Ecuador: la rebelión popular derroca a Lucio Gutiérrez


Al cierre de esta edición de Prensa Obrera, las masas ecuatorianas celebraban en las calles la caída del presidente Lucio Gutiérrez, destituido por el Congreso, después de una semana de crecientes movilizaciones populares. Al final “perdió la confianza” del alto mando militar.


 


La crisis política que llevó a las manifestaciones que terminaron derrocando a Gutiérrez comenzó el 8 de diciembre, cuando los diputados oficialistas destituyeron a la Corte Suprema, dominada por la oposición, para reemplazarla por una adicta al gobierno. A su frente fue puesto un miembro del partido de Abdala Bucaram (roldosista), que inmediatamente dejó sin efecto los juicios contra su jefe, el ex presidente Noboa y el ex vicepresidente Dahik, todos ellos derrocados por levantamientos populares. Así, pudieron regresar a Ecuador, libres de culpa y cargo, para presentarse como candidatos en las próximas elecciones presidenciales. El “precio” del “salvataje” fue el apoyo de los desprocesados a la “gobernabilidad”.


 


En la noche del miércoles pasado comenzaron las manifestaciones en las calles de Quito y, progresivamente, se extendieron a otras ciudades.


 


En Quito, los cacerolazos fueron convocados por “la Asamblea de Quito, una instancia presidida por el alcalde de la ciudad, general (R) Paco Moncayo, allegado a Izquierda Democrática, que agrupa a organizaciones muy diversas, desde cámaras empresariales y ONGs, hasta organizaciones barriales y de pequeños comerciantes. En ella participa el Movimiento Pachakutik (el partido ligado a la Conaie, la central indígena)” (Alai-Amlatina, 13/4). En Machala las movilizaciones fueron convocadas por “la Asamblea Ciudadana, que reúne a radiodifusores, representantes de las universidades, de los colegios profesionales, de los gremios empresariales y de comerciantes y a las autoridades de la ciudad” (El Comercio, 15/4).


 


En Guayaquil, fueron convocadas directamente por el intendente Nebot, de la derecha, con el respaldo de las cámaras empresariales (ídem).


 


La composición social de los cacerolazos era diversa. El Comercio (15/4), en una elogiosa editorial, daba cuenta de que los manifestantes “sienten en el ‘mensajeo’ de los celulares la vibración del patriotismo”. Con una dosis de ironía, un informe de las “Brigadas de acompañamiento de la APDH del Ecuador” cita a un manifestante: “Hay tanta guambra (mujer joven) linda que parecemos una marcha ‘contrera’ de Caracas” (Alai-Amlatina, 13/4).


 


El programa —la “agenda de Quito”— no expresaba las reivindicaciones populares. Aunque “las organizaciones populares han pedido que se incluya en la agenda los temas que preocupan a la mayoría (como el desempleo y la quiebra familiar) (…) las cámaras empresariales, los líderes de las ONGs como Participación Ciudadana y representantes de la derecha han dicho que el único tema en discusión es el de la Corte Suprema” (Altercom, 11/4). Un activo impulsor de este programa es el Partido Social Cristiano, es decir, la Iglesia.


 


Sin embargo, las consignas de los “cacerolazos” —“Que se vayan todos”, la principal de todas ellas— rebasaban en mucho la estrecha “agenda de Quito”. “Notamos que una constante era la superación social de la agenda política de la Asamblea de Quito en estos bolsones de protesta, pues la gran mayoría de los manifestantes persistía en comentarnos y en gritar públicamente que la movilización no terminaría hoy ni se detendría en el tema de la Corte (…) Hay una esperanza marcada en lo que pase en otras ciudades y provincias y, sobre todo, en lo que puedan ir generando la Conaie y los movimientos campesinos y sociales” (Brigadas…). Poco a poco, los sectores populares con mayor tradición de lucha se fueron incorporando a la movilización.


 


Fracasa el arreglo


 


En la noche del sábado, Gutiérrez dictó el estado de sitio en Quito y, al mismo tiempo, decretó la disolución de la cuestionada Corte Suprema. La oposición protestó que el presidente no tenía poderes constitucionales para cesar a la Corte pero aceptó el principio de acuerdo que le ofrecía Gutiérrez. Al día siguiente, por unanimidad, el Congreso revocó a los jueces del 8 de diciembre. La medida fue aprobada después de que diputados oficialistas y opositores acordaran que la destitución de los jueces no significaba la anulación de sus fallos. En otras palabras, la oposición convalidaba la impunidad de Bucaram y los otros “perdonados”.


 


Noriega, el ultraderechista subsecretario de Estado de Bush, declaraba que Estados Unidos apoyaba a Gutiérrez (La Nación, 20/4).


 


Pero pese a los llamados a la “calma” de la oposición burguesa, las manifestaciones populares no amainaron; todo lo contrario. “El reclamo desbordó el inicial pedido de la instauración de un sistema judicial independiente y apunta ahora a la salida del mandatario” (Reuters, 19/4).


 


El intento de Gutiérrez de mantenerse a fuerza de represión fracasó porque Ecuador tiene el recuerdo del levantamiento de octubre de 2003 en Bolivia. La oficialidad militar se encuentra extremadamente dividida. Bucaram huyó del país; Gutierrez no pudo.