Tres sacerdotes que se suicidaron y un cura asesinado por la víctima de un abuso sexual en el lapso de una semana: el escándalo de la pedofilia está sacudiendo a la Iglesia norteamericana. En los últimos meses, se han acumulado miles de denuncias por violaciones y abusos sexuales contra menores cometidos por sacerdotes que, supuestamente, debían protegerlos. El escándalo se convirtió en una crisis explosiva cuando quedó al descubierto la complicidad y la protección que la jerarquía eclesiástica brindó a los depredadores sexuales. La directa intervención del Papa Woijtyla, a fines de abril, muestra que la crisis de la pedofillia es una “cuestión de Estado” para el Vaticano.

Por décadas, la Curia norteamericana mantuvo en secreto las acusaciones, violó las leyes federales (al no denunciar crímenes contra menores), se negó a entregar los nombres de los pedófilos a la justicia y los transfirió de una parroquia a otra cuando comenzaban a acumularse acusaciones. Creó un “fondo financiero” para llegar a “acuerdos extrajudiciales” con las víctimas e impedir que las acusaciones se ventilaran en los tribunales, es decir para evitar que los violadores fuera castigados.

El Vaticano colaboró activamente en el encubrimiento: en 1990, “hablando ante la Sociedad de Ley Canónica del Medio Oeste, el obispo auxiliar de Cleveland James Quinn aconsejó a los líderes de la Iglesia ‘purgar esos archivos (por abuso sexual) y destruir todas las cartas anónimas con acusaciones de inconducta’. Los más explosivos de esos archivos, aconsejó Quinn, deben ser entregados a la nunciatura papal, que tiene inmunidad diplomática. ‘Los archivos personales comunes, dijo Quinn, ‘no deben contener documentación relacionada con un posible comportamiento criminal’…” (The Washington Post, 10/5).

El Vaticano no sólo transfirió curas pedófilos de un país a otro para evitar que fueran detenidos y ayudó a ocultar o destruir documentos. Además, ordenó que no se entregara ningún documento de la Iglesia a la justicia y que “las acusaciones de abuso sexual fueran tratadas en secreto ante la Congregación de la Doctrina de la Fe, antiguamente conocida como la Inquisición” (Financial Times , 9/4). En esta tarea criminal, la “Santa Sede” tenía una vasta experiencia: hay miles de denuncias contra curas y obispos pedófilos en Italia, en Polonia, Irlanda, Francia, Canadá, Austria, Alemania, Gran Bretaña, Australia, Nueva Zelandia y varios países africanos. También en Argentina.

Amnistía y punto final

La “cumbre” de los cardenales norteamericanos con Woyjtila, realizada a fines de abril, no fue, según muchas opiniones, más que “un ejercicio de relaciones públicas (…) para hacer ver que “el Papa se ocupa” (The New York Times, 19/4). Razones sobran: además de poner en evidencia la descomposición política y moral de la Iglesia, el escándalo amenaza arruinar uno de sus más preciados objetivos estratégicos: la monopolización de la educación. ¿Quién va a poner a sus hijos en manos de una organización de pedófilos y encubridores de los abusadores?

El Vaticano intervino para poner un “punto final”. Los cardenales norteamericanos fueron reprendidos por su “falta de discreción”, por haber reconocido la existencia de abusos sexuales y por entregado a la justicia, contra expresas órdenes del Vaticano, los nombres de los pedófilos a la justicia. “Altos funcionarios vaticanos desaprueban la manera en que los obispos norteamericanos dan a publicidad las acusaciones y aceptan públicamente haberse manejado mal” (The New York Times, 20/4).

El propio Woijtyla impidió que se impusiera la política de “tolerancia cero” que reclamaban algunos. Al contrario, serán separados los curas pedófilos sólo si el hecho fuera “establecido, notorio y reiterado” (Clarín, 25/4)… lo que significa que la Iglesia perdona la pedofilia pero no acepta la “falta de discreción”. Esta norma “tolerante”, sin embargo, sólo será aplicada a los casos futuros; a los dos mil acusados actuales, el Vaticano les recomienda “penitencia y arrepentimiento”… es decir, les garantiza impunidad.

El Vaticano, además, defendió de una manera integral a la cúpula que toleró y encubrió la pedofilia, y en primer lugar al obispo de Boston, el cardenal Law, un aliado cercano de Woijtyla, en cuya diócesis se produjeron infinidad de abusos. La documentación muestra que Law estaba perfectamente al tanto de ellos y que mintió para ocultarlos. Por eso, hay un creciente movimiento de que reclama su renuncia, incluso con escraches y manifestaciones callejeras.

El Vaticano “quiere impedir la renuncia de Law (porque) teme que si la presión popular fuerza su renuncia, los rebeldes no se detendrán con él y reclamarán la destitución de otros obispos leales al Papa” (The Washington Post, 19/4). La “reunión de emergencia” fue, en definitiva, para liquidar el reclamo de “que se vayan todos” que empieza a extenderse entre los católicos norteamericanos.

Mano dura

El contenido exacto de la “cumbre” vaticana pudo verse de inmediato. Cuando los cardenales norteamericanos regresaron a Estados Unidos, la Iglesia cambió radicalmente su estrategia jurídica: “la litigación agresiva reemplazó a los acuerdos silenciosos” (The Washington Post, 11/5).

La nueva estrategia legal acordada en Roma se basa en la investigación de la vida privada de las víctimas para buscar “antecedentes” que pongan en duda la responsabilidad de los agresores; en la cerrada negativa a entregar documentación a la justicia; en el alargamiento de los juicios para que los crímenes prescriban; y, finalmente, en el desarrollo de tácticas de presión para reducir sustancialmente el monto de las indemnizaciones. El Consejo financiero de la diócesis de Boston acaba de desconocer el “acuerdo extrajudicial” (por una suma cercana a los 20 millones de dólares) al que había llegado el cardenal Law con 86 las víctimas de un solo agresor.

Los abogados de la Iglesia “están poniendo a las víctimas ante el ultimátum: aceptar una compensación muy reducida o ir a un juicio (en el que se ventilará su propia vida privada) y en el que quizá pierdan (…). De esta manera, esperan disuadir a otros de seguir adelante con sus demandas” (The Washington Post, 11/5). En Roma, los cardenales y el Papa resolvieron aterrorizar a las víctimas, es decir someterlas a una segunda violación.

“Penitencia y arrepentimiento” para los violadores del pasado; tolerancia para los violadores “discretos” del futuro; mano dura para las víctimas. Está claro porque el principal encubridor de la Iglesia norteamericana, el cardenal Law de Boston, declaró a su regreso del Roma que se sentía “respaldado y reconfortado por la reunión en el Vaticano” (The Washington Post, 29/4).

Esta red internacional de pedófilos, depredadores sexuales, cómplices y encubridores es la que pretende arrogarse el derecho de dictarle “normas morales” a la sociedad, y en particular a la juventud, y de monopolizar su educación. En defensa de nuestros hijos, hay que expulsar a estos degenerados de la educación.