El gobierno militar ha terminado de integrar su gabinete. Se hará cargo de la cartera de Finanzas Ahmed Galal, un economista de la Universidad de Boston que trabajó durante dos décadas como investigador en el Banco Mundial. Como ministro de Exteriores fue nombrado Nabil Fahmi, quien fuera embajador en Washington durante nueve años bajo el gobierno de Mubarak. Son hombres de confianza del gran capital, quienes tienen fluidos vasos comunicantes con el imperialismo. Asistimos, bajo la tutela de los militares, a una convergencia entre la oposición burguesa liberal y los viejos residuos del gobierno de Mubarak. "En Egipto, el Estado profundo levanta cabeza nuevamente" (The Wall Street Journal, 12/7). Bajo esta denominación, se engloba a la masa de ex funcionarios, burócratas, políticos, militares y empresarios que manejaron los asuntos de estado bajo el régimen depuesto en 2011. "Los militares eligieron presidente a un juez de la era Mubarak. Otro de estos jueces ha sido designado para encabezar los esfuerzos para elaborar una nueva Constitución" (ídem). Un digitado consejo de notables estaría a cargo de redactarla, para ser sometida luego a un referendum. El "consejo" de reformistas está copado por juristas y personajes ligados al viejo régimen, lo cual aumenta las sospechas de que los militares estén pensando en prolongar su permanencia en el poder. Por lo pronto, Al Sisi, jefe de la cúpula militar que asestó el golpe, mantiene la cartera de Defensa y ocupa también el puesto de viceprimer ministro. Por otra parte, se le acaban de otorgar superpoderes al nuevo presidente. Son las mismas facultades extraordinarias que se le negaron a Morsi -cuyo pedido desató una revuelta popular a finales del año pasado. El nuevo presidente tiene el poder de dictar leyes y decretar el estado de emergencia. Esta decisión ha merecido el rechazo de la oposición laica que apoya al gobierno y de las organizaciones populares. Entre ellas se encuentra Tamarrod, el grupo juvenil que organizó la campaña de firmas que se convirtió en un plebiscito masivo contra el gobierno islamista.

Primeras fracturas

Estas primeras grietas se producen cuando todavía el gobierno no comenzó a lidiar con el frente económico. Las estimaciones reales de desempleo rondan el 40 por ciento, en lugar del 13 por ciento que indican las estadísticas oficiales.

En medio de esta olla a presión, el nuevo ministro de Hacienda tendrá que negociar un préstamo de 3.650 millones de euros al FMI, el cual está condicionado a la aplicación de un plan de austeridad. La principal medida que exigen los organismos financieros es la supresión de los subsidios a los combustibles y alimentos -de los cuales una parte sustancial se importa de otros países. Ello representaría un golpe fenomenal para una población que ya se encuentra en una situación desesperante.

A esto, se agrega el abismo creciente entre el nuevo gobierno y la población musulmana. La persecución y matanza a la que fueron sometidos los seguidores de los Hermanos Musulmanes ha soliviantado a los trabajadores -incluidos sectores no religiosos-, ahondando el distanciamiento de las fracciones islámicas que, en un primer momento, apoyaron el golpe. La organización salafista -ultraislámica- de Al Nour ha desistido integrar el nuevo gabinete. Pero sin el apoyo islámico, la transición está cuestionada. El imperialismo está empeñado en forzar un compromiso.

Según ha revelado la agencia Reuters, el movimiento islamista ha propuesto la mediación de Bernardino León, el enviado especial de la Unión Europea para el sur del Mediterráneo, para abrir negociaciones con el gobierno.

Los líderes de la Hermandad estarían dispuestos a celebrar elecciones presidenciales anticipadas, la principal petición de la oposición antes de la destitución de Morsi. Pero no piensan reconocer la legitimidad de la asonada. Por su parte, los militares habrían ofrecido poner en libertad a los líderes islamistas arrestados -entre ellos, a Morsi- y archivar todas las causas judiciales en su contra recién abiertas, a cambio de poner fin a las movilizaciones. Pero la pretensión de una transición política armónica en manos del gobierno militar está jaqueada por la bancarrota económica y la crisis social galopante, las que siguen actuando como telón de fondo de la revolución egipcia.