Si bien Rusia no se encuentra entre los países más afectados por el Covid-19 (las 360 víctimas fatales están muy por debajo de las cifras de Italia, España e incluso Alemania), en los últimos días ha aumentado la cantidad de casos y se espera que el virus, que por ahora se concentra en Moscú, se extienda inexorablemente al resto del país. En este contexto, el gobierno de Vladimir Putin se ha visto obligado a endurecer las medidas de confinamiento.

Es muy probable que el impacto económico y político del coronavirus en el país supere a su impacto sanitario. Básicamente, por el derrumbe de los precios del petróleo, que junto al gas explican por lo menos el 40% de los ingresos nacionales. Después de fuertes choques, Rusia llegó a un acuerdo con la Opep para recortar la producción, sin lograr por ello detener el desplome. La caída ha ido acompañada de una devaluación del rublo.

A este cuadro, se une el impacto de las sanciones económicas norteamericanas y europeas, tras la anexión de la península de Crimea en 2014. La introducción de dichas sanciones, que coincidió con una caída del precio del petróleo, terminó por hundir al país en una recesión y las empresas rusas quedaron privadas del financiamiento norteamericano. De aquella caída Rusia no se recuperó del todo, puesto que para 2019 tuvo un crecimiento anémico del 1,3%. Para contrarrestar las sanciones, Rusia se recostó más sobre China, que llevó a cabo inversiones en proyectos gasíferos y petroleros, así como el ingreso en empresas de infraestructura. El comercio entre ambas partes creció sustancialmente.

Pero en el cuadro de la pandemia, Rusia ha debido cerrar las fronteras con su par asiático, y se descuenta una importante caída de la economía china para este año. El gobierno de Putin ha dispuesto también un fondo de 300 mil millones de rublos frente a la actual emergencia, pero no ha podido recurrir -como otros países- al recurso de bajar su tasa de interés, dado que tuvo que mantenerla en sus niveles presentes para compensar la caída del rublo.

Las sanciones económicas del imperialismo, en tanto, generan una presión sobre la oligarquía rusa para que se someta al capital internacional.

Impacto político

El agravamiento de la crisis mundial, con su impacto sobre la economía rusa, supone el mayor desafío para Putin, quien ha lanzado al ruedo un proyecto de reforma constitucional que le posibilitaría una nueva reelección. Con la reforma, se mantiene el límite de dos mandatos consecutivos para un presidente, pero no se cuentan los que Putin ya ejerció, por lo que queda teóricamente habilitado para gobernar hasta el 2036.

La reforma permitirá también al parlamento elegir al primer ministro, pero se trata de una figura de poco peso político. Y, aparentemente, le concede un reconocimiento formal al Consejo de Estado (como agencia gubernamental), que encabeza el presidente y engloba también a los jefes de las regiones federales. Algunos creen que, bajo esta modificación, Putin se reserva una alternativa, la de gobernar a través de ese organismo.

La reforma está hecha al servicio del reforzamiento del bonapartismo de Putin, quien se transformó en el hombre fuerte de Rusia al lograr ponerle un freno a la desintegración del país, tras los catastróficos primeros años de la restauración capitalista, y al arbitrar en los choques entre oligarcas por el acaparamiento de la propiedad estatal soviética. Putin ha acompañado su consolidación en el poder con un discurso nacionalista, que no se priva inclusive de una reivindicación del pasado burocrático estalinista. La nueva carta magna proclama que Rusia es “heredera de la URSS”. Putin reivindica expresamente su bonapartismo al señalar que “un poder presidencial fuerte es absolutamente necesario” en Rusia. Sostiene que el país ha vivido ya “bastantes revoluciones”, por lo que le opone “cambios mediante la evolución”. Se presenta, entonces, como el garante del orden y la unidad nacional. E incluso de la recuperación de la influencia perdida en el plano exterior (Crimea, Siria, etc.).

Otro aspecto importante es que se barre con el carácter laico del Estado, al introducir una alusión a la “fe en Dios”. Se refuerza, de este modo, el poder de la Iglesia Ortodoxa. Se define también al matrimonio como la unión de un hombre y una mujer, en línea con la política de marginación y represión de la comunidad LGTBI (en 2013 se instituyó una ley contra la “propaganda gay” y hay terribles denuncias sobre la persecución contra homosexuales en Chechenia).

Finalmente, para hacer más digerible el proyecto se instituye que las jubilaciones deben subir de acuerdo al aumento del costo de vida y que el salario mínimo no puede estar por debajo del nivel de pobreza. Son formalidades, si se tiene en cuenta que un quinto de los rusos viven en la pobreza y -al calor de la crisis- el gobierno ha ido aplicando ajustes en salud, educación y -el golpe mayor- una reforma jubilatoria que subió la edad de retiro en un país que, debido al impacto devastador de la restauración, vio caer la expectativa de vida.

El proyecto constitucional de Putin ya fue aprobado por el parlamento y la justicia. Resta un plebiscito, donde todos los cambios se pondrán a consideración en bloque, equiparando el poder adquisitivo de las jubilaciones y el salario con la perpetuación de Putin y el reforzamiento del clero. De todos modos, el coronavirus le ha jugado una mala pasada al mandatario, que ha debido postergar el referéndum.

La oposición

Frente al proyecto de reforma constitucional, la oposición impulsó algunas movilizaciones de rechazo, pero que han estado por debajo de las protestas contra la proscripción de candidatos opositores en las elecciones locales de 2019. Tampoco se trata de una oposición homogénea. Mientras hay un sector más confrontativo, como el del bloguero Alexei Navalny, otro sector se mantiene más en la línea de una oposición institucional. En la Duma, los diputados del Partido Comunista no votaron en contra de la reforma sino que se abstuvieron.

El partido de Putin (Rusia Unida, RU) conserva un amplio dominio electoral (en las últimas elecciones presidenciales obtuvo más del 70% de los votos, contra un 12% de su inmediato seguidor), pero viene sufriendo algunos retrocesos al calor de la crisis. El año pasado, perdió un tercio de sus bancas en el parlamento de Moscú, a manos fundamentalmente del Partido Comunista, pero también de Rusia Justa -que se define como socialdemócrata- y del liberal Yábloko. El sector de Navalny, proscripto, impulsó la táctica de “voto inteligente”, llamando a votar al candidato opositor mejor posicionado en cada circunscripción electoral para vencer al oficialismo.

La oposición ha registrado también algunos progresos en las regiones. En Jabárovsk, el año pasado, el Partido Liberal Democrático se impuso a RU. En 2018, el PC derrotó en primera vuelta al oficialismo en la empobrecida Irkustsk, en Ulyanovsk (Rusia europea) y en Jakasia (Asia Central).

Otro punto a tener presente es la alta abstención, superior al 30% en las dos últimas elecciones presidenciales.

Sin llegar a desestabilizar el dominio de Putin, son todas expresiones de un desgaste del gobierno.

Nueva etapa

El impacto de la crisis desafía el bonapartismo de Putin y redoblará la presión del imperialismo por un nuevo salto en la colonización capitalista de Rusia.

Frente al régimen de Putin y una oposición que está adaptada a él o es directamente un ariete del imperialismo, es necesaria la independencia política de los trabajadores y el desarrollo de una oposición política socialista y revolucionaria.