Sesenta personas fallecieron y otras cien resultaron heridas durante el incendio del hospital Al-Husein, en la ciudad irakí de Nasiriya. Según el Ministerio de Salud, dicho incendio comenzó en la unidad para pacientes con Covid-19, luego de que explotara una bomba de oxígeno. Lo mismo ocurrió hace tres meses en el hospital capitalino Ibn Al Jatib, en ese caso con ochenta y dos muertes. En ambos casos, una decena de personas fallecieron al ser desconectados de sus respiradores mientras eran evacuados.

Luego del velatorio, el pasado martes 24, alrededor de seiscientas personas se movilizaron para denunciar la responsabilidad del gobierno, coreando la consigna “¡los partidos políticos nos están quemando!”. Sucede que, cuando comenzó la pandemia, el gobierno de Mustafa al-Kadhimi instaló varios centros de salud prefabricados destinados al tratamiento del coronavirus, pero se pasaron por alto controles de infraestructura y seguridad, con techos de material inflamable y sin sistema contra incendios. Además, las obras públicas están sospechadas de sobrefacturaciones y malversación de fondos (Noti América, 13/7).

Por temor a que las manifestaciones se masifiquen, al-Khadimi reconoció rápidamente en Twitter que el hospital “no cumplía los requisitos de seguridad” (France 24, 17/7). En abril y con el mismo objetivo, dijo en un comunicado oficial que “lo ocurrido es una muestra de negligencia” (El País, 25/4). Sin embargo, ningún centro sanitario ha sido refaccionado en estos meses. La desidia del Estado es total y la oferta sanitaria se reduce en un país con promedio de nueve mil casos diarios.

A los comunicados y días de duelo, le siguieron una ristra de dimisiones. El parlamento solicitó la renuncia del ministro de Salud de Zi Qar, del director del hospital Al-Husein y de todos los encargados de salud y mantenimiento. Por temor a quedar incriminados en otra catástrofe o en las denuncias por sobrefacturación y lavado de dinero en estas obras públicas, renunciaron “espontáneamente” todos los directores y subdirectores de otros cinco hospitales (Infobae, 13/7). Con estos relevos, el gobierno busca calmar el malestar popular y que no avance la cadena de responsabilidades.

Las masas iraquíes desenvolvieron, en los últimos años, grandes luchas ante el deterioro en sus condiciones de vida, como en 2018 y 2019, que se sublevaron frente a los problemas de abastecimiento eléctrico y de agua potable. El régimen corrupto y criminal respondió con una brutal represión, dejando más de 150 muertes. En repudio, los manifestantes incendiaron las sedes de los principales partidos.

El incendio del hospital iraquí, donde se albergaban pacientes con coronavirus, es una catástrofe dentro de otra catástrofe. Solo una intervención independiente de las masas trabajadoras puede darle un giro a esta situación.