Internacionales
31/10/2024
El infame bloqueo contra Cuba y la votación de la ONU
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ONU.
La última asamblea general de Naciones Unidas se pronunció contra el bloqueo económico a Cuba que impuso Estados Unidos a comienzos de los ‘60. Hubo 187 votos a favor (incluyendo Argentina, lo que precipitó el despido de la canciller Diana Mondino), sólo 2 en contra (Washington e Israel) y la solitaria abstención de Moldavia. En rigor, el organismo ya se ha pronunciado decenas de veces en el mismo sentido desde 1992, pero la Casa Blanca simplemente ignora las resoluciones, lo que muestra, de paso, que no es la diplomacia sino la fuerza la que rige los destinos del mundo.
El bloqueo económico, financiero y comercial que sufre Cuba por parte del imperialismo yanqui, desde poco después del triunfo de la revolución de 1959, tiene severas consecuencias para la isla, obstaculizando -más allá de las responsabilidades propias del gobierno cubano- su desarrollo y afectando a la población en cuestiones básicas como la alimentación y la salud. Fuentes del régimen cubano valuaban monetariamente el impacto del embargo, hacia 2015, en más de 120 mil millones de dólares.
Desde la propia década del ‘60, el bloqueo empujó al gobierno cubano a un acercamiento con la Unión Soviética, lo que lo condujo a una dependencia tanto económica como política de la burocracia moscovita. Con la caída de la URSS, en los ‘90, la situación económica de la isla se agravó dramáticamente. También en la década del 90, Estados Unidos endureció el bloqueo por medio de normas como la Ley Torricelli (1992) y la Helms-Burton (1996), que prohibieron a subsidiarias en el exterior de empresas yanquis hacer negocios con Cuba y contemplan posibles denuncias judiciales -por parte de los presuntos afectados- contra compañías de terceros países que usen bienes o instalaciones expropiadas por la revolución. Este tipo de leyes no fueron bien recibidas en otros países imperialistas, que cobijaban a grandes empresas ya presentes o interesadas en desembarcar en Cuba.
A fines de 2014, el gobierno de Barack Obama relajó el bloqueo económico, como parte de un acuerdo con el gobierno cubano que apuntaba a una normalización de las relaciones y una mayor apertura económica de la isla, o dicho más precisamente, a un salto en la restauración capitalista. El gobierno de Donald Trump frenó esta tentativa y reimpuso las sanciones en todo su esplendor. El bloqueo revigorizado, la pandemia (en una isla que se había vuelto ya muy dependiente del turismo), la menor llegada de petróleo venezolano debido a la propia crisis de Caracas, y el brutal ajuste encarado por el gobierno cubano terminaron de precipitar una crisis social que es tal vez superior a la del período especial, en los 90, y cuya última expresión fueron los apagones eléctricos masivos. Se estima que cientos de miles de cubanos abandonaron la isla en los últimos dos años. En julio de 2021, se produjeron grandes protestas contra el gobierno cubano motorizadas por esta situación de extrema necesidad, que el régimen respondió con encarcelamientos masivos y brutales condenas de cárcel.
El levantamiento del bloqueo es una medida indispensable para el pueblo cubano. La burocracia restauracionista lo usa como excusa para liquidar lo que queda de las conquistas de la revolución y someter a la clase trabajadora cubana a privaciones cada vez más insoportables, mientras profundiza las reformas procapitalistas “a la China”. Por eso, la eficacia de la lucha contra el bloqueo depende de la organización independiente de la clase obrera cubana para enfrentar al imperialismo yanqui.
