Las Fuerzas de Tarea Conjunta (FTC) de Paraguay ejecutaron a dos niñas de 11 y 12 años en el departamento de Concepción el miércoles pasado, en un operativo celebrado públicamente por el presidente Mario Abdo Benítez y presentado como una acción contra el grupo armado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

El gobierno esgrime que se trató de un “enfrentamiento”, pero esta versión se ha ido desmoronando. En las últimas horas se confirmó que las menores fueron ultimadas por la espalda con varios balazos.

Genoveva Oviedo Britez, hermana de Alcides Oviedo (uno de los dirigentes del EPP), desmintió también las versiones oficiales y aseguró que las niñas no eran combatientes, sino estudiantes que se encontraban en dicho lugar de visita. A través de su cuenta de Facebook la mujer expresó que al momento del supuesto enfrentamiento estaban allí porque quisieron estar con sus “perseguidos padres” para festejar un cumpleaños y que fueron asesinadas. Además, presentó copias a los medios de los documentos de identidad de las niñas, ambas tienen nacionalidad argentina, una de las fallecidas se llamaría Lilian Mariana Villalba y la otra sería María Carmen Villalba. Las niñas, según Genoveva, residían en Misiones, eran primas y estaban al cuidado de su abuela. La abogada Daisy Irala (defensora de Carmen Villalba, madre de una de las niñas asesinadas, también integrante del EPP y actualmente presa en la cárcel del Buen Pastor) confirmó las edades entre 11 y 12 años, en rechazo a versiones que les endilgaban una edad mayor. Tanto Oviedo Britez como Irala responsabilizan al presidente Abdo Benítez de un crimen de Estado contra las niñas y piden que se restituyan los cuerpos a sus familiares.

Los cuerpos de las niñas fueron enterrados presurosamente, horas después de los hechos, lo que incrementa las sospechas de que el Estado quiere esconder información de lo que realmente pasó.

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Concepción es terreno en disputa entre narcos, ganaderos, traficantes de madera y sojeros. Las comunidades campesinas que pueblan esas tierras viven atemorizadas, entre asesinatos a intendentes y referentes campesinos sin resolver. Vale recordar que la Fuerza de Tarea Conjunta fue establecida en el 2013 por el presidente Horacio Cartes, para combatir al grupo armado EPP, por un decreto que también suspende las libertades individuales en el norte de Paraguay, y está integrada por mandos militares, policiales y antidrogas. Le son asignados 15 millones de dólares anuales del presupuesto estatal, de los cuales por varios millones no tienen que rendir cuentas, que serían los pagos a “informantes”. En estos años sólo acumularon denuncias de abuso institucional que van desde amenazas de ejecución hasta la violencia física, según el informe “Nos trajeron miedo” del Serpaj.

Exigimos el esclarecimiento inmediato del crimen de las niñas, con intervención de organismos de derechos humanos y organizaciones civiles en la investigación, para garantizar la transparencia de los procesos. Apartamiento de las fuerzas represivas del Estado paraguayo en las tareas de investigación.

Exigimos además que se exhumen los cuerpos y se practiquen las autopsias correspondientes para establecer las causas de la muerte y la identidad de las víctimas y una vez finalizadas, sean devueltos a sus familiares.

Movilicémonos al consulado paraguayo el día lunes para pedir que se esclarezcan los hechos.

#EranNiñas #NiUnaMenos.

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