Tabaré Vázquez logró el “respaldo incondicional” de todos los partidos patronales y de 17 cámaras empresarias para la instalación de las papeleras. No logró, sin embargo, el respaldo unánime del Frente Amplio.

 

Los delegados de base de Maldonado y de Soriano y los representantes del 26 de Marzo, del 20 de Mayo y de la Corriente de Izquierda votaron en la Mesa Política del FA en contra de una resolución de respaldo a la instalación de las papeleras. El voto de los delegados de base de Soriano es significativo, ya que es uno de los departamentos donde más se ha “forestado”. Incluso el Partido Comunista (su secretaria general, Marina Arismendi, es ministra) se abstuvo en esta resolución, aunque parcialmente.

 

La oposición de una parte del FA a la instalación de las papeleras es una manifestación de la oposición más general del pueblo uruguayo y, en particular, de los votantes del Frente Amplio.

 

“Disciplina”

 

La oposición popular a las papeleras es de larga data. Hace dos años, una encuesta mostraba que el 51% de la población se oponía a su instalación (contra el 39% que la respaldaba). La llegada al gobierno del FA —que apoyó su construcción pero prometió “controlar” su actividad— pareció alterar esta opinión. Más que un respaldo a las papeleras, lo que aparecía era la confianza en el nuevo gobierno.

 

La oposición a las papeleras vuelve a ganar terreno. También numerosos frenteamplistas comienzan a criticar, en forma cada vez más abierta, el curso proimperialista de “su gobierno”: el envío de tropas a Haití, la firma del acuerdo de inversiones con los Estados Unidos, el Operativo Unitas, el veto presidencial a la ley del aborto…

 

Las razones de la oposición

 

La Asamblea Ciudadana de Fray Bentos anunció cortes de ruta del lado uruguayo. Organizaciones ambientalistas, especialistas universitarios, pequeños productores rurales y dirigentes sindicales se pronuncian cada día, así como muchos uruguayos de a pie. Las murgas más aplaudidas en el Carnaval son aquellas que más crítican al gobierno. La ganadora del año pasado, Agarrate Catalina, tiene toda una parte del espectáculo dedicada a las papeleras, y es muy festejada.

 

Las razones de la oposición son abrumadoras.

 

Extranjerización de la tierra. El proceso que desemboca en la instalación de las papeleras comenzó en 1990 con la “ley de forestación”. Desde entonces, dos millones de hectáreas han sido monopolizadas por grandes pulpos, la mayoría extranjeros (Brecha, 3/2). La extranjerización de la tierra apenas comienza: las plantas consumirán anualmente el equivalente a 570.000 hectáreas de bosques, por lo que la forestación actual no alcanza para cuatro años de producción de pasta. Será necesario, entonces, extender las áreas de forestación y “reforestar” las áreas ya taladas —lo que implicará una masiva aplicación de productos agroquímicos tóxicos— (denuncia de la veterinaria María Grosso, en Brecha, 3/2).

 

“¡Ni un eucalipto más!”. Chacareros de Mercedes (departamento de Soriano) denunciaron que la forestación con eucaliptos secó los pozos de agua en toda la zona. Están amenazados 2.500 chacareros. Los productores con mayores recursos se endeudaron para realizar pozos de 50 a 100 metros de profundidad. Los más pequeños, sin agua ni recursos, son obligados a malvender sus tierras, las cuales son acaparadas por los “forestadores”. “Uno de los damnificados, el tambero Washington Lockhart, dice sentirse defraudado con el actual gobierno, al cual votó. Pero afirma que no se resignará y que dará batalla por el agua y contra la forestación” (Brecha, 3/2).

 

Destrucción de la capacidad productiva de la tierra. Especialistas de la Universidad del Uruguay denuncian que “muchos de los cambios químicos (acidificación, salinización, pérdida de nutrientes) [provocados por la forestación] son irreversibles y comprometen seriamente la fertilidad y, por lo tanto, el potencial productivo de los suelos” (Brecha, 3/2).

 

Destrucción de la apicultura y la pesca. Sólo en el departamento de Soriano, 500 familias viven exclusivamente de la producción de miel. El apicultor Javier Sayas anticipó que “cuando las chimeneas en M’Bopycuá comiencen a contaminar, los mercados internacionales no aceptarán nuestra miel y nosotros desapareceremos como productores” (ídem).

 

Destrucción del turismo y la pesca artesanal. “Botnia liquida Las Cañas, M’Bopycuá y toda posibilidad de turismo en la zona, así como la pesca artesanal que es la fuente de trabajo de cientos de compatriotas” (denuncia de la veterinaria María Grosso, en Brecha, 3/2).

 

Desempleo. La forestación ha provocado una caída en la cantidad de trabajadores rurales ocupados (y en la calidad de sus empleos). Organizaciones de pequeños productores de Soriano denuncian que por cada mil hectáreas trabajan 5,2 personas en la ganadería extensiva; 10 personas en la agricultura; 180 a 200 en las granjas y apenas tres en la forestación (cifra que puede ser todavía menor con la incorporación de maquinaria). La consecuencia, anticipan, será una nueva expulsión de mano de obra rural.

 

Oposición sindical. En enero, la filial Río Negro del PIT-CNT emitió una declaración expresando la necesidad de “reafirmar la resolución del octavo congreso del PIT-CNT contraria a la instalación de las plantas de celulosa en nuestro país”.

 

La declaración estaba firmada por Carlos Maneyro (del Sunca, sindicato de la construcción) y Julio Martínez (secretario de Organización de la filial Río Negro del PIT-CNT). La burocracia nacional del Sunca (del Partido Comunista) acaba de separar a Maneyro como su representante ante el PIT-CNT.

 

Zonas francas y saqueo. El periodista G.W. (Brecha, 27/1) y especialistas de la Universidad de Uruguay (Brecha, 3/2) denuncian que las plantas y sus puertos operarán en las denominadas “zonas francas” (ZF). Las empresas radicadas en ellas “están exentas de todo tributo nacional, creado o a crearse, incluso de aquellos en los que por ley se requiera una exoneración específica”. También estarán exentas de impuestos sus importaciones y exportaciones. Las plantas no tributarán un centavo al Estado uruguayo.

 

En materia de empleo, las empresas radicadas en las ZF podrán contratar hasta un 25% de personal extranjero, un porcentaje que podrá aumentarse (sin establecer un límite máximo) con la autorización del Ejecutivo. Este personal podrá “no beneficiarse del sistema de seguridad social uruguayo”. Dentro de las zonas francas no regirá, en la práctica, el régimen laboral del Uruguay.

 

Es sencillamente falso que las papeleras “crearán empleo”: “Considerando la potencial pérdida de empleos en el sector turismo y la posibilidad de contratación de personal extranjero en las ZF, ¿cuántos puestos de trabajo netos generará el emprendimiento?”, preguntan los especialistas de la Universidad de Uruguay.

 

Marcelo Abdala, dirigente del gremio metalúrgico e integrante del Secretariado del PIT-CNT, denunció que “una de las peores facetas de estas inversiones es el régimen de las ZF, sin hablar de la oprobiosa resolución del acuerdo con Finlandia en el Parlamento” (Brecha, 27/1). Según este tratado, el Estado uruguayo se compromete a resarcir al capital privado finlandés por cualquier alteración de las condiciones sociales o legales que perjudiquen el lucro esperado por dicho capital.

 

Contaminación, enfermedad y muerte. “Las plantas contaminan (…) Los compuestos organoclorados producidos durante el blanqueo de la pulpa depurada en el proceso Kraft son muy persistentes y su naturaleza liposoluble determina que se depositen en los tejidos grasos de los seres vivos, acumulándose en la medida en que se asciende en la trama alimentaria. Los organoclorados son precursores de dioxinas, compuestos de reconocida acción cancerígena” (denuncia de los especialistas de la Universidad de Uruguay, Brecha, 3/2).

 

Por una lucha común

 

Los pueblos de Argentina y Uruguay están contra las papeleras.

 

Los gobiernos de los dos lados las defienden.

 

Están a muerte contra los cortes de ruta y las movilizaciones populares. Kirchner contra las de Gualeguaychú; Tabaré contra las de Fray Bentos.

 

Para desarmar los cortes, Kirchner recurrió a Pérez Esquivel y al Tribunal de La Haya. Vázquez envió refuerzos militares a Río Negro y movilizó a la policía para impedir los cortes (La República, 12/2).

 

Está planteado unir estos movimientos, en Uruguay y en Argentina, en una lucha común.

 

Por la nacionalización sin pago de las papeleras y los recursos forestales. Por su funcionamiento bajo control de los trabajadores.

 

Por la nacionalización del conjunto de recursos naturales de nuestros países, saqueados por el capital imperialista.

 

Por la unidad de los pueblos de Argentina y Uruguay contra el gran capital imperialista y los gobiernos que lo defienden.