El llamado “presupuesto participativo” se ha transformado en una bandera internacional de la seudoizquierda como “alternativa al neoliberalismo”. El mondiplomático Ignacio Ramonet le acaba de hacer una apología delirante: “Gobernada de manera original, desde hace doce años, por una coalición de izquierda conducida por el Partido dos Trabalhadores (PT), esa ciudad (Porto Alegre) conoció un desarrollo espectacular en varios dominios (vivienda, transporte colectivo, recolección de residuos, alimentos, hospital es, desagües, medio ambiente, alojamiento social, alfabetización, escuelas, cultura, seguridad, etc.). ¿El secreto de semejante éxito? El presupuesto participativo, es decir, la posibilidad de los habitantes de los distintos barrios de definir muy concretamente y muy democráticamente, el destino de los fondos municipales. O sea, decidir qué tipo de infraestructura desean crear o mejorar y la posibilidad de seguir de cerca la evolución de los trabajos y el uso de los recursos financieros. Se hace imposible cualquier desvío de fondos o abuso y las inversiones corresponden exactamente a los deseos de la mayoría de la población de los barrios. Esta experiencia política se efectúa, hay que subrayarlo, en una atmósfera de total libertad democrática, en confrontación con una vigorosa oposición política de derecha” (Le Monde Diplomatique, enero de 2001).

Digamos, de entrada, que el gobierno “gaucho” no se privó, en esa “atmósfera”, de usar a la policía, pero no contra la “vigorosa oposición política de derecha”, sino contra los campesinos sin tierra que ocupaban edificios públicos (al solo fin de que se cumplieran los compromisos gubernamentales con el Mst), o contra los profesores de la red pública en huelga. Ramonet oculta el hecho fundamental. El “presupuesto participativo” no es resolutivo, sino sólo consultivo (el representante del Ejecutivo tiene poder de veto sobre las propuestas) y viene comprometido en su casi totalidad, por el pago de la deuda pública y las concesiones al gran capital. Además, los gastos y, por sobre todo, los recursos presupuestarios son un resorte exclusivo de la Legislatura.

En ese cuadro, la administración estadual petista no vaciló en cobrar aportes previsionales a los trabajadores inactivos antes que lo hiciera el propio gobierno de Cardoso (aportes luego suspendidos por el Supremo Tribunal Federal). Al mismo tiempo, mantuvo un subsidio de más de cien millones de dólares a la General Motors y también un severo congelamiento salarial para los empleados públicos. Los profesores estaduales, que protagonizaron una huelga heroica, fueron derrotados por el gobierno petista que les ofreció un reajuste miserable para, dijo, “preservar las finanzas públicas” (de la ‘carenciada’ GM, claro). Esa misma preocupación por las finanzas públicas no la tuvo el gobernador Olivio Dutra con el gobierno de Cardoso, pues mantuvo el pago de la deuda estadual con el Estado federal.

El ex intendente petista de Porto Alegre, el ‘trotskista’ Raul Pont, ha propuesto la creación de un fondo de pensión con capitalización de los empleados públicos, o sea una AFJP, lo que significaría un boicot a la jubilación pública y social mantenida por el Estado, y una confiscación salarial a los empleados municipales. Derrotado el proyecto, también en el Supremo Tribunal Federal, Pont lo adaptó a la nueva definición legal, o sea que retira la responsabilidad del Estado. Destruye así la jubilación solidaria y organiza el fondo de capitalización individual, aplicando la Ley 97/7/98 y la Enmienda Constitucional Nº 20, ambas aprobadas por el Congreso Federal oficialista y derechista.

Para completar, el actual intendente de Porto Alegre, Tarso Genro, ha propuesto un “plan de seguridad” para Porto Alegre mediante un convenio con la Brigada Militar. En Porto Alegre, el desempleo es el mayor de los últimos seis años, un 16,9%. En 1999 hubo 75.000 despidos y el número de desocupados llegó a 226.000 en la región metropolitana. Mientras tanto, el empresariado ‘gaucho’, que recibió 5 mil millones de reales en exenciones fiscales de Olivio Dutra, sólo tiene motivos para alegrarse. La industria de Rio Grande do Sul creció 4,3% en 1999, mientras que la media nacional fue negativa en 1,6%.

¿Cómo sorprenderse entonces de que, según una nota oficial del gobierno ‘gaucho’, el “presupuesto participativo (…) fue premiado por la ONU y reconocido por el Banco Mundial como instrumento eficaz de gestión pública e implantado a partir de la experiencia ‘gaucha’, en países de Europa y América Latina”? ¿O que la “derecha vigorosa” esté adoptando el “presupuesto participativo” como “modelo administrativo” para los municipios que controla en el resto de Brasil?

De acuerdo con sus teórico-ejecutores, el “presupuesto participativo (…) implica una superación de las bases constitutivas de las formas de dominación y de una cultura política basada en la tutela, en el clientelismo y en el patrimonialismo político. El desafío de la construcción de una ciudadanía activa se configura como elemento determinante para la consolidación de sujetos-ciudadanos, poseedores de derechos y deberes” (Tarso Genro y U. De Souza, “Presupuesto Participativo: La experiencia de Porto Alegre”), puro palabrerío.

El “presupuesto participativo” ha creado un clientelismo “institucional” de izquierda, burocratizando los movimientos populares y reprimiendo los movimientos clasistas e independientes. Congelando los salarios de los funcionarios públicos y reduciendo el 30% de su personal, la intendencia ‘gaucha’ alcanzó el acariciado “equilibrio fiscal”… a costa de los trabajadores, pues son ellos y no el gran capital los que pagan los costos de la crisis.

Lo más interesante de la “internacional de la rebeldía” (la expresión es de Le Monde Diplomatique para referirse al Foro Social Mundial) y del “presupuesto participativo” es la línea de negocios que parece haber abierto entre el gran capital francés y las intendencias “de izquierda” brasileñas: “La intendenta de San Pablo, Marta Suplicy, pretende construir líneas de subterráneo en la ciudad, con inversión y tecnología del gobierno francés, que tendría como contrapartida la concesión del servicio durante un determinado período” (Folha de Sao Paulo, 28/1). El anuncio fue realizado durante el Foro Social Mundial donde, como se ve, los negocios no estuvieron ausentes (hubo conversaciones entre la Suplicy y los representantes oficiales franceses, probablemente intermediadas por los “rebeldes mondiplomaticos”): cabe imaginar el volumen de los negocios que estarían en juego si el “frente popular” del PT ganara las elecciones presidenciales de 2002…

‘Participemos’ en el “ajuste”

“El margen de influencia de los ciudadanos es estrecho. Por ley, el Estado debe destinar el 35% del presupuesto para educación y el 10% para salud… Como los salarios consumen el 80%, y la deuda por lo menos el 12%, lo que sobra para invertir es poco. Sólo no es cero porque el presupuesto nace con déficit” (Zero Hora, Porto Alegre, 30/11/99).

Por otro lado, para discutir el “presupuesto participativo” se formaron innumerables consejos regionales y barriales, controlados por el Estado (y no podía ser de otra manera, pues éste determina la cuantía sobre la que “el pueblo” debe deliberar), cuya función principal es la intermediación, con lo que el “presupuesto participativo” se transforma en un factor de burocratización de los movimientos populares, controlados por los caciques locales que funcionan como intermediarios con el gobierno. Si a eso se le agrega que la palabra final la tiene el Poder Legislativo, donde la oposición derechista consiguió meter 224 enmiendas (antipopulares), votadas en su mayoría también por los diputados progubernamentales, se tendrá una idea de hacia dónde “transita” el festejado “presupuesto participativo”. De manera clara, el secretario de Finanzas de Porto Alegre (perteneciente a la corriente Democracia Socialista, que integra el llamado Secretariado Unificado) indica que “la necesidad de que el ‘presupuesto participativo’ apruebe cualquier contratación de personal es un instrumento más eficiente de disminución de gastos en personal que un aleatorio PDV (Programa de Retiros Voluntarios), implementado en otros estados y nacionalmente” (Em Tempo, noviembre de 1997). O sea que el objetivo del “presupuesto participativo” es hacer pasar un programa “popular” de austeridad.