En la noche del miércoles 13, un simpatizante del expresidente Jair Bolsonaro llevó a cabo un ataque en las puertas del Supremo Tribunal Federal (en ese momento se encontraban dentro del edificio varios jueces) ubicado en la Plaza de los Tres Poderes, en Brasilia. El ataque no dejó otras víctimas fatales ni heridos, debido a que el agresor (quien murió al activar uno de sus explosivos) no consiguió ingresar al edificio en cuestión.

Francisco Wanderley Luiz, de 59 años, también conocido como “TiuFrança”, había sido candidato a concejal del Partido Liberal –fuerza política del clan Bolsonaro- en 2020 en Santa Catarina, Rio Grande do Sul. En sus redes sociales, replicaba posiciones ultraderechistas y poco antes del atentado escribió en Facebook: “¿Vamos a jugar??? Policía Federal tienes 72 horas para desactivar la bomba en la casa de los comunistas de mierda”.

El objetivo elegido por el atacante estaría relacionado con la investigación que lleva a cabo el máximo tribunal judicial brasileño acerca de la tentativa golpista del bolsonarismo en 2023. La fuerza política del expresidente presentó un proyecto en el parlamento para reclamar una amnistía. El mes pasado, Arthur Lira, presidente de la Cámara de Diputados (y líder del “Centrao”) creó una comisión especial para estudiar dicho proyecto. Pero esta ha aletargado su funcionamiento, considerándose que no tendrá propuesta sino con el nuevo período parlamentario, después de febrero 2025. Algunos de los participantes más implicados de este intento de golpe se refugiaron en la Argentina, con el visto bueno de Milei. El Supremo Tribunal ha dictado condenas para más de 200 acusados. Estas implican el pago de multas por un total “colectivo” de 30 millones de reales (alrededor de 6 millones de dólares), por los daños causados en la ocupación de los edificios públicos. También se firmaron más de 450 “probations” con la intervención de la Procuraduría judicial, por las cuales cesa el proceso judicial, pagando una pequeña multa y realizando cursos sobre “democracia”.

Tras los hechos del miércoles, Bolsonaro emitió un mensaje en redes sociales en que se apresuró a calificar el ataque como un hecho “aislado”, obra de un desequilibrado mental. Sin embargo, las provocaciones ultraderechistas nunca se disiparon desde el intento de golpe. A su vez, el expresidente insistió en el reclamo velado de una amnistía, bajo el manto de una “pacificación nacional”. Pretende que en la misma se reconsidere y anule la sentencia por la cual se le han quitado los derechos a ser candidato en las próximas elecciones presidenciales del 2026. Funcionarios de la Policía Federal, en tanto, aseguran que el ataque contó con una larga preparación.

Las presiones en favor de una amnistía y las provocaciones ultraderechistas tienen que ser enfrentadas con la movilización y la organización popular, la que deberá desarrollarse sobre carriles de independencia política, frente al gobierno de Lula, que actúa como portavoz del gran capital, negando los derechos de los trabajadores. La orientación política del gobierno de Lula, quien sumó a varios exponentes de la derecha al gobierno e hizo acuerdos electorales con el propio Partido de Bolsonaro (PL) en 85 ciudades en los recientes comicios municipales, solo sirve para envalentonar a estos sectores.

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