Ali-Saleh Kahlah al-Marri, Gatarí, entró legalmente en EEUU con su esposa y cinco hijos en septiembre de 2001 para hacer un posgrado. Detenido en diciembre como testigo de la investigación sobre los atentados del 11/9, después fue acusado de fraude con tarjeta de crédito y de hacer declaraciones falsas al FBI. En 2003, cuando faltaba menos de un mes para el juicio, Bush lo declaró "combatiente enemigo" y lo trasladó a una base naval. Al-Marri vio a sus abogados por primera vez en octubre de 2004, cuando llevaba tres años preso. Está recluido con grilletes, en una celda hermética de 2×3. Es sometido a un mismo ruido las 24 horas y “cuando no obedece” se sube la potencia. Padece “daños severos en su estado mental y emocional”.

 

“Los cargos contra Al—Marri se basan en una única declaración de rumores fundada en las palabras de un hombre que fue torturado en un centro secreto de detención de la CIA” (Amnistía Internacional). El gobierno pidió que la Justicia rechace el hábeas corpus sobre la legalidad de su detención. Su caso “pone sobre el tapete si el gobierno puede detener indefinidamente sin presentar cargos ni pruebas a un extranjero que vive legalmente en Estados Unidos”. Después de varios años de silencio, en diciembre de 2006 una treintena de constitucionalistas declaró que “la interpretación del gobierno amenaza la libertad de 20 millones de residentes legales en EEUU, los expone al riesgo de detenciones indefinidas sobre la base de rumores infundados, basados en errores de identidad o en la desesperación de otros detenidos sometidos a interrogatorios coercitivos y a las mentiras deliberadas de verdaderos terroristas” (FT , 7/01).