En forma subrepticia, en horas de la madrugada del domingo 11, durante un fin de semana, tropas de la policía militarizada (PFP) tomaron por asalto y ocuparon las instalaciones de Luz y Fuerza Centro (LFC), la empresa paraestatal que brinda electricidad a la región central de México. Desde entonces, fuerzas militares y policíacas ocupan la empresa.

El asalto fue planificado “minuciosamente” por la Jefatura del Estado Mayor de la PFP y ejecutado “impecablemente” en sólo cinco minutos (Agencia Reforma, 12/10). Tomaron parte 1.500 efectivos; sus acciones fueron seguidas por un helicóptero que transmitía “en tiempo real a la Oficina del secretario de Seguridad Pública, Gerardo García Luna, quien seguía el desarrollo del operativo” (ídem). El copamiento de LFC fue una operación militar en gran escala, en la que participaron directamente los más altos escalones del aparato del Estado.

La ocupación militar tiene como objeto impedir cualquier resistencia al decreto de “extinción” de LFC, que el presidente Calderón firmó en la noche del sábado 10. Dos de los principales diarios mexicanos (La Jornada y El Universal) coinciden en denunciar que ese decreto es violatorio de la Constitución y de las atribuciones del Congreso. El objetivo de la “extinción” de LFC es “avanzar sustancialmente en el desmantelamiento y privatización de la industria eléctrica de propiedad de la nación (La Jornada, 12/10). Martín Esparza, del Sindicato Mexicano de Electricistas, denunció que “detrás de la liquidación de LFC se halla la intención de garantizar a particulares el usufructo de la red de fibra óptica del organismo” (ídem). Según La Jornada (12/10), la compañía fue sometida a “una política de abandono presupuestario (por) las recientes administraciones”. La estatal CFE (generadora) le vende a LFC (distribuidora) a un precio igual al de cualquier industrial. Pero LCF está obligada a venderla al mismo o menor costo del que la recibe de la CFE. Por esta vía, el quebranto está asegurado.

La “extinción” de LFC significa, automáticamente, la extinción del sindicato que agrupa a sus 46.000 trabajadores, el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).

EL SME es un sindicato de tradición combativa, se ubica en el ala izquierda del movimiento sindical y su dirección está vinculada con una de las fracciones en que se encuentra dividida la dirección del centroizquierdista PRD.

El Universal (12/10) dice que “existe la sospecha de que se trata de un ataque contra el sindicalismo democrático, pues el SME lleva adelante elecciones constantes, con voto universal, directo y secreto, algo de lo que no pueden presumir la mayoría de los sindicatos”.

En las últimas elecciones se impuso Martín Esparza, pero el gobierno de Calderón intentó desconocer su victoria. Durante un largo período, las autoridades laborales se negaron a otorgarle a Esparza la “toma de nota” (reconocimiento del Estado) y la puso en un limbo legal. Luego de una larga batalla, Calderón no pudo desplazar a la dirección sindical. Procedió entonces, simplemente, a disolver la empresa y el sindicato.

Aunque la “extinción” del SME es imprescindible para que el gobierno pueda avanzar en las medidas de racionalización necesarias para convertir a LFC en una empresa “apetecible” para los pulpos privatizadores, algunos “analistas” patronales ya han indicado que LFC puede funcionar con 8.500 trabajadores, lo que implicaría el despido de 37.500 electricistas. También apuntan a la liquidación de las conquistas del convenio colectivo (El Universal, 12/10).

En el sur del país ya comenzaron las marchas contra el gobierno y en apoyo de los trabajadores del SME. El propio Sindicato anunció que podría convocar a una huelga nacional de solidaridad.
“La descarga que puede ocasionar este episodio sobre el ya muy tenso tejido social es de proporciones insospechables. Desde ayer la polarización es notable. Las partes no han hecho (todavía) lo suficiente para orientar a su favor, definitivamente, la balanza de la opinión pública” (ídem). La batalla recién empieza.