El pasado 26 de marzo ganó espacio en los medios periodísticos internacionales el choque del gigante barco carguero Dali contra el puente Francis Scott Key, en Baltimore, Maryland. El impacto provocó la caída del cruce colgante y la muerte de seis trabajadores de la construcción, que se encontraban realizando tareas de arreglos en ese momento. El siniestro provocó la apertura de una investigación, ante la ausencia del cumplimiento del protocolo preventivo ante este tipo de sucesos por parte de la empresa tercerizada a cargo del mantenimiento de la mole de hierro y hormigón.

Según las regulaciones, la firma Brawner Buides debería hacer tenido un bote de rescate, como medio protector, cosa que no había el fatídico 26. “Representantes de la guardia costera y otros funcionarios dijeron que no tenían conocimiento de ningún barco Brawner en el agua en el momento del colapso del 26 de marzo. Y las imágenes de satélite del momento del colapso no muestran ningún bote en el río cerca del puente” (AP News, 3/4). Dennis O’Bryan, abogado marítimo, afirma que “es necesario que haya una investigación para determinar si el bote estaba allí y, en caso contrario, por qué no estaba”.

Brawner figura como empresa contratista del Estado norteamericano, acumulando más de 120 millones de dólares otorgados en los últimos cinco años. Pocas horas después del choque, el presidente Joe Biden expresó sus condolencias, catalogando el hecho como “un terrible accidente”. Pero no es un percance cuando no se cumplen los reglamentos anti siniestros. En la misma sintonía, buscando lavar responsabilidades gubernamentales, el alcalde de Maryland, Wes Moore, salió de forma veloz a informar que el puente cumplía con todas las normas y que no pareciera ser un problema estructural el motivo del derrumbe.

“Brawner ha sido citado tres veces por siete violaciones de seguridad desde 2018, incluidas cuatro citaciones por no proporcionar protecciones adecuadas contra caídas (…) La compañía fue multada con cerca de 11.000 dólares (…) En la última década, solo se ha emitido una infracción en Maryland durante un proyecto de construcción de un puente, por no proporcionar un bote que salva vidas” (ídem).

A la par, expertos sobre el tema informan que las columnas que sostienen el puente, no contaban con los mantenimientos necesarios. Motivo que ayudó a la caída del gigante de acero.

Los seis operarios que perdieron la vida eran inmigrantes oriundos de Honduras, El Salvador y México. Mano de obra barata, altamente precarizada y pauperizada. Laburantes que realizaban tareas de arreglos en la carpeta asfáltica, sin los elementos básicos de seguridad necesarios para efectuar labores en medio de un puente. Las patronales, con el apoyo del Estado, buscando obtener mayores ganancias, matan trabajadores.

Lo ocurrido también echa luz sobre los problemas de infraestructura en Estados Unidos. “Alrededor del 7,5% de todos los puentes se consideran estructuralmente deficientes y en malas condiciones, según el último informe de infraestructura de la Sociedad Estadounidense de Ingenieros Civiles publicado en 2021. Cada día, se realizan 178 millones de viajes a través de estos puentes estructuralmente deficientes” (CNN, 31/3).

La ausencia de controles, inspecciones y obras profundas de mantenimiento por parte del Estado (y la empresa tercerizada), sumado a la falta del cumplimiento de protocolos de emergencias, da como resultado este fenomenal desastre. Es urgente una seria y minuciosa investigación, caiga quien caiga, acompañada de la revisión de todos los contratos con las empresas constructoras y el Estado. Plan de infraestructura bajo control de sus trabajadores.

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