El golpe de Estado impuesto en Egipto el pasado 3 de julio ha dado lugar a un régimen de emergencia, el cual debe operar en medio de una enorme iniciativa popular.

La BBC británica calificó a la movilización del 30 de junio contra el gobierno de Mursi como la mayor de la historia de la humanidad. Una verdadera marea humana se adueñó de las calles de la capital egipcia y el fenómeno se reprodujo en todas las ciudades del país. El golpe se precipitó para abortar ese proceso. El ejército es la cabeza de una coalición de fuerzas heterogénea, que incluye a las organizaciones que motorizaron y encabezaron la rebelión popular.

Entre ellas, se encuentra Tammarrud (rebelión), que congregó a decenas de miles de jóvenes y organizó el petitorio contra Mursi, el cual reunió 22 millones de firmas y se convirtió en un plebiscito que ayudó a sellar la suerte del gobierno. Asimismo, se agrupó un arco de fuerzas extenso y contradictorio. Entre ellos, se encuentran sectores de la oposición burguesa laica, como el Frente de Salvación Nacional (integrado por liberales como el prooccidental El Baradei y nacionalistas nasseristas, o sectores ultraislamistas como Al-Nour) que salió segundo en las elecciones que consagraron presidente a Mursi y luego tomaron distancia del gobierno. Precisamente, uno de los datos de la rebelión popular fue el giro operado en las masas musulmanas, la base principal de apoyo de Mursi, que fueron restando apoyo al presidente para converger con las masas laicas.

El desarrollo acelerado de la revuelta popular forzó a los militares a una salida de apuro. La misma cúpula de las fuerzas armadas que Mursi nombró, luego de descabezar a las camarillas comprometidas con el viejo régimen de Mubarak, es la que terminó soltándole la mano. La salida que han improvisado apunta a encauzar una rebelión que había sobrepasado la capacidad de contención del gobierno islámico.

"Los militares y los partidos burgueses y pequeñoburgueses, en una serie de negociaciones frenéticas, acordaron la destitución de Mursi y la formación de una nueva junta, encabezada por una coalición de figuras burguesas. Se trató de un golpe preventivo contra la emergencia de un movimiento revolucionario de la clase obrera" (Socialist Web Site, 5/7).

Primeras grietas

La heterogeneidad de la coalición gobernante afloró de entrada, al momento de tener que designar el gabinete y, en primer lugar, el primer ministro. "El nuevo presidente interino, el juez Adli Mansour, tanteó al líder opositor y premio Nobel de la Paz Mohamed el Baradei como posible primer ministro de un Ejecutivo de transición. La oposición inmediata del partido salafista Nour, que apoyó el golpe de Estado contra los Hermanos Musulmanes, le hizo reconsiderar esa opción" (El País, 5/7).

Pero, finalmente, El Baradei fue confirmado en el cargo de vicepresidente, con el apoyo del Frente de Salvación Nacional y el movimiento juvenil Tamarrud. Acompañará al nuevo primer ministro el economista Hazem al Beblaui, que fuera titular de Finanzas durante algunos meses de 2011, en el régimen interino que siguió al derrocamiento de Hosni Mubarak.

Estos nombramientos fueron acompañados por la deserción de los salafistas del gobierno, en momentos en que recrudece la escalada represiva de los militares contra los Hermanos Musulmanes, con un tendal de muertos y heridos. El golpe ha debutado con una fractura antes de comenzar a gobernar.

Frentes de tormenta

Se ha abierto una gran disputa entre los promotores del golpe para definir su orientación. En esta disputa, están interviniendo las potencias occidentales y, en particular, Estados Unidos. Hasta ahora, el gobierno norteamericano se abstuvo de calificar la destitución de Mursi como golpe de Estado, lo que obligaría a cesar la asistencia económica y financiera a Egipto. La ayuda militar yanqui cubre el 80 por ciento de las compras anuales de equipamiento del ejército egipcio y Obama se está valiendo de ese hecho para condicionar al nuevo gobierno. "No haber mencionado las palabras golpe de Estado da tiempo a los gobiernos de Estados Unidos y Egipto para mantener una serie de conversaciones sobre las intenciones del ejército, la hoja de ruta y el calendario" (La Nación, 8/7).

Está pendiente el cierre de un acuerdo con el FMI, que quedó inconcluso bajo el mandato del gobierno de los Hermanos Musulmanes. Pero la condición para que las negociaciones se destraben es avanzar en la supresión del subsidio a los combustibles y a los productos de primera necesidad, empezando por los alimentos. Egipto importa gran parte de ellos. El paquete del FMI incluye, también, un recorte de los gastos sociales y una austeridad extrema. Este paquetazo entra en choque con la agenda popular y las aspiraciones más elementales de las masas, agobiadas por la carestía, la desocupación y la desorganización económica. Meses atrás, Mursi tuvo que dar marcha atrás cuando intentó suprimir los subsidios.

El golpe también deberá lidiar con el movimiento islámico. Los Hermanos Musulmanes siguen siendo la fuerza política más organizada y extendida a lo largo del territorio. Como lo señaló el diario francés Le Monde, si "la transición era difícil con la Hermandad Musulmana en el gobierno, es imposible sin ella" (29/6) La apuesta de la flamante coalición gobernante es llegar a un compromiso. En el mismo sentido presiona Occidente, sabiendo que la gobernabilidad de Egipto es estratégica para las principales potencias. Todas las fracciones del Congreso norteamericano pidieron "tener en mente los intereses vitales de seguridad nacional". Entre otras cuestiones, está en juego el estratégico Canal de Suez.

Pero, a medida que pasan los días, la perspectiva de un compromiso aparece cada vez más lejana y se instala la amenaza de una guerra civil. Un escenario de estas características representaría un golpe a la unidad que se viene gestando entre las masas laicas y musulmanas, así como un retroceso en el proceso revolucionario que se ha reabierto en el país.

Independencia política

La presencia de las organizaciones populares que participaron de la rebelión en el nuevo gobierno es alentada por los militares. Su cooptación está al servicio de sacar a las masas de la calle y proceder a la reconstrucción del Estado capitalista, jaqueado por la iniciativa popular. El nuevo régimen egipcio asoma como un frente popular, al menos en grado de tentativa. En este cuadro, se plantea -más que nunca- la lucha por la autonomía de las organizaciones obreras y de aquellas comprometidas con la lucha y los reclamos populares. Al colaboracionismo con el régimen es necesario oponerle una orientación y un programa independiente de los trabajadores frente a la crisis: por la unidad de las masas laicas y musulmanas; por la convocatoria de una asamblea constituyente libre y soberana, que desmantele por completo las bases económicas, sociales y políticas del viejo régimen de Mubarak -las que se mantuvieron intactas bajo Mursi-; que dé satisfacción a todos los reclamos populares y se proceda a una reorganización integral del país sobre nuevas bases sociales.