El presidente ecuatoriano Daniel Noboa dictó el 8 de enero el estado de excepción por 60 días y, horas más tarde, decretó el “conflicto armado interno” con las bandas narco, declarando como terroristas a 22 de ellas. Estas medidas, posteriores a la fuga de “Fito” Macías (líder de Los Choneros) y una serie de motines carcelarios, de ataques y atentados, implican el establecimiento de un toque de queda nocturno, el despliegue de la policía y los militares en las calles, y amplias atribuciones para las fuerzas de seguridad en materia de detenciones y allanamientos.

En la primera semana de iniciada esta “guerra” contra los narcos, las Fuerzas Armadas y la Policía detuvieron a más de 1.500 personas (y 4 mil en el primer mes). El gobierno se jacta de haber recuperado el control de los centros penitenciarios y difundió, a lo Bukele, imágenes de detenidos reducidos y semidesnudos. De todos modos, el crimen este miércoles 17 del fiscal César Suárez, quien tenía a su cargo la investigación del asalto al canal TC Televisión, muestra que estos grupos conservan poder de fuego.

La ruta de la droga

Con las medidas adoptadas por Noboa, se pone el zorro a cuidar el gallinero, ya que es harto conocido que las fuerzas de seguridad son un eslabón decisivo en la protección de las bandas delictivas, quienes gozan también de contactos en el poder político, el servicio penitenciario y la justicia, a cambio de dinero y otras prebendas. Parte de esta trama se ha ventilado ahora en el llamado caso “Metástasis”.

Un informe del sitio Insight Crime titulado “Ecuador: autopista de la cocaína hacia Estados Unidos y Europa” (30/10/19), discutible en cuanto presenta a Estados Unidos como una suerte de cruzado en la batalla contra el narcotráfico, arroja sin embargo conclusiones reveladoras sobre el papel de las fuerzas de seguridad: “los policías y militares no solo pasan cargamentos de drogas a través de sus controles, sino que incluso ha habido casos en los que han proporcionado seguridad para los cargamentos y sus traficantes, han transportado cocaína en sus vehículos oficiales, e incluso se cree que han llevado a cabo asesinatos, según fuentes de inteligencia”.

El proceso que transformó a Ecuador en un engranaje del abastecimiento de narcóticos a los Estados Unidos y Europa recibió un gran impulso con la dolarización de la economía, en el 2000, que con tanto ahínco defiende el presidente argentino Javier Milei. El informe ya mencionado señala que la adopción de esa divisa “convirtió a Ecuador en el sueño de cualquier blanqueador de dinero: un país en la frontera con el mayor productor de cocaína del mundo (Colombia) y que utiliza la moneda del mayor mercado de cocaína del mundo (Estados Unidos)”.

Ecuador cuenta, a su vez, con un privilegiado litoral sobre el Pacífico. Se estima que ya a fines de 2022, un tercio de la cocaína colombiana tenía como destino sus costas. Desde allí, las bandas criminales recurren a lanchas, barcos, o aviones que parten de pistas clandestinas o privadas, para transportarla hasta países centroamericanos o a México, penúltima escala hacia los Estados Unidos. Los grupos delictivos ecuatorianos principales son dos: Los Choneros, ligado al cartel de Sinaloa, y Los Lobos, vinculado al cartel Jalisco Nueva Generación.

En el caso de Europa, los envíos se hacen desde los puertos, disimulando la droga en otros cargamentos, por ejemplo en las exportaciones de banano. El puerto de Amberes, en Bélgica, se ha transformado en la principal vía de ingreso de la cocaína latinoamericana en el viejo continente (Clarín, 17/1). En 2023, las autoridades belgas decomisaron 116 kilos, lo que sería apenas una porción de todo lo que ingresa anualmente.

Este vasto entramado es inconcebible sin el involucramiento de autoridades gubernamentales, fuerzas de seguridad, jueces y fiscales de una gran cantidad de países.

La “guerra” contra el narco de Noboa  atestará las cárceles de Ecuador de jóvenes empobrecidos que caen en las garras de las bandas criminales, y avasallará las libertades democráticas, pero no va a tocar a los máximos responsables del negocio. Por lo demás, la experiencia de México, con decenas de miles de muertos, es aleccionadora: la militarización no es la respuesta.

A su vez, la crisis de seguridad será usada como coartada para avanzar en todo tipo de políticas antipopulares. Con la excusa de financiar la lucha contra las bandas delictivas, Noboa ya envió un proyecto al parlamento para elevar el IVA del 12 al 15%.

¿”Unidad nacional”?

En estas condiciones, el llamado del expresidente Rafael Correa a la “unidad nacional” no podría ser más nocivo. Todo el arco político ecuatoriano ha cerrado filas detrás del estado de excepción. El correísmo, Pachakutik y la Conaie cuestionan medidas como el aumento del IVA, pero no señalan las funestas consecuencias que tendrán las políticas de seguridad dispuestas por Noboa.

El aval de la Conaie, cuyo dirigente Leónidas Iza también se hizo eco del planteo de una “unidad nacional”, es particularmente desafortunado, ya que la militarización dispuesta por el gobierno terminará afectando a los luchadores populares, en un país que viene de una serie de alzamientos de enorme importancia (2019, 2022). Hemos pasado de un cuadro marcado por la movilización obrera e indígena, a uno de militarización e incremento del poder de las bandas delictivas.

El enfrentamiento del narcotráfico debe partir de una denuncia implacable de las responsabilidades del Estado capitalista; el reclamo del desmantelamiento del aparato represivo y su reemplazo por una fuerza de seguridad bajo control de trabajadores; la nacionalización de los puertos por los que entra y sale la droga, de los bancos y de aquellas actividades en que los narcos lavan el dinero (vale señalar que Noboa, hasta hace pocas semanas, promovía la rehabilitación de los casinos, otro sueño de los blanqueadores de dinero); y la organización de la clase trabajadora.

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