Mientras el Presidente de Bolivia, Mesa, se esfuerza por atribuirle un carácter nacionalista al referéndum sobre el gas y el petróleo, el de Repsol, Alfonso Cortina, “confió –dice El País (26/5)–, en que… el resultado… sea ‘favorable’, y dé el visto bueno al proyecto exportador de la petrolera hispano argentina”. En tal caso, agrega la información del diario español, “la compañía y sus socios… podrán llevar a cabo… la exportación de ese gas licuado hacia Estados Unidos y México…”. Exactamente lo que pretendía el gobierno anterior, derrocado el pasado 17 de octubre. Como es harto conocido, Kirchner, cuyo embajador itinerante en La Paz es Luis D’Elía, apoya los proyectos de Mesa. De un lado, porque la exportación de gas boliviano forma parte de los negocios de Techint, y del otro, porque Repsol es la principal contribuyente a la caja política del santacruceño.

Cortina, de todos modos, no está tan “confíado” como alardea. Sucede que también relató “que el Ejecutivo del país latinoamericano está negociando una subida de la fiscalidad que soportan los hidrocarburos… un incremento de las cargas impositivas”. Cortina pretende “comprar” al electorado con algunas migajas y atenuar en parte la desesperante situación del fisco boliviano. Fue necesaria una insurrección popular para que el pulpo se aviniera a este trueque de favores. El dinero que representaría este incremento en la recaudación del impuesto sería el “peaje” que cobrarían los políticos de centroizquierda del Altiplano, principalmente Evo Morales, por viabilizar el plebiscito entreguista.

No hay que ser “optimista”, sin embargo. La imposición a los hidrocarburos no la pagan los pulpos. Si se trata de los impuestos indirectos, los paga el consumidor, con el agravante de que Mesa acaba de indexar el precio a la cotización del dólar. Si se trata de regalías, el cálculo se hace sobre “boca de pozo”, en cuyo caso los monopolios dan las cifras de extracción que les viene en gana y establecen una cotización completamente arbitraria. Basta observar el completo desconocimiento de lo que ocurre con el gas por parte del gobierno argentino, para comprobar que eso es lo que ocurre.

El repudio de los explotados de Bolivia al referéndum no significa, por lo tanto, que la batalla contra la entrega esté ganada. El boicot al referéndum plantea una fuerte capacidad de acción y una firmeza de objetivos, porque si adquiere un carácter parcial, por importante que sea, habrá fracasado en su empeño. No se trata de conseguir simplemente una abstención masiva o incluso mayoritaria; es necesario inviabilizar la consulta para derrotar su propósito. El éxito del boicot, a su vez, crea una situación nueva. Las organizaciones obreras y campesinas deben, por lo tanto, establecer un frente único que cuente con un programa y con un estado mayor dispuesto a hacerse cargo del poder. Al conjunto de las clases sociales oprimidas habrá que decirle que un gobierno obrero y campesino nacionalizará de inmediato los hidrocarburos bajo control obrero, repartirá a los campesinos la tierra de los latifundios y garantizará la plena soberanía del pueblo, mediante la convocatoria de una Constituyente soberana. Este último planteo tiene el propósito de incluir a la mayor masa posible a la lucha.