El gigantesco plan de ajuste lanzado por Rajoy -que recorta casi 60.000 millones de euros en dos años- parece cosa de un pasado remoto. Difundido en inglés antes que en castellano -para su discusión en el parlamento alemán-, reconoce que no logrará alcanzar siquiera la mitad del objetivo de reducción de déficit que se propone el gobierno.

Pero los propósitos o intenciones del gobierno ya no le importan a nadie, porque España se encuentra irrevocablemente quebrada. El jueves 19, el “riesgo país” cerró en niveles récord, superando los 600 puntos; y el lunes siguiente llegó a 640. El pánico se aceleró cuando la Comunidad Valenciana anunció su propia quiebra y enseguida fue seguida por otras Comunidades Autonómicas; incluso Cataluña.

“El mercado barrunta un segundo rescate, incluso una suspensión de pagos; y ya está pensando cómo hacer dinero con eso. Los inversores se han ido para no volver, al menos durante un tiempo”, indica una fuente europea con reserva de nombre en El País (22/7). El presidente del Bundesbank planteó que España debería “acogerse al paraguas del rescate”, lo cual implicaría “sacar al Estado español de los mercados con las ayudas de los fondos europeos y a cambio de la intervención directa de la troika (BCE, FMI y Comisión Europea)” (El País, 15/7). Esto significa entrar en una terapia “a la griega”: pérdida del manejo del Tesoro, privatizaciones en gran escala, despidos y rebajas salariales mayores y la liquidación de porciones importantes de la banca española.

Las comparaciones con la Argentina de 2001 no se limitan a la quiebra financiera: el verano español está atravesado por lo que debe ser caracterizado como un principio de levantamiento popular. El jueves 19, precisamente cuando se cumplía otro aniversario de la revolución de 1936, centenares de miles de personas salieron a la calle en todo el país -sólo en Madrid hubo más de medio millón de personas.

La movilización popular excede con mucho a la burocracia de los sindicatos, que ha convocado a nuevas medidas… para septiembre. Las crónicas coinciden en destacar que la marcha de los mineros del carbón -que llegaron a Madrid procedentes de distintos puntos del país- ha actuado como un detonante, articulando múltiples sectores que están en conflicto. El sábado 21, siguiendo el mismo ejemplo, llegó a Madrid una “marcha de parados” (desocupados), procedentes de distintos puntos del país, que se concentraron frente al Ministerio de Trabajo y luego marcharon acompañados de miles de personas hasta la Puerta del Sol, donde realizaron una asamblea. Este movimiento recoge las grandes tradiciones de organización de masas de los obreros desocupados -el movimiento piquetero.

Cuando Rajoy anunció la supresión del aguinaldo a todos los empleados públicos, en pocas horas emergieron concentraciones, cortes de calle y manifestaciones de estatales en las principales ciudades. En Madrid se vienen realizando acciones diarias frente a edificios públicos. Además de docentes, de médicos, de enfermeros y de personal de todas las dependencias públicas, han cobrado un papel protagónico los bomberos, aclamados por los manifestantes. Las crónicas dan cuenta de una participación creciente de personal policial, que en algunos casos llegó a enfrentar a las brigadas antidisturbios. En Valencia ha sido convocada una manifestación de policías, de bomberos y de guardias civiles en protesta contra los recortes. Como un símbolo de la “argentinización” de España, el gobierno ha dispuesto un vallado permanente del Congreso de los Diputados.

Apenas han pasado ocho meses desde el triunfo electoral del PP, y la “imagen” de Rajoy se ha derrumbado a menos de 20 puntos. El “rescate total” de la Unión Europea implicaría la liquidación del gobierno. En los últimos días han crecido las voces que reclaman un “gobierno de unidad nacional”, un editorial de un periódico financiero agrega que una “pieza fundamental” de ese gobierno “sería un vicepresidente económico de consenso”, y que al mismo “deberían integrarse algunos miembros de la oposición y algún técnico particularmente cualificado” (El Economista, 23/7). El País dedicó su tapa y páginas centrales del domingo, en un virtual editorial, a una entrevista con Felipe González, que reapareció para criticar al gobierno y denunciar que España está intervenida como Grecia o Irlanda, pero sin siquiera contar con los fondos de un rescate como el de esos países. El ex presidente del gobierno planteó que la situación ha “sobrepasado el límite” y reclamó que, si bien “no cree en los gobiernos de tecnócratas”, Rajoy tiene la obligación de convocar a un “gran acuerdo nacional para salir de la crisis y para actuar en Europa”. Es el reflejo de la magnitud de la crisis y la identidad del PSOE con el Partido Popular en la implementación del ajuste más antiobrero y antipopular en décadas; ambos tienen en común enfrentar la lucha contra el ajuste o “tijeretazo” que los desocupados y trabajadores están librando en las calles.

España no puede formar un “gobierno de unidad nacional”, por la simple razón de que el PP y el PSOE están liquidados frente a los trabajadores. Deberían ensayar un “gobierno técnico”, a la italiana, patrocinado por el Rey -cuando en Italia se está negociando el adelantamiento de las elecciones, porque el gobierno Monti acaba de anunciar que ha agotado sus recursos de gobierno. Pero la monarquía española ha perdido la autoridad que alguna vez fue promovida como una arquitecta de la democracia. Un gobierno de recambio será mil veces más débil en España de lo que fue en Grecia e Italia.

La estructuración de una izquierda revolucionaria en España ha adquirido características de urgencia: Izquierda Unida apoya a gobiernos autonómicos -incluso del PP- y reclama, junto a los partidos oficiales, que el BCE aporte el dinero para los bancos, que evite la quiebra de España y su intervención por parte de la Comisión Europea y el FMI.