En la noche del viernes 17 de octubre, Carlos Mesa juró como presidente de Bolivia, como resultado de un golpe de Estado democratizante. Fue armado por la Iglesia, las cámaras patronales, la diplomacia argentino-brasileña, el MAS del cocalero Evo Morales, las fuerzas armadas, la embajada norteamericana e, incluso, una parte del propio gabinete de Sánchez de Lozada. Tuvo por objeto impedir que las masas obreras y campesinas insurrectas tomaran el poder político del Estado.

Las direcciones al frente del movimiento popular ÿla COB, la Federación campesina de Felipe Quispe y el MAS de Moralesÿ han llamado a confiar en el nuevo gobierno, a “darle tiempo”, y levantaron la huelga general y los bloqueos de rutas y caminos. Evo Morales ha declarado que los anuncios de Mesa representaban “en un 80% el programa del MAS” ( Econoticias, 19/10). Las direcciones llamaron a festejar la “victoria popular” y el “fin del neoliberalismo”.

Apenas los mineros y los campesinos abandonaron La Paz para volver a sus distritos, apenas el “peligro” revolucionario hubo retrocedido y se sintió “una nube de alivio en el ambiente” (Pulso, La Paz, 24/10), el usurpador Mesa comenzó a ejecutar un programa de gobierno que es la continuidad del “programa neoliberal” del depuesto Sánchez de Lozada.

Contra los campesinos

Mientras Mesa se fotografiaba con Quispe, el nuevo canciller, Juan Siles, anunció que antes de fin de año se firmará el tratado de libre comercio con Chile que venía negociando el gobierno de Sánchez de Lozada (Econoticias, 21/10). Las organizaciones campesinas habían denunciado que este acuerdo, al facilitar el ingreso de cebolla, trigo, papa, tomate, fruta, lácteos y hortalizas, terminaría de destruir la economía campesina. En las últimas dos décadas, el contrabando y la liberalización comercial redujeron a la mitad los ingresos de los campesinos del Altiplano.

El gobierno de Mesa sigue adelante con este acuerdo que tiene por objetivo central promover las exportaciones de soja transgénica del oriente boliviano. El lobby sojero ÿque incluye no sólo a los grandes productores agropecuarios sino también a las comercializadoras y a las empresas productoras de semillas, fertilizantes y plaguicidas (todas de origen imperialista)ÿ concentra el 87% de las tierras aptas para la producción y un porcentaje todavía mayor del crédito al sector agrícola. La Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo, que agrupa a los grandes productores exportadores de soja bolivianos y extranjeros, ha logrado poner su hombre en el gabinete de Mesa, Diego Montenegro, gerente de la Asociación por más de una década, nada menos que como ministro de Asuntos Campesinos y Agropecuarios.

Con el FMI

El nuevo ministro de Hacienda, Javier Cuevas, asesor económico por muchos años de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, aseguró que el gobierno de Mesa dará “estricto cumplimiento a los programas suscriptos con el FMI” (Econoticias, 21/10). Estos acuerdos obligan a Bolivia a reducir el gasto público y a aumentar la recaudación impositiva, especialmente el impuesto a los salarios (cuya imposición provocó una pueblada en febrero pasado).

Cuevas anunció que “no habría recursos para atender las demandas sociales y laborales (…) Es necesario no crear expectativas en la población acerca de lo que podría ser el próximo presupuesto y el presupuesto regional” (ídem).

Venta del gas

Alvaro Ríos, ministro de Minas e Hidrocarburos y antiguo lobbista de las empresas energéticas, anunció que “el gobierno de Mesa persistirá en su intención de exportar gas natural a Estados Unidos” (Econoticias, 23/10). De un plumazo, Mesa se “olvidó” del referéndum sobre la venta del gas. El nuevo ministro anunció que el referéndum sólo se referirá a las características de la venta del gas.

“Quiero mandar un mensaje claro a la comunidad petrolera internacional, a los organismos de financiamiento ÿagregó el nuevo ministroÿ: vamos a tratar de ser bien equilibrados en lo que haya que revisar de la Ley de Hidrocarburos porque no podemos ahuyentar al capital” (ídem). Repsol y British Petroleum, satisfechos.

Erradicación de la coca

En sus primeros anuncios, el presidente anunció que seguiría adelante con la política de erradicación forzosa de las plantaciones de coca. Mesa ya tiene sus primeros muertos, como consecuencia de enfrentamientos entre soldados y campesinos cocaleros en la región del Chapare.

En Bolivia mandan los explotadores

Mesa encabeza un gabinete con representantes directos del gran capital y cuenta con el apoyo de la Iglesia, las cámaras patronales, los partidos del antiguo régimen, las fuerzas armadas, el imperialismo y los regímenes democratizantes de América Latina. Pero lo que le da sustentación política es el desarme político de las masas. Las direcciones (la COB, Quispe, Morales), al impulsar la “salida constitucional”, fueron a contramano de la insurrección obrera y campesina que sacudió a Bolivia y que de una manera instintiva tendía a establecer su propio poder. Estas direcciones engañaron a las masas calificando el ascenso del neoliberal Mesa como “un triunfo popular”. Llamaron a confiar y a desmovilizarse.

El “indigenista” y democratizante Alvaro García Linera miente de manera cabal cuando sostiene que “el gobierno de Mesa es el producto de una sublevación popular, no de los partidos” (O Estado de Sao Paulo, 19/10). Al revés: el aborto de la sublevación popular ha permitido a los partidos y direcciones que estaban a la cabeza de las masas poner a Mesa. Es el producto de la actuación de los partidos,y de la Iglesia, la burguesía, las fuerzas armadas y la diplomacia democratizante.

“Hoy, a Mesa no lo sostiene en la Presidencia la Embajada ni los factores típicos de poder” dice sin sonrojarse la revista Pulso (24/10); “su gobierno (continúa) camina flanqueado y vigilado por una especie de poder civil y ciudadano que está advirtiendo algo asombroso: la caída de Goñi ha permitido arrebatarle a los partidos y a la política de la naúsea la conducción del país”. Esto es falso por todos lados: a Mesa sí lo sostienen “la Embajada (y) los factores típicos de poder” y, como lo revela el programa que ejecuta, no se le ha arrebatado al imperialismo y a los explotadores “la conducción del país”.

Integración al Estado

¿El nuevo gobierno se encuentra “vigilado” por “una especie de poder civil y ciudadano”? Su gabinete y su programa muestran exactamente lo contrario: son las direcciones de las organizaciones populares las que se han convertido en rehenes del nuevo gobierno “constitucional”. Habiendo rechazado y boicoteado la posibilidad de que los explotados establecieran su propio poder, las direcciones democratizantes están obligadas a tragarse todo lo que haga el “demócrata” que hoy gobierna Bolivia.

Las direcciones democratizantes de masas han reforzado sus tendencias a la integración al Estado. La revista Pulso (24/10) señala no sólo que en la crisis se ha visto “un Evo Morales renovado”, sino que el “gran error” del régimen político de Sánchez de Lozada fue que “ni el MAS ni el MIP (de Quispe) fueron exitosamente incluidos dentro del sistema democrático boliviano”. “Me aventuro a afirmar que si ello ocurre ÿdice el comentarista Rafael Archondoÿ el MAS y el MIP tendrían fundadas y obligatorias razones para reemplazar, así sea sólo parcialmente, los bloqueos por la deliberación democrática” (ídem).

La conclusión de Archondo es clarísima: “Aquí se trata, sin rubores, de domeñar los ímpetus insurreccionales de la plebe movilizada mediante su renovada adhesión a un Congreso transformado en el motor de este gobierno de transición”. Las direcciones políticas de las masas están plenamente jugadas a esta estrategia.

Rearme político

La política rabiosamente capitalista de Mesa obligará a los explotados bolivianos a salir nuevamente a la lucha. Para vencer, es necesario que la vanguardia que estuvo a la cabeza de los cortes de ruta, de la huelga general, de los choques con el Ejército y la Policía, se rearme políticamente. Esto significa sacar todas las conclusiones del primer episodio de la revolución boliviana: el carácter insuperablemente contrarrevolucionario de la política y de las direcciones democratizantes, y la necesidad de organizarse en torno a un eje político revolucionario.