Un año después de las elecciones que llevaron al gobierno egipcio a la Hermandad Musulmana y al presidente Mohamed Morsi, la rebelión popular vuelve a las calles de las principales ciudades egipcias (El Cairo, Suez, Alejandría, Mahalla y Port Said, entre otras), con una fuerza tal que el ministro de Defensa, Abdel-Fattah el Sisi, advirtió que se está al borde del “colapso del Estado” (Ambito Financiero, 30/1). “Miles de manifestantes de la Plaza Tahrir se lanzaron al asalto de las fuerzas de seguridad -relata Le Monde (3/2)-, mientras sus compañeros de armas atacaban con bombas molotov el palacio presidencial”. El cuadro político de la revolución se ha trastocado por completo: “Nadie logra controlar a la juventud radicalizada de la plaza Tahrir, que proclama su objetivo de devolver al pueblo el control de la revolución inacabada. Las principales formaciones políticas no tienen eco. La gran mayoría de los movilizados no cree en el ‘diálogo nacional’, ni en las propuestas del Frente de Salvación Nacional al presidente Morsi. Nada permite asegurar hoy quién tendrá la última palabra, aunque Morsi dispone aún de un amplio apoyo popular” (ídem).

En la oposición, el Frente de Salvación Nacional (FSN) está conducido por un ex funcionario de la ONU, Mohamed el Baradei; por Amr Musa, ex canciller de Mubarak y ex secretario general de la Liga Arabe; y por Hamdin Sabahi, un nacionalista con fuertes vínculos en algunos sindicatos.

Este escenario político quiebra la caracterización de que las revoluciones árabes están confinadas a un marco político islamista. En el referendo que aprobó la Constitución, de matriz integrista, sólo votó el 32,9% del padrón, mientras que el “no” se impuso en las grandes urbes -es decir, en los centros obreros. Donde la clase obrera y los trabajadores son mayoría, el que queda en minoría es el gobierno. La Constitución refrendada es completamente reaccionaria y la inmunidad que otorga a las fuerzas armadas convierten a éstas en un Estado dentro del Estado: gozan de la prerrogativa de juzgar a civiles, mantienen en secreto el presupuesto militar y ejercen un poder de veto sobre la legislación de defensa (Financial Times, 30/1). A pesar de todo esto, sin embargo,  el intento de establecer el toque de queda en el área del Canal de Suez fracasó por completo: “La desobediencia civil en el canal de Suez -concluye el diario londinense- es una aguda ilustración de los límites del poder político de Morsi”. En forma adicional, el gobierno islámico no logra controlar tampoco a la burocracia del Estado vinculada con el régimen de Mubarak.

A dos años de la caída de Hosni Mubarak, los problemas de Egipto se agravan considerablemente. El año pasado, la administración Morsi gastó el 10% del PBI en el pago de intereses de la deuda, también ha llegado a un acuerdo con el FMI para suprimir subsidios al pan y a los combustibles, lo que constituye un golpe insoportable a las condiciones de vida de las masas. El dato crucial del asunto es que los trabajadores no están dispuestos a tolerar esa política y el polvorín egipcio vuelve a ponerse en combustión.

En el terreno económico, el FSN no propone nada distinto de lo que hace Morsi. Frente a la nueva rebelión callejera, El Baradei convocó a la “unidad nacional”, para impedir que la situación derive en otra movilización de masas incontenible como la que derrocó a Mubarak. “Necesitamos urgentemente una reunión entre el presidente, los ministros de Defensa y del Interior, el partido gobernante, la corriente salafista y el Frente de Salvación Nacional, para dar urgentes pasos a fin de detener la violencia y comenzar un diálogo serio”, pues “ni el FSN ni el gobierno quieren dar cobertura a la violencia” (EFE, 30/1). Las últimas informaciones de prensa indican, sin embargo, que el ‘diálogo’ ha fracasado y que “la oposición” estaría llamando al derrocamiento del gobierno.

Los antiguos sindicatos controlados por el Estado, por otro lado, han caído en el desprestigio y organizativamente tienden a desaparecer. Nuevos sindicatos y federaciones independientes surgen en medio de las huelgas y atraen a miles de trabajadores, aún con direcciones difusas. Por ejemplo, a fines del año pasado fue a la huelga, en Giza, la Compañía de Tabaco Oriental, propiedad del Estado. Sus 1.300 obreros reclamaron la restauración de sus incentivos a la producción, los que fueron suprimidos cuando Morsi anunció un aumento de los impuestos al tabaco. Otros 8 mil trabajadores de la Compañía Egipcia de Aluminio, también del sector público y localizada en el sur del país, consiguieron que se restablecieran sus bonos de participación en los beneficios, que les habían sido quitados. Otra huelga se produjo en el puerto de Ayn Sujna, una concesión operada por la Dubai Ports World.

Egipto enfrenta, en forma aguda, el desafío propuesto por la teoría de la revolución permanente. Nos referimos a la organización independiente del proletariado como clase para tomar el poder político, destruir realmente el viejo Estado y proceder a una reorganización de la sociedad bajo una alianza de la clase obrera y las masas empobrecidas. El combustible que acelera el ritmo de la revolución, el cual comprime en el tiempo las etapas de su desarrollo, es el derrumbe de la economía, una expresión combinada de la crisis mundial y del agotamiento de la estructura social de Egipto -que combina, a su vez, una fuerte concentración de capital con un gigantesco atraso agrario y urbano. Una revolución proletaria en Egipto cambiaría, en términos cualitativos, la marcha de la revolución en los países árabes.