Los nueve presos catalanes quedaron en libertad este miércoles, tras los indultos dictados por el presidente español Pedro Sánchez. Esto fue motivo de celebración y alivio, dado que llevaban ya más de tres años encarcelados y les faltaba un largo plazo para cumplir sus condenas. La resolución, sin embargo, mantiene la inhabilitación de cargos públicos para los indultados y condiciona su libertad a que no cometan ningún “delito” en los próximos años, con lo cual limita su acción política, dado que el Estado español penaliza muchas de estas actividades, como lo hizo con el referéndum de independencia de octubre de 2017. A su vez, continúan procesadas cerca de 3.000 personas por su participación en el “procés” y otros referentes se encuentran en el exilio.

Estamos en presencia de una maniobra política del gobierno centroizquierdista. Sánchez aspira, con los indultos, a despejar el camino de una mesa de diálogo con el gobierno catalán (el Govern) que apunte a clausurar el proceso político independentista de los últimos años. En tal sentido, promueve una “Agenda para el Reencuentro” con posibles concesiones, como un cambio de la ley de financiación autonómica. Más allá de la cuestión de fondo, que es desactivar el conflicto más importante que afrontó el Estado monárquico en el último período, a Sánchez también le serviría este plan para consolidar su relación con los partidos de gobierno catalanes (ERC, Junts), presentes en el parlamento nacional.

El operativo presidencial cuenta con el beneplácito de sectores de la burguesía, tanto la madrileña como la catalana. Tras el reciente encuentro del Cercle d’Economia, que concentra a los hombres de negocios catalanes, el presidente de la cámara patronal nacional (la CEOE), Antonio Garamendi, insinuó su apoyo a los indultos, en tanto contribuyeran a una “normalización”. Frente a algunas críticas que emergieron dentro de la central empresaria, Garamendi puntualizó que por la normalización se refería a un clima político que posibilite el retorno a Barcelona de aquellas compañías que trasladaron sus sedes sociales a partir de 2017. Son más de 5.400, entre ellas Caixabank, Banco Sabadell y Naturgy.

Por su parte, el jefe del Cercle, el catalán Javier Faus, desacreditó los “experimentos unilaterales” -por referencia al referéndum de 2017- y llamó a superar la “parálisis” que el conflicto habría traído a la región en los últimos diez años, planteando el diálogo con Madrid como una vía para atraer la inversión extranjera. El Cercle apostilló en una declaración a la capital española como “una aspiradora de recursos”, reclamando un mayor equilibrio entre Barcelona y Madrid. El titular del Govern, Pere Aragones, defendió en el conclave empresario la gestión para Cataluña del puerto de Barcelona, el Aeropuerto de El Prat y el Consorcio de la Zona Franca (El País, 11/6).

En resumen, la burguesía catalana apuesta a arrancar mayores prerrogativas a Madrid en una mesa de negociación, desechando cualquier planteo “unilateral”, y sobre todo, procura una “normalización” que ponga fin al proceso de movilización popular.

También se pronunciaron en favor del diálogo el episcopado catalán y las centrales sindicales (UGT y Comisiones Obreras), que son próximas al gobierno de Sánchez. La derecha (PP, Ciudadanos, Vox), que ha hecho una gran agitación contra los indultos, parece quedar relegada.

El Govern, integrado hoy por las fuerzas ERC y Junts, recoge las inquietudes de la burguesía catalana. Por más que algunos de sus dirigentes se llenen la boca hablando de la independencia, lo cierto es que privilegian hoy lo que llaman una “salida pactada” con Madrid, como lo enunció expresamente el vice Jordi Puigneró (ídem, 22/6). Aspiran a un referéndum acordado, pero Sánchez aclara que no hay ninguna posibilidad de ello. Estos sectores hacen un balance autocrítico del proceso de 2017, que se les fue de las manos, debido a la profundidad de la movilización popular.

Planteamos la libertad incondicional de los detenidos y el desprocesamiento de todos los perseguidos. Cárcel a los responsables de la represión y la intervención de 2017 contra Cataluña. Abajo la “ley mordaza” y la censura del Estado monárquico. Por el derecho a la autodeterminación del pueblo catalán. Por una federación de estados socialistas ibéricos. Por la unidad socialista de Europa.