecimiento de la violencia de las bandas del narcotráfico para convalidar su política de militarización de la seguridad interna (en pie desde enero), no logró –como lo muestra su derrota en dos puntos sensibles de su agenda económica- plebiscitarse “a lo Bukele”, que directamente barrió con la oposición en las últimas elecciones, a caballo de su estrategia de seguridad.

En la Asamblea Nacional, donde es minoritario, el gobierno seguirá dependiendo de la negociación con Construye y el PSC (con el que tiene cortocircuitos), e incluso con el correísmo, que es la fuerza principal en el parlamento.

La previa de los comicios estuvo marcada por la irrupción bochornosa de la policía en la embajada azteca para detener al exvice Jorge Glas, lo que motivó la ruptura de relaciones con México, y el crimen de dos alcaldes, que vuelve a poner en duda el éxito del “empoderamiento” de los militares. A su vez, una crisis energética derivó en la instauración de apagones programados de varias horas en los domicilios. Si bien el gobierno responsabiliza a la sequía que afectó a los embalses y habla de un sabotaje, referentes del campo energético aseguran que es la falta de inversiones y de mantenimiento lo que está detrás del déficit eléctrico.

La derrota del planteo de reforma laboral es un aliciente importante en la lucha contra el gobierno entreguista. Es importante, además, clarificar ante los trabajadores la naturaleza de la militarización en marcha, que busca justamente blindar los planteos antiobreros y proimperialistas de Noboa.

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