28/11/1996 | 521

El fracaso mundial de las ‘políticas de empleo’

La experiencia europea


Según el especialista Jacques Le Goff, autor de la mencionada investigación, la política de ‘promoción del empleo’ mediante el subsidio a los capitalistas ha fracasado rotundamente en toda Europa.


En Francia, desde mediados de la década del 70 los planes de ‘promoción del empleo’ se han sucedido unos a otros hasta alcanzar el medio centenar. En conjunto, permiten el pago de salarios por abajo del mínimo (para ‘aprendices’); la reducción de ‘cargas sociales’ y de impuestos para los capitalistas que contraten obreros promovidos; el ‘reentrenamiento’ de trabajadores en las empresas con un salario pagado por el Estado y hasta el pago de primas a los capitalistas que contraten obreros ‘promovidos’. Nada de esto impidió que, también en Francia, la desocupación alcanzara récords históricos.


Los números del “fracaso”, como señala Le Goff, son “consternadores”: en 1994 —últimos datos disponibles—, estas ‘medidas promocionales’ crearon 70.000 puestos de trabajo netos… frente a una demanda de 3,1 millones de empleos. ¡Una ‘efectividad’ del 2%! Según diversos estudios, apenas uno de cada diez trabajadores contratados mediante mecanismos de promoción, logra acceder finalmente a un empleo relativamente estable.


En Francia, lejos de resolver la desocupación, los ‘contratos promocionales’ la han agravado. En primer lugar, provocaron la ‘precarización’ del trabajo, porque los patrones contratan trabajadores ‘promovidos’ y luego los despiden para contratar a otros nuevos, embolsándose así varias veces los beneficios de la ‘promoción’. Uno de los directores de un gran grupo empresario francés describe así la política de la clase capitalista: “Algunos se benefician con cinismo de las innumerables primas gubernamentales al empleo. Contratan desocupados y embolsan la prima correspondiente; luego los despiden y contratan a otros para embolsar nuevas primas”.


En segundo lugar, provocaron el reemplazo masivo de los trabajadores estables por los ‘promovidos’, incluso en los empleos más calificados. En consecuencia, los mecanismos de subsidio a los capitalistas “obstaculizaron la explotación de nuevas fuentes de empleos. En lugar de dedicarse a crear verdaderos empleos dotados de un status reconocido y una real calificación, la tendencia ha sido contratar trabajadores promovidos. Consecuencia casi mecánica: la asimilación de esas actividades a ‘changas’ sin gratificación”.


La experiencia es lapidaria: los contratos de ‘promoción’ no han servido para crear empleos, sino para provocar una descalificación laboral en gran escala.


Transformado en cifras, este fracaso es aterrador: en 1995 solamente, dice Le Goff, esta política de ‘empleo’ que no emplea a nadie, le costó al Estado entre 50.000 y 70.000 millones de francos, o sea, 10 mil y 15 mil millones de dólares.


¿Por qué insisten?


Frente a semejante fracaso, señala Le Goff, “queda por explicar la intrigante persistencia… de una estrategia cuyos objetivos han sido muy ambiciosos y sus resultados desoladores”.


La primera razón de esta ‘persistencia’ es esencialmente política: el Estado no puede reconocer públicamente su impotencia —y hasta su complicidad— frente a la desintegración social que provoca la desocupación masiva y permanente. Está obligado a simular que ‘combate el desempleo’ que provoca el régimen social que defiende. Dice Le Goff: “los ingeniosos promotores de estos dispositivos… saben a qué atenerse en cuanto a la eficacia probable de estas ‘nuevas’ medidas. Han perdido la fe, si es que alguna vez la tuvieron. El problema, para ellos, no es creer sino hacer creer (a los demás)…el anuncio periódico de una ‘nueva primavera’…de crear un movimiento, de hacer ‘cualquier cosa’ que relance la esperanza”. No cuesta reconocer en esta descripción no sólo a los Menem, a los Duhalde y a los Caro Figueroa –que fingen ‘combatir el desempleo’– sino también a los Daer, los Rodríguez, los Miguel y los demás burócratas sindicales, que convalidan esta simulación.


“La verdadera razón de ser de estas medidas —continúa Le Goff— reside en lo simbólico, en lo imaginario, en la creencia”… es decir, en el engaño consciente.


La segunda razón de la continuidad de una política condenada al fracaso es que la ‘promoción del empleo’ es una fuente de fenomenales subsidios que los capitalistas no piensan abandonar. Según informa Le Goff, sólo en 1994, las patronales francesas se embolsaron entre 10.000 y 14.000 millones de dólares en concepto de ‘primas’ y reducciones de ‘cargas sociales’ e impuestos. Uno solo de los ‘programas’ —el llamado ‘contrato de iniciativa de empleo’— le costará al Tesoro francés 6.000 millones de dólares… ¡antes de la creación del primer empleo! Para mostrar la dimensión y la amplitud que alcanza el subsidio a los grandes capitalistas, Le Goff cita una encuesta de la revista L’Enterprise entre las grandes empresas: aunque el 80% de los encuestados duda de su eficacia para reducir el desempleo, ¡el 60% de ellos ha aprovechado los subsidios!


La rapiña del presupuesto estatal no es, sin embargo, lo único que impulsa a la burguesía a continuar la política de ‘promoción de empleo’: la ‘flexibilización’, contenida en los ‘contratos promovidos’, son un ariete para imponer la ‘flexibilización’ y la reducción salarial a todo el movimiento obrero.


Frepaso-CTA o las barbas en remojo


Las tentativas francesas con relación a la desocupación tienen mucho más en común, sin embargo, con la política que proponen el Frepaso y el CTA que con la del menemismo. Porque mientras éste asegura que el ‘mercado’ es capaz de resolver sin interferencias la cuestión del desempleo en masa, a partir de una completa ‘flexibilización’ de salarios y condiciones laborales, el centroizquierda sostiene que para que ello ocurra, los contratos ‘flexibilizadores’ sólo deben aplicarse cuando exista la creación de empleo adicional. El caso francés, experimentado durante un cuarto de siglo, demuestra que los subsidios y los contratos ‘flexibles’ vinculados a la creación de empleo, lo único que sí crean es un enorme déficit fiscal y beneficios fraudulentos para los capitalistas.


La desocupación en masa no puede ser resuelta con medidas capitalistas. “Para los mejores expertos del empleo, afirma Le Goff, el tratamiento social del desempleo sigue siendo un enigma… sus causas, su lógica y sus mecanismos aparecen oscuros e inaccesibles”. Tenemos aquí la patética confesión de la bancarrota de la ‘ciencia’ social burguesa, que sin embargo, se jacta todos los días de su creciente sofisticación estadística. Detrás de esta bancarrota teórica se encuentra la bancarrota práctica del régimen social capitalista que esa ‘ciencia’ representa y defiende.


La desocupación en masa en la casi totalidad del planeta se produce cuando la humanidad se encuentra muy lejos de satisfacer las necesidades básicas de la inmensa mayoría de la población; el crecimiento de la desocupación ha incrementado en escala gigantesca esta insatisfacción, inaugurando incluso una etapa de indigencia social creciente en las naciones capitalistas más ricas. Que haya, de un lado, una necesidad creciente de bienes y servicios, y de otro lado, un incremento constante de los brazos ociosos; esta es una contradicción que sólo se explica por la obligación que tiene el capitalismo de producir para el beneficio privado, no para satisfacer las necesidades sociales. Aquí está el ‘enigma’ de la desocupación.


La incapacidad del capitalismo privado para resolver los problemas simultáneos de la desocupación y de la pobreza, exige la intervención del Estado, forzada por una motivación política. Canalizando los recursos hacia la construcción de viviendas, desarrollo de la infraestructura, desenvolvimiento de la educación y la cultura, incremento de la producción y manufactura de alimentos, reformulando las prioridades sociales en gran escala; actuando de esta manera, la intervención estatal sería capaz de resolver, a la vez, los problemas de la desocupación y de la pobreza. Pero una intervención de la envergadura requerida por la crisis chocaría de inmediato con los intereses capitalistas. Por una parte, porque el Estado debería atacar fuertemente los beneficios capitalistas para financiar su actividad social y productiva. Por otro lado, porque al actuar de esta manera entraría en una competencia ruinosa para el capitalismo particular. Las naciones más endeudadas del mundo deberían, por ejemplo, declarar la caducidad de las deudas externas, lo que produciría la ruina de una gigantesca masa de capital especulativo. Al inundar el mercado con construcción, alimentos y servicios sociales baratos, acabaría con los superbeneficios de estas ramas capitalistas altamente monopolizadas.


Aunque no se puede descartar de modo alguno que bajo la presión de la crisis creciente algunos Estados capitalistas se vean obligados a transitar por el camino del intervencionismo y aun de medidas parciales de nacionalización, el Estado burgués es, por su naturaleza de clase, completamente incapaz de tomar medidas de fondo contra los monopolios capitalistas privados. Sin embargo, exigirle que tome medidas confiscatorias contra los capitalistas en beneficio de planes económicos destinados a resolver los problemas simultáneos de la pobreza, la desocupación y el bajo crecimiento económico, serviría para unir al pueblo en un planteo común, mostraría que sí existe una vía de salida y, al desenmascarar la impotencia del Estado capitalista, sería una valiosa ayuda para que se comprenda la necesidad de una revolución proletaria socialista.

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