Con la “valentía” que le faltó para enfrentar a los banqueros que saquearon al Uruguay, Batlle intentó mostrar “fuerza” enviando a la policía a desalojar dos colegios secundarios ocupados por sus estudiantes.

El domingo 29, a la madrugada, cientos de policías armados de garrotes y cachiporras entraron por la fuerza en los liceos 11 y Miranda, donde se encontraban, dado el día y la hora, apenas unas decenas de chicas y chicos quinceañeros. La policía “apuró” el desalojo para impedir que, con las primeras horas de la mañana, llegaran a los colegios cientos de pibes.

La policía entró a los palos en los colegios; los chicos fueron golpeados en el desalojo y luego en las seccionales a las que fueron trasladados. Para impedir la movilización solidaria de padres y vecinos, se estableció un “cerco” de varias cuadras alrededor de las escuelas. Vecinos que filmaron o fotografiaron la brutalidad policial sufrieron el secuestro de sus cámaras.

Con este desalojo brutal, el gobierno pretendió poner fin a la lucha estudiantil. Durante más de un mes se desarrolló una huelga universitaria y fueron ocupados una decena de liceos. Los estudiantes no sólo levantan reivindicaciones políticas – “fuera el FMI”; en las marchas, la consigna más coreada es “hay que tirar a Batlle y su gobierno” – sino que, además, plantean expresamente la necesidad de extender su lucha hasta convertirla en una huelga general de toda la población trabajadora. En este sentido, es notable el impulso dado por los estudiantes en huelga a las acciones comunes con los sindicatos y organizaciones populares en lucha.

El levantamiento de la huelga universitaria y de las ocupaciones en la mayoría de los colegios (con la promesa oficial de abrir una negociación sobre el pliego reivindicativo), hizo pensar al gobierno que podría arremeter fácilmente contra los liceos que resolvieron mantener la ocupación.

Se equivocó. La huelga parcial declarada por el Pit-Cnt en repudio a la represión fue masivamente cumplida en las instituciones educativas; una masiva y combativa marcha estudiantil cercó el Codicen (el organismo gubernamental encargado de la educación secundaria) y repudió el desalojo.

El conflicto no está cerrado y ahora se ha extendido a los docentes. El sindicato docente rechazó el planteo gubernamental de extender las clases hasta enero para “recuperar el tiempo perdido”. El sindicato docente denuncia que la responsabilidad de las ocupaciones es del propio gobierno, que destruye la educación pública y se negó durante un mes y medio a atender los reclamos estudiantiles. Todos los partidos, incluido el Frente Amplio, repudiaron la posición de los docentes, es decir que hicieron causa común con el gobierno contra los estudiantes y los maestros.