Internacionales
14/1/2026
El gobierno de Bolivia impone el gasolinazo tras un acuerdo con la dirección de la COB
El decreto original fue reemplazado, pero mantiene la supresión de los subsidios a los combustibles
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Uno de los piquetes contra la anulación del subsidio a los combustibles
Tras varias semanas de piquetes, paros y movilizaciones, el gobierno boliviano, la Central Obrera Boliviana (COB) y una de las federaciones campesinas arribaron el domingo 11 a un acuerdo en El Alto para la abrogación del decreto 5.503 que establecía, como medida estelar, la supresión de los subsidios a los combustibles, una medida de brutal impacto sobre la población trabajadora, ya que implica un aumento generalizado de precios, empezando por el transporte. A cambio, las centrales se comprometieron a levantar inmediatamente los bloqueos.
Sin embargo, el texto acordado señalaba que el nuevo decreto, a elaborar en consulta con las organizaciones mencionadas, mantendría “de manera exclusiva los artículos referidos a la subvención de combustibles”, una formulación confusa que llevó a algunos medios a interpretar que los subsidios se mantendrían, cuando en realidad se quería indicar lo contrario.
En efecto, el nuevo decreto (5.516) rebaja la cantidad de artículos del paquete a 32, respecto a los más de 100 originales, pero deja intacta la eliminación de los subsidios a la gasolina especial (queda en 6,96 bolívares) y el diesel (en 9,80 bolívares), lo que implica la convalidación de aumentos de entre 86 y 162%. Esto va acompañado de algunas medidas sociales, como el aumento del bono Juancito Pinto y de la Renta Dignidad, el establecimiento de una nueva transferencia para “hogares vulnerables”, y un aumento del salario mínimo de 20%, todas medidas que solo morigeran el impacto de la liberalización de los combustibles. Además, el decreto fija un congelamiento de las contrataciones en el Estado, excepto salud, educación y fuerzas de seguridad. En cuanto a los puntos que quedaron en el camino, el Ejecutivo los girará para su consideración en la Asamblea Nacional.
Este martes 13 se realizó un ampliado nacional de la COB en el que su conducción celebró el acuerdo alcanzado como una “victoria”, e incluso agradeció –por boca de su secretario general, Mario Argollo- la “predisposición de las autoridades del gobierno” (la versión final del decreto se cocinó en una reunión entre las partes hasta las 3 de la madrugada del martes) y señaló que “cuando se gobierna escuchando al pueblo, estos son los resultados. Si se hubiera socializado de buena manera (desde el comienzo), este movimiento no hubiera sido necesario” (La Razón, 13/1).
El secretario general de la central, sin embargo, había admitido antes de este ampliado el descontento que reinaba entre los afiliados de la COB por el acuerdo de El Alto. “Argollo dijo que la dirigencia fue muy criticada por sus bases ‘por la buena fe’ que han tenido con el gobierno para firmar el acuerdo y suspender las movilizaciones”, informó El Deber (13/1). Hasta bien entrado el lunes 12, de hecho, se mantuvieron en pie decenas de bloqueos.
La COB terminó adaptándose a la política y el discurso ajustador del nuevo gobierno de Paz, que asumió en noviembre, poniendo fin a veinte años de gobiernos del MAS, excepción hecha del golpe de Estado de 2019 que desplazó a Evo Morales e impuso en el poder a Jeanine Añez, quien gobernó hasta 2022.
Como Milei en Argentina, Paz sostiene que el ajuste es la única salida a la crisis. Y el mandatario boliviano, finalmente, consiguió imponer la anulación del subsidio a los combustibles, pese a partir de una situación desventajosa. No solo por la pujanza de las movilizaciones y los bloqueos, sino por la propia crisis política que se abrió al interior del gobierno. El vicepresidente Edman Lara (un expolicía que ganó fama por denunciar la corrupción de la jerarquía policial) se declaró a fines de diciembre como “oposición constructiva” al gobierno de Paz, y se pronunció en contra del decreto 5.503 de supresión de los subsidios.
Esta puja en las alturas del poder estalló con el reparto de lugares en el gabinete. A Lara solo le tocó un ministerio, y lo perdió rápidamente, ya que su titular fue eyectado bajo acusaciones de corrupción. En el gabinete, en cambio, ubicó varias figuras el empresario Samuel Doria Medina, uno de los rivales de Paz en la contienda presidencial de 2025. El acuerdo entre los dos excandidatos se extiende al parlamento, donde Paz está muy lejos de una mayoría propia. La consolidación de una mayoría legislativa se transforma ahora en un asunto clave para que el Ejecutivo pueda hacer pasar otros aspectos de su agenda ajustadora.
Al revés de lo que plantea la COB, es el gobierno boliviano quien sale fortalecido de la puja por el decreto 5.503, puesto que, si bien el decreto fue reemplazado, se mantuvo en pie su viga maestra.
Para las masas bolivianas, que volvieron a mostrar en este proceso su combatividad, se plantea la cuestión de una dirección revolucionaria que lleve a buen puerto la lucha contra la ofensiva capitalista e imperialista.
