21/07/2005 | 909

El derecho al aborto en Venezuela

Las muertes por abortos clandestinos son un drama continental. Según el Ministerio de Salud y Desarrollo Social de Venezuela (MSDS, 2003), cada semana mueren dos mujeres en ese país por prácticas abortivas clandestinas. El aborto sólo está permitido cuando está en riesgo la vida de la madre y el Código Penal vigente estipula una pena de seis meses a dos años de prisión para quien aborte.


Diecinueve asociaciones de mujeres se presentaron a la Asamblea Nacional solicitando que la reforma del Código Penal —que se discute en este momento— incluya la despenalización total del aborto. “En tiempos de la discusión constituyente recordamos haberle oído, palabras más o palabras menos, que el aborto debía ser legalizado pues, mientras mujeres ricas lograban hacerse abortos en condiciones seguras en clínicas privadas o en el exterior, las pobres acudían a prácticas inadecuadas y morían en el intento. Era usted en ese momento la voz de la mayoría de las mujeres humildes de este país y de los diversos movimientos de mujeres que han asumido esta bandera desde hace ya varias décadas”, dice la carta dirigida a Hugo Chávez (El Mundo, 7/7). Chávez, sin embargo, ya había retrocedido ante las presiones de la oposición y el Episcopado (ACI digital, 24/9/04) y en la anterior reforma al Código (marzo 2005) la propuesta no llegó a discutirse.


En esta oportunidad, son evidentes los disensos dentro del chavismo. “El Estado busca regularizar una práctica que de manera clandestina se ha practicado y le ha costado la vida a miles de mujeres en el país —expresó la presidenta de la Comisión Permanente de Familia, Mujer y Juventud de la Asamblea Nacional, Flor María Ríos—. El actual código no defiende los derechos de la mujer y no ha impedido que miles de ellas se practiquen abortos en condiciones de riesgo para su vida”. Ríos informó que sólo se permitirá la suspensión del embarazo bajo el consentimiento informado de la mujer. “Esto quiere decir que si la mujer no lo consiente, es obligada o presionada, como ocurre en el ámbito laboral, está penalizado”, expuso (Agencia Bolivariana de Noticias, ABN, 12/7). Pero otra chavista, la diputada Maris Eizaga, señaló que “aunque la idea no es despenalizarlo, creo que no se debe estigmatizar a ninguna mujer ni permitir el embarazo a través de violencia e incesto”. En la mismísima página web de la Asamblea Nacional, se consigna que el presidente de la Asamblea, Nicolás Maduro (MVR/DC), “dejó entrever que esta materia no se discutirá en este período legislativo”.


Los chavistas hacen mucha alharaca por la despenalización, incluso convocaron a las mujeres a movilizarse frente a la Asamblea Nacional (ABN, 13/7). Sin embargo, ¡ay!, también en la República Bolivariana se cuecen habas, y el único proyecto presentado hasta el momento es el de la diputada oficialista Iris Varela, que, acompañada de un grupo de cuarenta instituciones, entregó una propuesta donde reclama la despenalización del aborto “sólo para resolver problemas generados por el incesto o el embarazo producto de una violación sexual”. Para más datos, la diputada indicó que defiende la interrupción del embarazo en esos casos “previa valoración médica y policial” (Analítica.com, 28/6). Con lo cual no es difícil imaginar el vía crucis que recorrerá cada mujer abusada para demostrar que tiene derecho a abortar.


Las mujeres también exigen que se derogue el artículo del Código Penal que condena a tres años de prisión a la adúltera y a su amante. La legislación es escandalosamente discriminatoria ya que “el marido que mantenga concubina en la casa conyugal o también fuera de ella, si el hecho es notorio, será castigado con prisión de tres a dieciocho meses”.


En Caracas o en Buenos Aires, la lección es la misma: la despenalización del aborto sólo la obtendrá un poderoso movimiento de mujeres que haya superado toda expectativa en las diferentes alternativas de la burguesía y cierre filas con las organizaciones revolucionarias de la clase obrera.