El gobierno de Rio Grande do Sul se ha visto obligado a dar marcha atrás en la flexibilización de la cuarentena, debido a un incremento del 30% de los casos de Covid-19 en una semana (totalizando más de 32 mil infectados y 750 muertos) y a que el sistema de salud se encuentra al límite, con el 74% de las camas de terapia intensiva ocupadas y una tendencia al colapso.

De este modo, la política del gobernador Eduardo Leite (PSDB), de flexibilización de la cuarentena (incluyendo templos, comercios y el rubro gastronómico), alentada por la clase capitalista, se ha mostrado como un atentado contra la salud de la población. Es lo que ocurre en el resto del país. El negacionismo de Bolsonaro y las cuarentenas truchas de los gobernadores han llevado a Brasil a ser el segundo país más afectado del mundo, solo por detrás de Estados Unidos, con más de 65 mil muertos y 1,5 millones de infectados.

El nuevo cambio de bandera en el mapa epidemiológico vuelve la situación en Rio Grande do Sul al inicio, esto quiere decir que las actividades no esenciales serán nuevamente prohibidas, pero esta vez se le sumarán multas que superan los 100 reales para las personas que no utilicen máscaras en lugares públicos, junto con un proceso legal por no cumplir con las medidas sanitarias.

En paralelo al desastre sanitario, los empresarios recurren como excusa a la falta de ventas para avanzar contra los salarios y condiciones de trabajo.

Desde el sindicato de tiendas de comercio de Porto Alegre su presidente funciona como una especie de vocero empresarial y no como un representante de los trabajadores. Está muy preocupado por el tiempo de cierre de los locales y no ha planteado ninguna medida que garantice el salario y que resguarde al trabajador frente a esta crisis económica.

Con el retorno a una cuarentena más estricta, recrudece el problema que los trabajadores del POP center tuvieron hace unas semanas atrás, ya que en el municipio de Pelotas no les estaba garantizado un lugar para poder trabajar frente a las adversas condiciones climáticas y sanitarias. Es necesario que el Estado garantice sus ingresos en el marco de la cuarentena.

En el frente estatal, los municipales vienen debatiendo sobre la reforma jubilatoria, ya que la aprobada el año pasado por el gobierno Bolsonaro aumenta los aportes de los trabajadores estatales del 11 al 14% para los que estén activos y mantiene el mismo descuento para los jubilados. Según el ministro de Economía nacional, Paulo Guedes, en los próximos 90 días Brasil avanzará en las privatizaciones en el sector público, lo que aumentará el nivel de conflictos en la población trabajadora.

La CUT y las demás centrales sindicales deben romper su política de colaboración de clases y organizar la pelea por las condiciones de trabajo, seguridad e higiene, en el marco de una lucha por echar a Bolsonaro-Mourao y todo el régimen corrupto.