Ante el injustificable crimen de ETA, del país vasco, contra un político oficial de cuarto nivel, denunciamos a toda la jauría capitalista mundial, incluso a los izquierdistas españoles de IU, por utilizar este hecho para descalificar la causa nacional vasca, la lucha nacional antiimperialista en todo el mundo e incluso la causa del socialismo.

Los explotadores políticos del crimen de ETA son ellos los principales criminales, sea criminales del franquismo o criminales de los grupos parapoliciales organizados por Felipe González para asesinar a militantes populares.

ETA ha estado reclamando algo que tiene mucho parecido con los reclamos del movimiento Túpac Amaru, de Perú, referido a la situación de sus presos, que los gobiernos españoles han dispersado a enormes distancias del lugar de residencia de sus familias. Los gobiernos españoles se niegan a concentrarlos en cárceles cercanas a sus domicilios para evitar que esto sirva a la agitación nacionalista. No por ello deja de ser un atentado a los derechos individuales de los detenidos, más la yapa del atentado al derecho de los vascos a luchar por su libertad nacional. La prensa mundial ha virtualmente ignorado el hecho de que “La Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Autónomo Vasco”, informa Página 12 (13/7), “había decidido el miércoles denunciar ‘ante una instancia europea’ —sin duda el Consejo de Europa— la política penitenciaria española. El Partido Nacionalista Vasco (moderado), Herri Batasuna (brazo político de ETA) e Izquierda Unida (coalición en torno a los comunistas), habían apoyado esta decisión, con los votos en contra del Partido Popular y los socialistas”.

La crisis política desatada por el asesinato de ETA, tiene mucho que ver con el progreso que el separatismo ha registrado en el país vasco en el último año. En noviembre pasado, Herri Batasuna retornó a las Cortes españolas con dos diputados, al conseguir 180.000 votos frente a los 318.000 que obtuvo el gobernante PNV. A principios de este año, la dirección del PNV dio a entender su preferencia por un plebiscito para decidir sobre la separación o no de España, que fue entendido como una expresión de la creciente influencia de ETA en la juventud y como una extorsión de la burguesía vasca para conseguir más autonomía de parte del gobierno monárquico central.

La comisión de estos crímenes inmotivados, que ni siquiera responden a represalias contra personeros de la represión, es típica de los movimientos acusadamente terroristas, o sea que son incapaces de desarrollar su causa política por medio de la lucha de clases. ETA está defendiendo “una propuesta de paz denominada Alternativa Democrática” (Crónica, 15/7) que, como lo dice su nombre, plantea una negociación con el Estado monárquico y su primer ministro Aznar. Curiosamente, un juez español prohibió la circulación de la propuesta, ordenó secuestrar las copias y hasta inició causas penales contra sus difusores (ídem).

ETA no apoya su reclamo de separación nacional con una política de unidad de acción con los trabajadores del resto de las nacionalidades y regiones de España, a los que considera en el mismo plano que al Estado español. Se trata, por tanto, de un movimiento de contenido burgués.

Este periódico ha apoyado desde siempre la separación efectiva del país vasco de España, la lucha por la República y la perspectiva de la unidad socialista de los pueblos ibéricos.