Las condenas judiciales por cifras multimillonarias que afectaron a grandes monopolios farmacéuticos volvieron a colocar en el tapete a la llamada  “crisis de los opioides” que sufren los Estados Unidos.

A fines de agosto, un juez de Oklahoma condenó al pulpo Johnson & Johnson “a pagar 572 millones de dólares por su responsabilidad en la crisis de las opioides mediante la comercialización agresiva de analgésicos”  (El País, 28/9).

En simultáneo, otra  gigantesca empresa llamada Purdue Pharma llegaba a un compromiso para pagar hasta 12 mil millones de dólares, con relación a las demandas de 23 estados. Así y todo, ni siquiera se resuelve de ese modo el conjunto del embrollo legal, pues otros distritos eligieron continuar el litigio. En un ejemplo de clásico cinismo, los Estados que también deberían ser juzgados como corresponsables del desastre ocasionado por las farmacéuticas anunciaron que los millonarios montos obtenidos por los fallos judiciales se destinarán para “programas de prevención y de tratamiento de los afectados” (El País, 11/9).

La crisis con estas drogas comenzó a fines de los años ‘90, por la introducción masiva de analgésicos que incluían derivados del opio. Los televidentes pudimos observar su uso en Dr. House, cuyo protagonista consumía “Vicodin” para paliar un dolor crónico. Según el relato del sitio estatal sobre “abuso de drogas”, sucedió que “las compañías farmacéuticas tranquilizaron a la comunidad médica y volvieron a asegurar que los analgésicos opioides recetados no crearían adicción en los pacientes. Los profesionales médicos, entonces, comenzaron a recetarlos más” (“La crisis de opioides”, drugabuse.gov). Los resultados fueron catastróficos: “cada día, más de 90 estadounidenses mueren por sobredosis de opioides”, solo en el 2015 fueron más de 33 mil (ídem), y se calcula que desde que se inició la crisis los decesos por esta causa superan los 400.000.

El caso es ilustrativo respecto del carácter contradictorio que asume el desarrollo de la medicina en esta fase declinante del capitalismo. Aquello que debería presentarse como un progreso social, la producción de compuestos que ayuden a manejar el dolor, concluye como su contrario: un factor de muerte y crisis sanitaria. Los motivos para este desastre no son técnicos, pues se desencadenan bajo el peso de las relaciones sociales vigentes. Es decir, el lucro capitalista como factor principal de organización social es el motor que induce a envenenar a la población con drogas sin advertir las consecuencias potenciales. 

Por eso, la “solución” que encuentra el Estado no resuelve ningún problema de fondo. Los recursos obtenidos por las condenas a los pulpos, incluso cuando realmente se destinaran a “programas de prevención” y cosas por el estilo, ¿evitarían una nueva crisis? Es evidente que no, pues se trata de una presentación del problema que restringe la responsabilidad a compañías con “malas prácticas”, que “no advirtieron”. Pero el enfoque realista aprecia que es el funcionamiento “normal” de la industria farmacéutica. Ocurre que los pulpos dirigen las investigaciones guiados por cálculos de beneficio empresarial y no de necesidades sociales. El Estado, lejos de ser víctima de esta situación, es cómplice y gestor, mediante leyes, normas habilitantes expedidas por la autoridad sanitaria, etc. Una vez que el desastre está consumado, la gestión de turno reclamará “resarcimiento”. Sin embargo, el Estado también debería estar en el banquillo de los acusados. Además, la venta de medicamentos implica un aceitado mecanismo, según el cual los laboratorios no solo producen, sino que también direccionan su recomendación adornando sociedades médicas, financiando congresos, viajes y un sinnúmero de etcéteras a los profesionales implicados y hasta utilizando sofisticados mecanismos de control (como la trazabilidad de las recetas, para chequear si determinado médico efectivamente indicó la marca “acordada”).

La brutal crisis de la salud norteamericana, tema de debate público en forma recurrente, es consecuencia directa de su gestión en términos capitalistas. Está planteada, por lo tanto, una reorganización integral. La producción de medicamentos en manos de laboratorios privados es incompatible con las necesidades generales de salud; sin la presión del lucro podríamos evitar crisis de este tipo. Lo mismo vale para las patentes, cuyo único fundamento reside en proteger la propiedad privada del beneficio empresarial, y operan como un torniquete para la libre investigación científica. El ovillo está enmadejado pero la única forma de liberarlo es mediante una acción histórica de la única clase que podría actuar sin esos condicionamientos: la clase obrera.