El gobierno de Polonia, a la cabeza del partido nacionalista y ultracatólico Ley y Justicia (PiS) avanzó en limitar aún más los derechos reproductivos de las mujeres. El Tribunal Constitucional, con jueces adictos al gobierno, el día viernes emitió un fallo que considera inconstitucional la interrupción del embarazo en caso de que el feto sufra una malformación o enfermedad. Esta restricción impulsada por el oficialismo la prohibición al derecho al aborto es casi total: según datos oficiales, el 97% de los abortos legales son por causa de malformación del feto. Durante todo el fin de semana, decenas de mujeres se movilizaron al Tribunal en rechazo a esta avanzada clerical.

La ley hasta el momento era la más restrictiva de toda la Unión Europea: por autorizar el aborto sólo en tres casos: cuando corre riesgo la vida o la salud de la madre, cuando un examen prenatal indica una grave patología irreversible en el embrión y cuando el embarazo se debe a una violación o a un incesto. Esta avanzada oscurantista ya había tenido su precedente en el año 2016. En esa ocasión, las mujeres polacas se organizaron en una huelga y se movilizaron en todas las ciudades del país en lo que se conoció como el “lunes negro”, tirando abajo este intento que buscaba penas de cárcel de cinco años para las mujeres que recurran y realicen la práctica. La protesta había sumado a decenas de miles de mujeres en todo el país, incluso en ciudades conocidas por ser profundamente católicas, y había incluido el llamado a abandonar los puestos de trabajo, las aulas y las tareas domésticas, agregándole una extraordinaria contundencia a la movilización.

Esta nueva restricción resulta una avanzada reaccionaria de la alianza entre la Iglesia Católica y el gobierno de Ley y Justicia. Es la Iglesia polaca sacudida por las denuncias de abuso sexual. En marzo de 2019, la Conferencia Episcopal de Polonia publicó un informe donde se recopilan 625 casos de abuso sexual entre 1990 y 2018 que implican a 382 sacerdotes –pero fue duramente criticado por las organizaciones de víctimas por abarcar una parte menor del total de abusos. El documental “No se lo digas a nadie” realizado por Tomasz Sekielski en 2019 destapó el silencio de la Iglesia frente a los abusos de niños y niñas por parte de los curas. La película critica fuertemente a la Iglesia por la laxitud ante los casos y acusa al papa Juan Pablo II por ocultar el tema. La impunidad que reina en la Iglesia polaca está amparada por un poder político aliado, que ha apartado a una minoría de los curas abusadores de sus cargos eclesiásticos -muchos de jerarquía- y se afana públicamente de “quien alza la mano contra la Iglesia, la alza contra Polonia”.

Solo redoblando la organización de las mujeres, como en el 2016 con el “lunes negro”, se podrá tirar abajo este fallo regresivo en derechos para las polacas.

 

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