En los últimos días, la crisis desatada por la pandemia del coronavirus ha dado un nuevo salto en Ecuador con cadáveres que son dejados en contenedores y en las calles de Guayaquil frente al colapso no sólo del sistema de salud por falta de presupuesto e insumos, sino también de las funerarias, que en muchos casos se niegan a retirar los cuerpos por miedo a mayores contagios por escasez de elementos de protección. Mientras los reclamos sociales de ayuda hacia el Estado se siguen extendiendo en las redes sociales y en las calles pese a la cuarentena obligatoria y el toque de queda impuestos hace un par de semanas.

Hasta este jueves, Ecuador alcanzaba un total de 120 muertes por coronavirus y más de 3100 infectados, siendo el país latinoamericano más afectado en proporción a su población. La provincia de Guayas y su capital, Guayaquil, suman más víctimas fatales que otros países enteros de la región.

A causa del desborde del sistema de salud, el toque de queda y las restricciones de movilidad, muchas personas mueren en sus casas, teniendo luego que esperar el certificado de defunción y el retiro por parte de la funeraria. Las familias denuncian que hay demoras de 3 o 4 días para que pasen a retirar los cuerpos de las personas fallecidas. A raíz de ello, las y los guayaquileños comenzaron a publicar y viralizar videos de cuerpos abandonados en las calles y mensajes de familiares reclamando poder enterrar a sus muertos.

Los problemas, como siempre, se agravan cuando entra en juego la variable de clase. Las demoras y la acumulación de cuerpos se dan sobre todo en los barrios populares donde las condiciones de las viviendas y la falta de señalización y urbanización por parte del Estado hace que en muchas ocasiones no se puedan encontrar las direcciones que indican las personas que llaman para alertar sobre la presencia de cuerpos en las barriadas de Guayaquil.

Sólo en la última semana se han recogido unos 310 cadáveres, según informó Jorge Wated a cargo del operativo militar dispuesto por el gobierno (Clarín, 1/4), aunque en la mayoría de los casos no se puede saber la causa de las muertes porque, producto del colapso del sistema sanitario y la falta de políticas del gobierno, no se están realizando autopsias ni pruebas de Covid-19.

La crisis por la expansión exponencial del coronavirus en Ecuador ha desatado una serie de cuestionamientos políticos muy fuertes al gobierno de Lenin Moreno por el (des)manejo de la situación. Frente a la tragedia que se vive en la ciudad de Guayaquil, el vicepresidente de Ecuador, Otto Sonnenholzner, afirmó que los muertos por coronavirus iban a ser enterrados en fosas comunes. Tras el extendido repudio que generaron sus palabras, el presidente Lenin Moreno tuvo que dar marcha atrás y salir a decir que habría “entierros dignos”.

Sin embargo, la respuesta del gobierno no viene redundando ni en entierros ni mucho menos en vidas dignas con mayor presupuesto para el mejoramiento del sistema de salud y de las condiciones de vida de los sectores populares, sino en la salida a la que han recurrido otros gobiernos de la región: la militarización del territorio con la conformación de una fuerza especial conjunta entre policías y militares. En el marco de la cuarentena obligatoria y el toque de queda entre las 14 y las 5 de la mañana, el gobierno volvió a poner a los militares en las calles, como lo hizo frente a la rebelión popular de octubre del año pasado. Al igual que entonces, las organizaciones sociales denuncian golpizas y abusos por parte de las fuerzas represivas, especialmente en los barrios populares (Página12, 1/4) como también se ha visto a través de videos que se viralizan por las redes en Argentina. La militarización no cumple ninguna función sanitaria, sino de control y disciplinamiento social para tratar de contener posibles estallidos frente a la crisis que se agrava con el coronavirus.

Bancarrota económica

La pandemia vino a profundizar la bancarrota económica que afecta especialmente con fuerza a las y los trabajadores informales y quienes se encuentran desocupados, que suman cerca del 60% de la población económicamente activa del Ecuador. El gobierno dispuso un bono de emergencia de 60 dólares que sólo lo recibirán 400 mil personas que se encuentran por debajo de la línea de indigencia y que no tienen ningún otro ingreso, a cobrarse por única vez durante los primeros días de abril y en mayo. Esta medida no sólo resulta totalmente limitada e insuficiente para paliar el hambre, sino que mientras el gobierno de Lenin Moreno establece esta ayuda -que significa en su conjunto unos 24 millones de dólares- y deja que las patronales despidan o suspendan el pago de salarios, haciendo que la crisis la paguen las y los trabajadores, en la misma semana desembolsó 15 veces más de dólares para pagar parte de los vencimientos de la deuda como condición para volver a endeudarse por 2000 millones más con el FMI. Como planteábamos en otra nota de Prensa Obrera de la semana pasada, si bien todo el arco político desde el oficialismo a la oposición en el Parlamento pidieron suspender el pago de la deuda externa mientras dura la emergencia para destinar esos fondos a enfrentar la pandemia, al día siguiente el gobierno pagó 340 millones de dólares de deuda sin ningún reclamo por parte de esos parlamentarios, mostrando así la impostura del planteo y la intención de suspender para luego renegociar un mayor endeudamiento y sometimiento al FMI y los especuladores.

El malestar con la manera en que el gobierno enfrenta la crisis ya ha llevado a la convocatoria de los primeros cacerolazos de protesta.

La pandemia está poniendo cada vez más en discusión la necesidad de una salida para superar la barbarie y las penurias a las que son sometidas las mayorías trabajadoras y populares en el marco de la crisis del sistema capitalista global. Guayaquil está pagando muy caro con cadáveres en las calles el precio de las decisiones del gobierno de Lenin Moreno orientadas por el FMI, que privilegia el pago de la deuda por sobre la salud y la vida de las ecuatorianas y ecuatorianos. En este contexto, toma absoluta vigencia la disyuntiva planteada por Rosa Luxemburgo de socialismo o barbarie!