01/12/2020
ABUSOS ECLESIÁSTICOS

El fracaso de la Comisión Scicluna y la impunidad del abuso sexual eclesiástico en Chile

La Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Infantil en Chile denunció, que tras dos años de la conformación de la Comisión Scicluna -creada por la Conferencia Episcopal con el objetivo de investigar casos de abuso sexual eclesiástico- aún no existe reparación y justicia para las víctimas. Las mismas la describen acertadamente como una “buena estrategia de marketing, un lavado de imagen o una operación de prensa” (La Voz de los que Sobran, 25/11).

Dicha comisión surgió como parte de un operativo destinado a intentar revertir el desprestigio creciente que atraviesa la Iglesia Católica en Chile. Luego del escándalo que suscitó el apoyo del Papa Francisco al Obispo de Osorno, Juan Barrios -denunciado por haber encubierto los abusos del cura pedófilo Fernando Karadima- el Vaticano se vio obligado a enviar, en 2018, a dos representantes- Charles Scicluna y Jordi Bertomeu- para que investiguen a Barrios.

Este hecho abrió una “caja de Pandora”, y al poco tiempo, comenzaron a aparecer un sinfín de denuncias de abuso sexual que involucraban a miembros de la Iglesia a lo largo de todo el territorio de Chile, en su mayoría pertenecían a las congregaciones maristas, salesianas y jesuitas. La crisis de la Iglesia en el país llegó a tal punto, que 34 obispos chilenos no tuvieron más remedio que presentar su renuncia en Roma.

Si bien el informe redactado por la Comisión Scicluna cuenta con 1.200 páginas de testimonios, no incluye la totalidad de las denuncias existentes. Gran parte de las víctimas no acudieron a la comisión y decidieron realizar su denuncia por otros medios, ya que desconfiaban –y con razón- de que un espacio creado por la propia institución responsable de los delitos perpetrados, pudiera ser realmente un canal para encontrar justicia.

Se puso de manifiesto, una vez más, el modo en el que la Iglesia opera como una red de pedofilia organizada, amparada por las autoridades máximas del clero y por el Estado. Se registraron hasta el momento 368 casos de abuso sexual eclesiástico, a lo que se suman 22 obispos y tres cardenales chilenos acusados de encubrimiento. Sin embargo, la impunidad está a la orden del día: solo el 15% ha recibido condena, ya sea por la justicia canónica o por la civil.

El motivo de fondo que motorizó la Comisión impulsada por el Vaticano fue el de desviar más de 200 juicios en curso contra curas que se pusieron en marcha hace años como fruto de la lucha de los sobrevivientes, y así, echar lastre y rescatar a la Iglesia Católica -que juega un papel preponderante en las esferas del Estado y como parte constitutiva de la burguesía del país – para que pueda oficiar de “dique de contención” frente al creciente descontento popular. Esto último fracasó rotundamente, ya que la rebelión chilena se abrió paso y se caracterizó por tener una fuerte impronta anti clerical y un enorme protagonismo del movimiento de mujeres, que rechaza de plano la injerencia de esta institución reaccionaria y levanta el reclamo de aborto legal, seguro y gratuito.

El andamiaje estatal está al servicio de que estos abusos queden impunes. Por un lado, los delitos cometidos antes de 2007 prescribieron a los cinco años de haber sido cometidos, y luego de 2007, tras una modificación de la ley, la prescripción comienza a correr cuando la víctima cumple 18 años. De este modo, se estima que un 70% se encuentran prescriptos. A su vez, la legislación chilena, como ocurre también en Argentina, reconoce el derecho canónico, es decir, que sea la propia Iglesia la que juzga a sus integrantes.

Finalmente, el conjunto de los Estados capitalistas le dan vía libre al abuso sexual eclesiástico, ya que se trata de una práctica funcional a un sistema de explotación. La misma abona en el disciplinamiento de la población, a partir de imprimir una huella imborrable en la subjetividad de las víctimas. Es el instrumento más descarnado con el que cuenta la Iglesia para educar en el sometimiento. Esta es la matriz que explica, por ejemplo, que en Argentina se haya cerrado la causa que investigaba a curas pedófilos en el Instituto Próvolo de La Plata, o que la mano derecha de Bergoglio, “Tucho” Fernández, haya intentado encubrir hasta el último minuto a miembros de la iglesia como Eduardo Lorenzo o Raúl Sidders, denunciados por abuso. Indudablemente, terminar con esta barbarie tan enraizada en el régimen social actual, implica tirarlo abajo y dar paso a una sociedad donde no se condene a la niñez y a la juventud a transitar estos vejámenes.

Como vemos, la lucha por justicia debe ir asociada al planteo de separación de las iglesias y el Estado, de revocabilidad de los cargos judiciales y de confiscación de los bienes de la Iglesia. Es necesario la puesta en pie de comisiones investigadoras independientes, sin ningún tipo de intervención por parte del poder clerical.

En Chile, poner fin al enorme peso que posee la Iglesia Católica en la estructura estatal, emerge como un motivo más para pelear por la destitución de Piñera y la puesta en pie de una Asamblea Constituyente, que sea libre y soberana.

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