El descubrimiento de una fosa común con los restos de 215 niños indígenas en Kamloops Indian Residential School, una antigua escuela ubicada en la Columbia Británica, en Canadá, no solo ha golpeado duro en el tablero político local; sino que, asimismo, ha avivado el debate acerca de las características que tuviera el proceso constitutivo del Estado canadiense y sobre la profunda opresión que sufren las minorías raciales.

La comunidad artífice de la investigación, Tk’emlups te Secwepemc, ha señalado que “algunos niños apenas tenían tres años” y que “sus muertes, cuyas causas y fechas se ignoran, nunca fueron registradas por la dirección del internado” (Página 12, 30/5). Los dirigentes de la comunidad se hallan trabajando con expertos en museos y con forenses para llegar al fondo de estos verdaderos crímenes de Estado. Algunas personalidades defensoras de los derechos humanos han redactado un documento que exhorta al Poder Judicial a realizar investigaciones penales sobre todas las muertes e instan a la Iglesia católica, que ha regenteado estos internados, a abrir sus archivos.

Los recientes hallazgos produjeron reacciones populares en todo el país, como vigilias y memoriales, las cuales han recogido la solidaridad de vastos sectores de la población laboriosa.

Antecedentes

El establecimiento en cuestión era tan solo uno de los 139 que han funcionado en Canadá, específicamente entre los años 1883 y 1996. Se trató de un sistema de escuelas residenciales inspiradas en los reformatorios y cárceles para jóvenes, cuyo desenvolvimiento ha estado bajo la égida del gobierno canadiense y de las iglesias católicas romanas, anglicanas, metodistas, presbiterianas y unidas. La Iglesia católica, por ejemplo, ha ostentado el manejo de hasta un 70 por ciento de los internados, según la Sociedad de Sobrevivientes de Escuelas Residencias de Indígenas. Por este han pasado más de 150.000 niños de las llamadas primeras naciones.

Los niños han sido arrebatados a sus familias, a menudo a través de feroces operativos represivos protagonizados por la Real Policía Montada de Canadá e introducidos en dichos establecimientos, en los cuales eran sometidos a un régimen disciplinario de carácter brutal, donde han eliminado su lengua –imponiéndoles el idioma inglés o francés- y su cultura –convirtiéndoles forzosamente al cristianismo-. Los estudiantes han sufrido una plétora de abusos por parte de los maestros, sacerdotes y administradores, incluida la agresión sexual. Gran parte de la “jornada escolar” se ha dedicado a la explotación del trabajo infantil. La atención médica, asimismo, era en extremo deficitaria, lo que combinado con las viviendas precarias y la escasa alimentación, fue el pasto de cultivo para la proliferación desenfrenada de tuberculosis. En 1945, la tasa de mortalidad de los niños que formaban parte de los internados era casi cinco veces mayor que la de otros alumnos canadienses (BBC, 3/6).

El sistema de escuelas residenciales formó parte de una política orquestada desde el propio Estado canadiense y desde las entrañas de la clase dominante, cuyo objetivo fue consolidar las relaciones sociales capitalistas en la región sobre la base de la expulsión de los pueblos nativos.

Un informe redactado en 2015 por la Comisión para la Verdad y la Reconciliación en Canadá, cuya base fundacional ha sido investigar y denunciar el sistema de residencias escolares, “concluyó que el país norteamericano utilizó los internados como herramienta para cometer un genocidio cultural contra la población indígena del país” (ídem, 30/5). Se estima que entre 5.000 y 7.000 niños murieron en esas horrorosas estadías, fundamentalmente como consecuencia de enfermedades, desnutrición, incendios y suicidios, entre otros.

A lo largo de todo este tiempo, numerosas comunidades nativas de Canadá han venido llevando adelante investigaciones, financiadas con subvenciones estatales o incluso de forma independiente, con el objetivo de llegar a un esclarecimiento general; este último descubrimiento muestra solo la punta de un profundo iceberg.

La situación actual de las minorías raciales

Frente a este escenario, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, luego de catalogar el reciente suceso como “un recuerdo de este oscuro y lamentable capítulo de la historia nacional” y de llamar, como ha hecho en numerosas oportunidades, a la “reconciliación”, se ha comprometido –de palabra- a impulsar investigaciones que permitan dilucidar el paradero del resto de los niños y exigió a la Iglesia católica y al Papa Francisco sus “disculpas”.

El denominado progresista viene batiendo el parche hace mucho tiempo con realizar pesquisas, lo que le ha dado buenos frutos en términos electorales. La política del gobierno se ha reducido al otorgamiento de reparaciones para las víctimas, sin privarse, incluso, de integrar a diversos elementos de la población nativa al aparato del Estado burgués, y, asimismo, a la concesión de prerrogativas para los capitalistas indígenas. Detrás del llamado a la reconciliación asoma el propósito de establecer un punto final, mientras que en los hechos se sostienen todos los pilares que hacen a la regimentación y opresión particulares que flagelan a los pueblos nativos.

La prueba más cabal de esto último es que las relaciones entre el Estado y las comunidades nativas aún se rigen por la colonialista “Ley de indios”, sancionada en 1876, cuyo contenido es profundamente retrógrado y reaccionario. La esperanza de vida de los miembros de las “primeras naciones” es 15 años más baja que la de otros canadienses y la mitad de los niños están sumidos en la pobreza. En las reservas del oeste del país, las tasas de VIH y sida son más altas que en los países africanos más vulnerables, y algunas comunidades, además, sufren la propagación de enfermedades como la tuberculosis. Muchísimas de estas, por otro lado, no tienen acceso a agua potable. A su vez, menos del 50 por ciento de los estudiantes de las reservas nativas se gradúan en la secundaria; las escuelas de estas regiones vienen recibiendo un 30 por ciento menos de fondos per cápita que otras escuelas canadienses. Este cuadro de empobrecimiento también se desarrolla con fuerza en las poblaciones nativas que viven en los centros urbanos del país; estos tienen las tasas de desempleo más altas, solo superadas por las concernientes a las reservas nativas. La opresión de los pueblos originarios se exacerba aún más con la política racista del gobierno canadiense, cuya manifestación puede apreciarse en las tasas de encarcelamiento de aquellos, que son nueve veces superiores al promedio nacional.

El pisoteo estatal contra las comunidades nativas ha desencadenado importantes protestas en los últimos años, como las organizadas por el movimiento Idle No More, nacido como una reacción a la política antinativos del ex primer ministro conservador Stephen Harper, o las protestas realizadas en 2020 por los Wet’suwet’en, con cortes de líneas ferroviarias y piquetes contra la construcción de un oleoducto que cruzaría su territorio histórico, fuertemente reprimidas por el gobierno.

La única forma de terminar con la opresión de los pueblos nativos es derrotando al Estado capitalista y abriendo paso a un gobierno de los trabajadores.

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