Colombia se ha visto conmovida en las últimas semanas por las denuncias de violación contra niñas y mujeres indígenas, por parte de efectivos de las fuerzas armadas. Esto ocurre en un país donde es moneda corriente el asesinato de activistas sociales (siete fueron hallados recientemente muertos con marcas de torturas) y en que el presidente Iván Duque ha habilitado la presencia de 700 soldados norteamericanos adicionales.

Durante la madrugada del lunes 22/6, una niña indígena de 13 años, perteneciente a la etnia Embera Chamí, fue encontrada en la ruta de Pueblo Rico, perdida, luego de haber sido violada sexualmente por siete militares que patrullaban la zona. Tras las denuncias, el general Eduardo Zapateiro trató de resguardar la devaluada legitimidad social que tiene la institución, enfatizando varias veces que se trataba de “manzanas podridas” y no de un accionar sistemático. Pero, como lo categorizó la BBC (2/7), “la denuncia abrió la caja de pandora de las fuerzas armadas”.

La revista Semana publicó la investigación que llevó a cabo el periodista Ariel Ávila (quien fue amenazado y censurado durante enero, cuando reveló una causa de contrabando de armas que involucra al ejército y grupos paramilitares), donde se denuncia que el Batallón Joaquín París, de la zona rural de Charras, mantuvo capturada durante cinco días a otra niña indígena de 15 años, que logró escaparse y apareció desnuda en su casa, con signos de violencia física y alertando que cuatro niñas más estaban con ella, hasta el día de hoy desaparecidas. Según esta investigación, la fiscalía, el ejército y hasta la ONU conocían las denuncias que efectuó la familia, pero fueron cajoneadas y silenciadas en complicidad.

Esta vez, ni Zapateiro ni Duque asomaron el hocico. Luego de varios días, el Ejército publicó un comunicado oficial, anunciando el inicio de la investigación sobre los presuntos culpables y su temporal suspensión del ejército.

El repudio social ha sido masivo. El hashtag #EjercitoViolador fue tendencia en redes sociales durante dos días. Las organizaciones feministas y campesinas se movilizaron hasta el cuartel con la consigna “Dai kakva uadai bayu/ nuestro cuerpo se respeta”. Y otro nuevo informe se sumó al escándalo, confirmando un secreto a voces: otros 118 militares fueron denunciados desde 2016, pero ninguno de ellos recibió una condena (ídem).

Estas son las mismas fuerzas armadas que defienden a sangre y fuego los intereses de los terratenientes y grandes empresarios colombianos y que son una pieza en la conspiración golpista contra Venezuela.

Es necesaria la más amplia movilización para lograr la condena de todos los responsables.