César Zelada es dirigente de la Agrupación Vilcapaza y miembro de la junta directiva del Movimiento Sin Techo de Perú (MST-P). Presente en Buenos Aires para participar como invitado en las deliberaciones del XXIX Congreso del Partido Obrero y también en la reunión internacional y el acto posterior en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA), habló con Prensa Obrera acerca de la actualidad política y social en el país andino.

¿Por qué cayó el gobierno de Pedro Castillo y cómo la actual presidenta Dina Boluarte pudo sortear la rebelión popular en su contra?

El gobierno de Castillo era un gobierno muy improvisado. Él mismo no era militante de Perú Libre, el partido con el que ganó las elecciones. De hecho, una de las condiciones que le ponía al principio de manera extorsiva la derecha era que rompiera con ese partido para dejarlo gobernar, y eso es lo que hizo. En el camino, Castillo comenzó a construir una estructura improvisada con familiares y amigos. Era “una mazamorra”, sin forma, textura, consistencia.

Durante el año y medio de mandato de Castillo la derecha desenvolvió un plan de destrucción de su gobierno, condicionándolo y bajándole ministros. Castillo no tenía mayoría en el Congreso. Y Estados Unidos dio la venia para el golpe [ndR: Castillo fue destituido a fines de 2022 por el parlamento, encarcelado, y asumió la vice Dina Boluarte]. En ese marco, la burocracia sindical (CGTP) no tuvo ningún plan ni preparó a las bases para tirar abajo el golpe. Y sectores de la centroizquierda (diputados de Perú Libre y Juntos por el Perú) terminaron votando a favor de la vacancia de Castillo.

Por el lado del movimiento obrero y popular se creó un organismo semi-espontáneo (Conul, Comando Nacional Unitario de Lucha) a partir de las provincias que se rebelaron (Puno, Cuzco, Tacna, Ayacucho, Apurímac -la sierra central y el sur del país). Estos sectores combatieron pero no tuvieron el respaldo de Lima, donde se impuso el discurso de que Castillo era un incapaz y un corrupto y que los que salían a protestar iban a ser retenidos. Y para entonces ya había habido algunas muertes [la represión dejó decenas de fallecidos]. La gente entró en pánico y no hubo respuesta masiva en la capital, donde el voto a Castillo, además, había sido ínfimo. Estos factores explican por qué fue derrocado. Además, las fuerzas armadas estaban detrás de la derecha.

Boluarte se sostuvo en el poder, pero ¿qué perspectivas tiene su gobierno? Ahora, por ejemplo, estalló el “rolexgate” [escándalo por la colección de relojes lujosos de la mandataria]…

Nosotros señalamos en una nota que el gobierno de Boluarte se iba a desenvolver como un gobierno títere, porque en realidad los que gobiernan son los partidos del Congreso con el aval de Estados Unidos. Hay que recordar que fue la embajadora norteamericana Lisa Kenna la que dio la venia para que comience la represión que ejecutó Boluarte. Se sostiene porque tiene el apoyo del parlamento y principalmente del fujimorismo, del acuñismo [Alianza para el Progreso] e incluso de Perú Libre [fuerza que hizo un acuerdo para la votación de autoridades y reparto de las comisiones del Congreso con los bloques principales]. PL se reclama marxista leninista pero justifica ese pacto.

En el desarrollo del golpe, la dictadura cívico-militar se convirtió en una dictadura cívico-militar parlamentaria. En el caso del “rolexgate”, están las pruebas de manera flagrante, pero el Congreso hizo la vista gorda y miro para otro lado.

Ahora hay toda una ofensiva donde incluso se ha aprobado una ley de salvataje de las AFP (empresas de jubilación privada) por miles de millones de soles que van a salir de los bolsillos de los trabajadores. También se discute instalar una nueva cámara de senadores (la bicameralidad, una tentativa rechazada en un referéndum durante el gobierno de Martín Vizcarra). El parlamento acaba de aprobar también cambios en la junta nacional de justicia (órgano que elige a magistrados) y el ente electoral. Las mafias procapitalistas del Congreso como el fujimorismo y el acuñismo quieren garantizar un fraude en las próximas elecciones. A la vez, lo del “rolexgate” ha desprestigiado al gobierno. El gobierno de Boluarte se encuentra en 5 por ciento de aprobación (niveles por debajo de los mínimos de Alan García y Alejandro Toledo) y el Parlamento en 7 por ciento.

¿Cómo se puede lograr traducir esa bronca que aún persiste hacia las instituciones en una gran movilización popular?

Hubo algunas marchas alrededor del tema minero ambiental, que fueron reprimidas. También una manifestación el 22 de mayo contra la privatización del agua dirigida por el sindicato del sector. Además, hubo bloqueos de los trabajadores agrarios en Ica. Pero estamos ante un reflujo. El sector sindical obrero minero, ni siquiera en el mejor momento de la rebelión, puso su sello. El sector de la construcción civil salió unas cuantas veces a marchar, pero de forma esporádica. A su vez, la centroizquierda quiere llevar todo a las elecciones de 2026. Pero no es seguro que haya 2026. Es tan profunda la crisis del gobierno de Boluarte que hasta a las propias mafias de la derecha como el fujimorismo y el acuñismo les va a ser un gran desgaste político seguir esta convivencia, porque al final Boluarte “ni ata ni desata” [“ni pincha ni corta”], es el parlamento el que está gobernando el país. Hemos pasado de un régimen semipresidencialista a uno parlamentarista donde las propias fuerzas armadas tienen su bancada en el Congreso.

Nosotros como agrupación nos metimos de lleno en el problema de la vivienda y logramos movilizar unas 10 mil familias trabajadoras. Fuimos intervenidos por la dictadura y reprimidos, pero sigue siendo un problema acuciante, igual que el salario.