Los primeros días de Gabriel Boric como presidente han dejado definiciones importantes y los simbolismos políticos van relativizándose en relación a las políticas concretas que se asumen a través de medidas y declaraciones. Bien mirado, los elementos de la orientación ahora explicitada estaban presentes en el programa de gobierno con el que Apruebo Dignidad encaró la carrera electoral hacia La Moneda.

La derechización que se verificó de cara a la segunda vuelta no era solo un diseño electoral para ganar votos de moderados, sino un mensaje destinado al capital, que empieza ahora a ejecutarse. Así las primeras definiciones en materia económica y represiva tienen una gravitación sustancial pues marcan en términos concretos el rumbo del gobierno y, por consiguiente, las tareas políticas que debe encarar la vanguardia obrera y de lucha para en la presente etapa.

La represión sigue

La asunción de Boric se desarrolló en medio de brutales represiones a manifestaciones que tuvieron lugar en distintos puntos del país. Personalmente el presidente se encargó de refrendar el accionar represivo desplegado manifestando: “Naturalizar que haya gente que no le importa nada, que tiene un rechazo contra todo tipo de autoridad, y que a esa gente le permitamos hacer lo que quiera, es algo que no voy a aceptar. Si alguien está en ese ánimo, que se atenga a las consecuencias”. Con este aval político contaron los contingentes de pacos que reprimieron en Plaza Dignidad el viernes pasado y que culminó con detenciones y con un manifestante gravemente lesionado tras una caída mientras era perseguido por un grupo de carabineros. Otro grave capítulo represivo se vivió el viernes 25 en la marcha de estudiantes convocada por la Confederación de Estudiantes de Chile -Confech- donde un manifestante resultó baleado por un carabinero y otros resultaron gravemente heridos producto de una emboscada realizada por comerciantes, mientras carabineros eran testigos pacíficos de la brutal golpiza que sufrían quienes encontraban participando de la jornada de protesta por el aumento de la beca de alimentación.

Frente a la condena generalizada al accionar represivo del flamante gobierno de Apruebo Dignidad, se vuelve a sacar de la manga la carta de la “reforma”, lo que en sí mismo importa un cambio reaccionario en el discurso oficial que antes de llegar a La Moneda planteaba la “refundación”. En todo caso estamos ante un planteo que choca con el reclamo popular presente desde el estallido que exigió la disolución de esta fuerza cuestionada por violar sistemáticamente derechos humanos, realizar montajes para encarcelar luchadorxs y millonarios desfalcos al erario público. Sin embargo, fuera del plano discursivo el gobierno ha escalado en la política represiva: en ocasión de la conmemoración del “día del joven combatiente”, la ministra del interior -Iskia Siches- salió a dar un fuerte respaldo a carabineros declarando que no va a “tolerar ataques violentos, ya sea el intento de quemar un local comercial o más grave: la golpiza a nuestros funcionarios de Carabineros” y más tarde en su giro pro pacos agregó: “es muy importante para nosotros como Ministerio del Interior y como gobierno estar acompañándoles y deseándoles que puedan cumplir con sus funciones, de manera prudente, manteniendo el irrestricto respeto a los derechos humanos, pero también reiterar el respaldo de nuestro gobierno a cada una de las funciones” (El Mostrador, 29/3). La mención a los derechos humanos es demagógica en la medida que quienes los violaron siguen impunes e integrando la fuerza en la mayoría de los casos. Queda claro además con el accionar de la ministra que ser mujer y joven no impide encarnar una política reaccionaria.

Lo cierto es lo que se viene realizando es un operativo de reciclaje de esta fuerza podrida, con gestos pueriles como el nombramiento de una carabinera como edecán. Las garantías de que las reformas no son “contra la fuerza” fueron dadas desde la primera reunión con el general director de carabineros, Ricardo Yañez (nombrado por el expresidente Sebastián Piñera), donde Boric antes de asumir le aseguró que no habrían reformas en el régimen especial de pensiones del que gozan. Evidentemente “sanar las heridas del estallido” como lo señaló Boric implica una política de validación por “izquierda” de los pacos asesinos.

El gobierno además extendió el estado de excepción en las regiones del norte del país impuesto por Piñera frente a la crisis humanitaria desatada por su política anti inmigrantes, con lo cual da continuidad al abordaje represivo y estigmatizante a la problemática migratoria llevada adelante por la derecha. Vemos que lejos de estar frente a un gobierno surgido de las protestas como se pretende instalar, este gobierno es hijo del pacto del 15 de noviembre sellado entre los partidos del régimen contra el pueblo chileno movilizado y a partir de ahí se debe merituar la orientación asumida en materia represiva.

…. y la prisión política también

El anuncio del retiro de parte de las querellas por ley de seguridad del Estado promovidas por el gobierno de Piñera contra manifestantes, se mostró prontamente como una estafa que no iba a liberar a ningún preso político. Corrido el velo sobre esto, se vuelve con otro anuncio sobre la decisión de poner “suma urgencia” al proyecto de amnistía a lxs presxs del estallido que duerme en el Senado, lo que implica que éste deberá ser despachado por dicho órgano en el plazo de 15 días.

Así, se tira la pelota al Senado, a sabiendas de que no se cuenta con los votos para que sea aprobado, como lo advirtieron inmediatamente senadores del Partido Socialista. Tengamos presente igualmente que estamos hablando de un proyecto que en su trámite legislativo sufrió mutilaciones en cuanto al catálogo de delitos contemplados, que además deja afuera al resto de luchadorxs que antes del estallido sufrían ya la prisión política, por lo que su alcance es harto limitado aunque fuera aprobado.

Las maniobras que intenta el gobierno dan cuenta de que en definitiva tienen plena conciencia de la gravitación política que tiene la problemática de la prisión política, incluso dentro de sus propias bases, pero sus compromisos con la burguesía no le permiten dar una respuesta definitiva a esta demanda. Por ello cada vez que se hace referencia al tema en particular y a la violación de derechos humanos en general, se plantea también la reparación a los “daños que sufrieron las pymes”, haciéndose eco de los argumentos de la derecha.

La conquista de la libertad de lxs presxs políticxs nos plantea la necesidad de levantar una instancia de organización que nos permita llevar adelante un plan de lucha para rescatar hasta el últimx compañerx detenidx.

La gradualidad prometida al empresariado

Recapitulemos. El programa original de Apruebo Dignidad presentado para la primera vuelta contemplaba una reforma tributaria con un objetivo de recaudación equivalente al 8% del PBI, lo cual fue reducido al 5% en la campaña de la segunda vuelta como un guiño a la burguesía comercial e industrial, pues las reformas contempladas apuntaban a una afectación a las ganancias de este sector, a partir principalmente de terminar con las exenciones, un impuesto a los súper ricos y un royalty minero.

Ahora bien, ¿qué cambió ahora que son gobierno? En primer lugar, el objetivo -previamente recortado- del 5%, fue nuevamente reducido al 4,34%, pues según las declaraciones del ministro de hacienda, Mario Marcel, se tiene en cuenta el aumento de impuestos que se estableció para financiar la Pensión Garantizada Universal (PGU, que representaría un 0,66 %). A su vez, alrededor del 50% del objetivo recaudatorio vendría del fin a exenciones y evasiones fiscales del empresariado. Es decir, que sólo poco más del 2% del PBI se recaudará vía impuesto a los súper ricos y el royalty minero. Unas migajas. Aunque respecto al impuesto a los ricos el ministro también se ha encargado de relativizar lo planteado en el programa de gobierno, señalando que sería un impuesto al patrimonio y que el gravamen no afectaría a las empresas sino a las personas (La Tercera).

Con este panorama, la “redistribución de la riqueza” a la que Boric se comprometió en su discurso inaugural queda solo en un verso, pues seguirá siendo el IVA, que lo pagan en mayor proporción las clases populares, el impuesto que más recaude. Ni qué hablar de la respuesta a las demandas elementales como acceso a la salud, vivienda, educación y salarios y pensiones suficientes para cubrir las necesidades. No es de extrañar entonces los elogios que dejó la misión del FMI que visitó el país a las “reformas de gran alcance” del nuevo gobierno.

No es de extrañar entonces que de los 500 mil pesos chilenos de salario mínimo prometidos, ahora se planteen como un objetivo a alcanzarse recién en los cuatro años del mandato. Este año el salario mínimo pasaría de 350 mil a 400 mil, conforme los anuncios de Marcel y la ministra de trabajo, en un contexto inflacionario donde el costo de la canasta básica está por encima de los 600 mil pesos. Otro tanto ocurre con la promesa de una pensión básica universal de 250 mil pesos: ya no corre, lxs pensionadxs deberán arreglarse con los 185 mil de la PGU de Piñera aprobada semanas antes de que deje la presidencia. La creciente carestía afecta gravemente a las familias trabajadoras y en este escenario la discusión de un nuevo retiro de los fondos de pensión vuelve a instalarse. El gobierno se opone, en contradicción con su propio accionar antes de llegar a La Moneda, pero tampoco debe sorprender ya que han puesto al defensor número uno de las AFP nada menos que en la cartera de Hacienda, por lo que la promesa de poner fin a las AFP se va disolviendo como tantas otras y la reforma buscará “recuperar su legitimidad”, en palabras de la de subsecretaria de hacienda, Claudia Sanhueza (ídem, 17/3).

¿Qué hacer?

Está claro que el gobierno goza del margen que le otorgan las grandes expectativas que despierta su llegada. Sin embargo, la crisis económica y social no hace más que agudizarse y en esa medida, la “luna de miel” no podrá sostenerse con meros gestos simbólicos. En cada paso que da el gobierno queda expuesta su verdadera naturaleza: un gobierno garante del régimen político y social vigente.

No puede simplemente descansar en el devenir de la Convención constituyente, pues la misma ha acumulado grandes cuotas de desprestigio en la medida que paulatinamente se convirtió en la nueva cocina del sistema, siendo la incorporación de los derechos sexuales y reproductivos -incluido el aborto- la única demanda popular que logró pasar al borrador.

El gobierno no va a resolver los problemas que afectan a las mayorías populares sino que más bien encarna una política continuadora del orden de los 30 años. Quedan planteados entonces grandes desafíos para la vanguardia militante y de lucha, la que deberá valerse del programa levantado por la clase trabajadora en rebelión para poner en pie la organización que nos permita llevar adelante un plan de lucha por la libertad de las y los presos políticos, la disolución de Carabineros, el aumento de las becas reclamadas por el estudiantado, el fin a las AFP, etc. La urgencia de estas demandas nos impone también la urgencia de avanzar en esta dirección.

https://prensaobrera.com/internacionales/la-guerra-en-ucrania-y-sus-consecuencias-en-america-latina/