A un mes de la enorme movilización nacionalista que colmó las calles de Barcelona y sacudió el escenario político, la crisis sigue profundizándose y tendrá como el próximo episodio las elecciones regionales catalanas, gallegas y vascas. Según todas las encuestas, el PSOE y el PP han perdido casi diez puntos cada uno respecto de la elección de fines del año pasado, y hay un crecimiento de formaciones políticas nacionalistas y de distintas variantes de izquierda.

El eje de la crisis política está planteado en torno de la cuestión de la independencia de Cataluña. Luego de la manifestación nacionalista del 11 de setiembre, el gobierno regional disolvió el Parlamento -al cual le quedaba aún más de un año de mandato- y adelantó las elecciones para el 25 de noviembre. El objetivo de Convergència i Unió (CiU) -partido de la derecha catalana, actualmente en el gobierno- es montarse en el clima favorable al independentismo para obtener un triunfo abrumador, que deje en manos de la gran burguesía catalana la negociación de competencias entre Cataluña y el Estado español. Artur Mas -actual "President", que buscará su relección- ha prometido que una victoria lo habilitará a convocar a un referéndum, que preguntará a los ciudadanos si desean que Cataluña sea "un nuevo Estado de Europa". Un planteo interesante, porque eliminaría la intermediación del Estado español en la sujeción de las naciones europeas por la Troika que componen el Banco Central Europeo, el FMI y la Comisión Europea. En lugar de una Federación Ibérica Republicana de naciones, el gran capital fantasea con una nube de mini Estados sometidos a un protectorado extra nacional. De todos modos, los voceros del empresariado catalán ya han declarado que no quieren salir del Estado español y menos aun abandonar la protección de la monarquía y de sus fuerzas armadas. "El gobierno catalán está ahora enfrascado en la labor de convencer a los escépticos, comenzando por los grandes empresarios, que siguen teniendo en España su gran mercado de referencia", asegura el españolista El País (12/10). CiU ha jugado desde siempre con las reivindicaciones nacionalistas para disputar el electorado a la nacionalista Esquerra Republicana. Lo que preocupa a CiU es, ciertamente, el "rescate" de las cajas de Cataluña, que el gobierno de la alemana Merkel quiere hacer pagar a los acreedores, en buena parte integrado por el capital financiero catalán. El PP, por su parte, acusa a CiU de promover la "inestabilidad económica" y advierte a los empresarios catalanes contra una secesión. Al interior del gobierno de Rajoy hay diferencias acerca del modo de afrontar el desafío catalán. El 12 de octubre se realizó una movilización españolista de unas 10.000 personas, en las calles de Barcelona, convocada por diferentes "asociaciones civiles" vinculadas con el PP y otros partidos de centroderecha.

País vasco

Más cercanas en el tiempo son las elecciones regionales en el País Vasco, donde se vota este domingo. En Euskadi también se trata de un adelantamiento electoral, a raíz de la pérdida de la mayoría parlamentaria del gobierno del socialista Patxi López. Las elecciones devolverán el gobierno al PNV. La novedad, en este caso, es que hay un virtual empate con la nueva formación de la izquierda abertzale, EH Bildu, que tiene una intención de voto cercana al 30%. Laura Mintegi, su candidata, ha abierto la puerta para un pacto de gobierno con el PNV, y también propugna un independentismo en el marco de la Unión Europea. "No vamos a destinar ni un solo euro a los Borbones, a la Guardia Civil o al Ejército español", dijo Mintegi. Rajoy concentra sus expectativas en una victoria en su bastión de Galicia, de donde él mismo es oriundo, y donde también se vota el próximo domingo. También allí ha llegado, en cualquier caso, el impacto de la crisis del "estado de las autonomías" y el ascenso del nacionalismo, que podría expresarse en un ascenso electoral del Bloque Nacionalista Gallego -que ha reforzado su discurso nacionalista- y en el ingreso al parlamento regional de Alternativa Galega de Esquerdas, un frente formado entre el histórico líder nacionalista Xosé Manuel Beiras e Izquierda Unida.

Bancarrota

El desenvolvimiento de la crisis política y "constitucional" tiene lugar sobre el telón de fondo de una bancarrota económica que se profundiza. El "plan de rescate" de la UE excluye la financiación de las deudas incobrables -que irían a integrar los llamados "bancos malos"-, que entonces deberían ser cubiertas por los acreedores; en especial, los Estados autonómicos y el Estado español. O sea que España debería declarar un "defol" sin las ventajas de una cesación de pagos, porque los acreedores internacionales ya pusieron a buen resguardo su dinero. Según el Financial Times, "fuentes del gobierno dijeron que la estrecha colaboración entre las autoridades españolas y europeas es parte de una estrategia cuidadosamente calibrada para cumplir las condiciones que probablemente exigirán los prestamistas europeos si Rajoy se ve obligado a pedir un rescate" (28/9).

Los planes de ajuste siguen a toda marcha: el gobierno presentó su quinta ronda de recortes presupuestarios y de aumentos de impuestos en nueve meses. El proyecto de presupuesto para 2013 incluye 40.000 millones de euros en ajustes y está dominado por el pago de los intereses de la deuda, que ascienden prácticamente a ese importe: más de 38.000 millones. Además de los recortes, que prevén reducir el gasto público en un 8,9%, el gobierno anunció que aprobará en los próximos meses 43 nuevas leyes para "restructurar" y flexibilizar la economía. La nueva tanda de ajustes fue caracterizada como la antesala del pedido de "rescate total" a la Unión Europea, recurso al que tendría que recurrir España ante un escenario de cesación de pagos. Al mismo tiempo que se presenta el proyecto de Presupuesto para su discusión en el Congreso de los diputados, el Consejo de Ministros aprobó un Plan Nacional de Reformas para remitir a Bruselas, sede de la jefatura de la Unión Europea.