El gobierno de Lula da Silva ya suma 350 muertos. A los 156 fallecidos en un choque entre un avión de la aerolínea Gol y una avioneta se sumaron dos semanas atrás más de 200 muertos en el choque del avión de TAM contra un edificio cuando aterrizaba en un aeropuerto de San Pablo.

El accidente del martes 17 se produjo mientras la Fuerza Aérea reprimía ferozmente a los controladores aéreos como represalia por sus denuncias acerca de las condiciones de trabajo carcelarias, los sueldos miserables y el estado calamitoso de la aviación civil de Brasil, que depende de los militares del aire. Los militares persiguen a los trabajadores porque tienen “carta blanca” de Lula para hacerlo (Clarín, 23/6).

El control de la Fuerza Aérea sobre los controladores ha sido esencial para que las aerolíneas prácticamente duplicaran su productividad en tres años, desde la desregulación aérea implementada por Lula en 2003: “Un avión de TAM que volaba siete horas por día pasó a volar 13” (O Estado de Sao Paulo, 22/7). La prensa brasileña ha informado que “TAM emplea sus aviones al máximo”; al momento de estrellarse, el avión de TAM estaba realizando su séptimo vuelo en el día, siempre con una falla en uno de los motores, que ahora se supone que podría haber influido en el accidente.

Como consecuencia de la desregulación aerocomercial, Brasil tiene “una concentración económica en apenas dos grupos: sólo TAM y Gol definen hoy los precios (altísimos en comparación con cualquier país del mundo) y las políticas para su propio sector” (La Nación, 19/7). “Las compañías aéreas brasileñas, TAM y Gol, hacen lo que quieren con los pasajeros: cancelan vuelos sin avisar, cobran tarifas altísimas, atrasan las partidas sin dar explicaciones y ofrecen servicios pésimos a bordo, como si fueran compañías económicas. Los pasajeros, sin embargo, no tienen ni la opción de reclamar al gobierno -porque los entes reguladores durante la gestión de Lula se volvieron invisibles-, ni la posibilidad de disfrutar de una ventaja de la economía de mercado: la competencia. Brasil vive un duopolio aéreo” (ídem).

La superexplotación de máquinas y hombres ya había sido advertida antes de la última masacre. Según un cable de la agencia EFE del 5 de julio, “el caos aeroportuario empeorará en los próximos cinco años porque ‘la demanda continuará arriba de la oferta’, advirtió el miércoles el vicegobernador de San Pablo, Alberto Goldman. ‘El trafico aéreo en la región metropolitana de San Pablo (…) pasó de 23,8 millones de pasajeros al año en 2003 a 34,3 millones en 2006, un crecimiento en tres años de 10,5 millones de pasajeros y de 44,5%’, argumentó el vicegobernador. Recordó que ‘como la capacidad nominal de los aeropuertos (de San Pablo) es de 25 millones de pasajeros al año, ya en 2003 estábamos trabajando en el límite, y en 2006 con nueve millones por encima, absorbidos principalmente por (la terminal de) Congonhas’”.

El avión de TAM se estrelló en Congonhas. Al igual que otra cantidad de aeropuertos, depende de la estatal Infraero, que maneja la Fuerza Aérea. La política criminal de los militares, subordinada a los intereses de las aerolíneas, se demuestra en el hecho de que habilitaron una pista, en la que finalmente no pudo aterrizar el avión de TAM, a la que le faltaban elementos básicos para operar. “Lo más insólito es que la tragedia de ayer puede haber sido producida por una negligencia fatal: la pista de aterrizaje de Congonhas no tenía las ranuras indispensables para frenar el avión en caso de lluvia” (La Nación, 18/7). “Antes de la reforma (inconclusa), el Centro Nacional de Investigación y Prevención de Accidentes había ordenado que los aterrizajes y despegues fueran suspendidos en caso de lluvias. El costo político que le estaban produciendo los atrasos en las últimas semanas al gobierno de Lula puede haber motivado la utilización de la pista hasta las últimas consecuencias” (ídem). Según un senador opositor, “las pistas de Congonhas (…) fueron autorizadas a funcionar por Infraero por presión de las compañías aéreas” (ídem). En febrero pasado un juez había ordenado el cierre del aeropuerto por el peligro que representaba para la población, los pasajeros y los trabajadores aeronáuticos, pero un juzgado de mayor instancia canceló la sentencia. “Los expertos dicen que cerrar el aeropuerto causaría estragos en el tráfico aéreo del país, con serias consecuencias financieras para las aerolíneas” (ídem).

La primera movilización masiva, convocada por una decena de organizaciones sociales y algunas patronales, marchó por San Pablo al grito de ¡Fuera Lula! El cambio de ministro de Defensa, visto con “agrado” (O Estado de Sao Paulo, 27/7) por los militares, no afectará los intereses que han llevado a esta catástrofe.