Tras más de diez días de paros, movilizaciones, piquetes y ocupaciones de empresas, la rebelión popular ecuatoriana logró la derogación del decreto que había llevado a un enorme aumento en la gasolina y en el diésel. Se lo ha señalado como el levantamiento más importante desde la caída de Jamil Mahuad, en 2000.

El levantamiento contó con un rol protagónico de los indígenas (25% de la población ecuatoriana), que arribaron a Quito desde todos los rincones del país, armando cortes y barricadas con enfrentamientos persistentes contra la represión gubernamental. Se instalaron en las universidades y la Casa de la Cultura, en cuya ágora instalaron una asamblea popular. También hubo en el curso de la rebelión un paro de transportistas, un paro general el 8, convocado por el Frente Unitario de Trabajadores (FUT, que nuclea a las centrales sindicales), y se unieron a la lucha los estudiantes universitarios con sus propias reivindicaciones. Distintas crónicas permiten ver que el reclamo contra el paquete de ajuste de Lenín Moreno despertó la simpatía de la clase media quiteña. En el pico más álgido de las protestas, el gobierno debió trasladarse a Guayaquil.

La represión, que incluyó el estado de excepción, el toque de queda en Quito y el despliegue de las Fuerzas Armadas, dejó ocho muertos, más de mil heridos y casi 1.200 detenidos, según la Defensoría del Pueblo.

La mesa de diálogo

La derogación del decreto se conoció tras la primera sesión de una mesa de diálogo entre el gobierno y las organizaciones en lucha, que cuenta con el patrocinio de Naciones Unidas y de la Iglesia católica. Allí, Lenín Moreno y su gobierno defendieron el decreto con el argumento de que buena parte de los subsidios recaen en contrabandistas. Pero se encontró con una cerrada negativa de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), motor de la rebelión, cuyo presidente, Jaime Vargas, aseguró que "no vinimos a conformar comisiones. El pedido es derogar el decreto 883". Y reclamó también la renuncia de dos ministros involucrados en la represión. Tras un cuarto intermedio de varias horas, el representante de la ONU informó que el gobierno daba marcha atrás con el decreto y el establecimiento de una comisión “que elaborará el nuevo decreto, integrada por las organizaciones del movimiento indígena, participantes en este diálogo y el gobierno nacional” (El Comercio, 13/10), así como el fin de las movilizaciones.

Es importante tener presente que el gobierno no ha renunciado a sus pretensiones de ajuste. Bajo la presión de la insurrección, reemplazó el decreto por un planteo de “focalización” de subsidios, que podría mantenerlos para algunos sectores agrícolas y campesinos, pero no salvaría al grueso de la población de un próximo naftazo. Algo de esto anticipó el ministro de Finanzas, Richard Martínez, en la mesa de diálogo, cuando dijo que “no puedo aceptar un subsidio de la gasolina extra para quienes conducen en la ciudad”. Los sectores obreros podrían recibir, como compensación ante la quita en los subsidios, un bono mensual de 20 dólares (ídem, 15/10).

Aun así, en función del acuerdo con el FMI (que junto a otros organismos prestó 10 mil millones de dólares al país), el gobierno discute otras medidas de ajuste adicionales para que el déficit no supere este año la meta de 2 mil millones de dólares. Se baraja la posibilidad de un aumento del IVA y de privatizaciones para hacer caja.

A la par del diálogo con las organizaciones indígenas, habrá una negociación con el Frente Unitario de Trabajadores, que incluye la reforma laboral. El FUT reclama el retiro de esa propuesta, que incluye el recorte de vacaciones para empleados públicos y la consagración de los contratos temporales, entre otros ítems. Probablemente, el gobierno proponga ahora limar sus aspectos más brutales.

La Conaie

El proceso que condujo a la mesa de diálogo estuvo marcado por tensiones al interior de la Conaie y las organizaciones en lucha. El jueves pasado se produjo una jornada caliente en la Casa de la Cultura, día en que fue velado uno de los manifestantes caídos. La Conaie había retenido en el lugar a un grupo de militares. Jaime Vargas, secretario general de dicha organización, hizo encendidas intervenciones en que llamó al Ejército a plegarse al pueblo y planteó que “en el Ecuador tenemos un gobierno asesino hacia su pueblo ¡carajo! Que se ha entregado en alma y sangre al Fondo Monetario Internacional (…) esto no se va a quedar así. Mandaremos a la cárcel a este señor asesino Lenín Moreno” (Plan V, 13/10). Y declaró como “personas no gratas” a los referentes de la derecha (socialcristianos y liberales de Creo) que atacaron la rebelión y defendieron el estado de sitio.

Alarmado por estos planteos, un sector más conciliador habría emprendido el pedido de negociación ante la ONU. Lourdes Tibán (ex diputada de Pachakutik, brazo político de la Conaie) asegura en un reportaje radial que intentó convencer personalmente a Vargas y Leónidas Iza (referente indígena de Cotopaxi) de esta necesidad. “Tenemos que buscar el camino para dialogar porque esto va a terminar mal. Esto tenía que terminar con el éxito de derogar el decreto, no más, no hemos salido a tumbar un gobierno'" (El Universo, 15/10). El viernes 11, la Conaie publica un tuit desautorizando en duros términos estas negociaciones y asegurando que “la única vocería oficial es la de Jaime Vargas”, así como exigiendo la anulación previa del decreto como condición de toda negociación.

Finalmente, Vargas terminó accediendo a abrir un canal de comunicación con el gobierno.

Según el análisis del portal "Plan V", “lo que ocurrió en el Ágora de la Casa de la Cultura fue el desplazamiento político de una dirigencia moderada por parte de una dirigencia radical, más joven y dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias” (ídem). Vargas asumió la presidencia de la Conaie en 2017. “El liderazgo de la principal organización indígena del país volvió a la Amazonía. Antes estuvo liderada por indígenas de la Sierra” (ídem). Algunos meses antes de la asunción de Vargas, algunos referentes de la Conaie -entre ellos la mencionada Lourdes Tibán- apoyaron políticamente al banquero Guillermo Lasso en el balotaje ecuatoriano en nombre de derrotar la “dictadura” de Rafael Correa.

Tanto Vargas como Iza, los dos referentes actualmente más destacados del movimiento, se muestran partidarios de un presidente indígena para las elecciones de 2021. En el caso de Iza, se referencia con Evo Morales y plantea “políticas de beneficio para pequeños y medianos productores, políticas que fortalezcan el modelo de gestión comunitario, el transporte público, que los que más tienen, paguen más impuestos, entre otros temas” (Aire Digital, 14/10).

Sin embargo, el límite del indigenismo de Evo Morales queda de manifiesto en una gestión que mantuvo la primarización económica del país y respetó los intereses del gran capital.

La Conaie ha sido muy enfática -incluso por medio de comunicados oficiales- durante el levantamiento por deslindarse del movimiento del ex mandatario Rafael Correa -que tiene alguna influencia en el movimiento indígena-, acusándolo de desestabilizador y de protagonizar incidentes, planteando en cambio que el reclamo indígena se circunscribía al retiro del paquete de ajuste. La Conaie apoyó políticamente a Correa en sus comienzos y durante la Constituyente de 2008 (que declaró al país como estado plurinacional), pero rompió luego con él y sufrió una durísima represión por parte de su gobierno.

Correa intentó medrar del levantamiento para pavimentar su regreso al poder, planteando nuevas elecciones. Ahora, Lenín Moreno, que denunció un intento de golpe de Correa y Nicolás Maduro (presidente de Venezuela) durante las protestas, va por la revancha (con el aval de la derecha): fue detenida una gobernadora ligada al movimiento Revolución Ciudadana, acusada de rebelión, y otros integrantes de este partido pidieron asilo en México.

Desafíos

La insurrección ecuatoriana ha puesto de relieve el carácter incendiario de las políticas del FMI y la fuerza de las masas para quebrarlas. Lenín Moreno volverá a la carga con el ajuste más pronto que tarde. Esto hace necesario un congreso obrero, campesino e indígena que derrote estos planes y que discuta una salida política del país que privilegie el interés popular. Se plantea la necesidad de una Asamblea Constituyente soberana que anule los acuerdos con el FMI y tome medidas de fondo dirigidas a una reorganización política y económica integral del país sobre nuevas bases sociales, que sólo podrá ser convocada por un gobierno representativo de las masas que han sido las protagonistas del levantamiento. El gobierno criminal y fondomonetarista de Lenín Moreno se tiene que ir.