La pandemia del coronavirus en Ecuador no sólo pone en evidencia, como en otros países, la situación sumamente precaria del sistema de salud pública, sino la orientación de un gobierno más preocupado por el pago de la deuda y el FMI que por la salud y protección de las y los ecuatorianos.

Hasta el momento, Ecuador suma 1400 casos confirmados y 34 muertes por coronavirus. Con estos números es, después de Brasil, el país latinoamericano más afectado. Sólo en la costera provincia de Guayas, que es la más poblada del Ecuador y el centro comercial e industrial del país, se han registrado hasta el momento más de 850 casos confirmados.

Las autoridades ecuatorianas han advertido que, si no se contiene el contagio de coronavirus, el sistema de salud podría colapsar de igual o peor forma que el de otros países como Italia. Al igual que en la mayoría de los países, la emergencia sanitaria ha puesto en evidencia la grave situación del sistema de salud ecuatoriano. Durante los últimos 10 años se han reducido el número de camas disponibles dentro del sistema sanitario, que los especialistas y los propios trabajadores y trabajadoras de la salud reconocen que son totalmente insuficientes para hacer frente a la emergencia actual. Según el propio gobierno, sólo hay 1000 camas de cuidados intensivos en todo el país con el equipamiento necesario.

La situación del Ecuador es crítica. Sin embargo, las medidas y acciones del gobierno de Lenin Moreno no sólo son lentas para contener la expansión de la pandemia, sino que terminó derivando en una crisis dentro del propio gobierno con la renuncia de la ministra de Salud Pública, Catalina Andramuño, denunciando la falta de respuestas y recursos para enfrentar la crisis sanitaria producto del virus covid-19. En su carta de renuncia, hecha pública este sábado 21 de marzo, plantea que “hasta el momento no se ha recibido ninguna asignación presupuestaria por parte de la autoridad competente, para el manejo de la emergencia”.

Plata para el pago de la deuda y no para la salud de las y los ecuatorianos

Durante esta semana, Ecuador debía afrontar el pago de 540 millones de dólares correspondiente a los bonos 2020, 2022, 2025 y 2030 (340 millones de esa deuda corresponden al bono 2020 emitidos por el gobierno de Rafael Correa). Este lunes, el ministro de Economía de Ecuador, Richard Martínez, anunció la moratoria por 30 días de 200 millones de dólares de intereses de deuda a cambio de un mayor endeudamiento con el FMI. El argumento que sostuvo el ministro es que tuvieron que pagar una parte de los vencimientos para así obtener líneas de crédito adicionales por 2000 millones de dólares, ocultando que ha sido el propio gobierno el que ha venido impulsando este mecanismo de extorsión firmando acuerdos y garantías adicionales totalmente ruinosas para el país.

En octubre del año pasado, bajo las exigencias del FMI, el gobierno de Lenin Moreno pretendió eliminar por decreto los subsidios a los combustibles, en el marco de una serie de tarifazos en los servicios públicos y el anuncio de reformas laborales y previsionales, que terminó desencadenando una extraordinaria rebelión popular, paralizando Quito y otras ciudades durante 10 días. El levantamiento terminó con la derogación del decreto de aumento al combustible. Pero la orientación fondomonetarista del gobierno se mantuvo, profundizando su política represiva y de persecución contra dirigentes del movimiento indígena de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) que encabezó la rebelión.

Frente a la crisis actual, agravada por el coronavirus y la caída del precio del petróleo que es el principal producto de exportación de Ecuador, el gobierno de Lenin Moreno anunció recortes presupuestarios, reducción salarial a trabajadoras y trabajadores estatales y otras medidas de ajuste para conseguir mayor liquidez para afrontar el pago de la deuda y, de esa forma, poder negociar un nuevo endeudamiento con el FMI por 2000 millones de dólares.

La Conaie ha instado al gobierno a que suspenda el pago de la deuda externa para que destine esos recursos al sistema de salud para enfrentar la crisis sanitaria por el Covid-19. Este también ha sido el pedido, este domingo pasado, de todas las bancadas en el Parlamento ecuatoriano. Plantearon suspender temporalmente el pago de la deuda mientras dure la emergencia, supuestamente para volcar esos fondos al combate del coronavirus. Lo firman desde el partido del presidente Lenin Moreno (Alianza País) hasta el partido del ex presidente Rafael Correa (Revolución Ciudadana), pasando por la derecha (Creo y socialcristianos).

La declaración es la confesión de que la deuda se ha vuelto impagable. Esa deuda fue contraída por los gobiernos derechistas y el de Rafael Correa, que añadió un fuerte endeudamiento con China que ponía al petróleo como garantía de repago. Lenin Moreno continuó con el endeudamiento. No estamos ahora ante un planteo antiimperialista por parte de todos estos pagadores seriales. Lo que ocurre es que el coronavirus ha venido a acentuar la bancarrota económica y fuerza al arco político a buscar algún tipo de renegociación. 

El planteo del Parlamento es suspender para luego de la emergencia renegociar, mostrando así su voluntad de resarcir a los especuladores.

La situación de Ecuador, al igual que la de otros países de la región, expone con mayor claridad frente a la crisis actual que es necesario romper con el FMI y desconocer la deuda externa para poder destinar todos los recursos a reforzar el sistema de salud, empezando por las condiciones de las y los trabajadores de salud, y mejorar las condiciones materiales del conjunto de la clase obrera.