En las elecciones de la semana pasada en Turquía, los partidos que gobernaron el país durante los últimos veinte años fueron sometidos a lo que una corresponsal describió como una “carnicería”: los tres partidos que integraban la coalición gubernamental no llegaron, en conjunto, al 7% de los votos. ¡El partido del primer ministro saliente sacó apenas el 1,23% de los votos!

En los últimos dos años, Turquía sufrió una quiebra económica sólo comparable a la argentina. La crisis de los bancos y el peso insoportable de la deuda externa llevaron al gobierno a un acuerdo con el FMI que tuvo consecuencias desastrosas para la población trabajadora: la moneda se devaluó a la mitad, la inflación anual es del 70%, la caída de la producción fue del 10% anual, la miseria es masiva, el desempleo supera el 20%. La crisis mundial se llevó puesto otro régimen político.

El ganador –con el 35% de los votos pero el 70% de las bancas parlamentarias, gracias a las leyes antidemocráticas impuestas por los ahora derrotados– fue un partido islámico “moderado”, el Partido de la Justicia y el Desarrollo (PJD).

Sus dirigentes se apresuraron a declarar que cumplirán los acuerdos con el FMI: despedir 30.000 empleados públicos, privatizaciones masivas y un superávit fiscal del 6,5% del PBI que le permita, además de pagar la deuda externa, “sanear” los bancos en quiebra. El mismo programa que hundió a sus antecesores.

La victoria islámica ha actualizado el problema de la entrada de Turquía a la Unión Europea, a la que la mayoría de la gran burguesía aspira como una tabla de salvación. Apenas conocidos los resultados, Giscard, el ex presidente derechista francés que encabeza la comisión redactora de la Constitución de la UE, dijo “lo que muchos dirigentes europeos piensan”: que la UE, “un club cristiano”, debe rechazar el pedido de ingreso de Turquía (Financial Times, 8/11).

Ya hay quien anticipa que el gobierno islámico caerá pronto y habrá nuevas elecciones anticipadas (Le Monde, 5/11).