El Tesoro norteamericano no salió al rescate de Uruguay, como tampoco lo hizo en Brasil. Los 1.500 millones de dólares no tienen esa función sino permitirle un tiempo de vida suplementario al gobierno uruguayo. No están destinados a rescatar a los bancos uruguayos sino a respaldar el corralito que se le impuso a los ahorristas de los bancos públicos, que son el 60% del sistema, e incluso de los bancos intervenidos, donde tampoco los depositantes podrán hacerse de sus ahorros. En el República y en el Hipotecario han quedado atrapados 2.500 millones dólares; otros 600 millones en los intervenidos. Los depósitos a la vista y de ahorro forman parte de las transacciones corrientes de la economía, pero incluso así una parte ha salido a comprar dólares, mientras que la otra se pasó a los bancos privados extranjeros. Estos últimos operan con créditos fuera de Uruguay.

El ministro de Economía reconoció todo esto al decir que el gobierno "no tuvo posibilidades de conseguir ese monto de dinero (más de 3.500 millones de dólares) de los organismos internacionales para respaldar el sistema estatal" (Observador, 7/8). Tampoco para los bancos intervenidos; o sea, para nadie. El paquete de Estados Unidos tuvo el exclusivo propósito de dar un respaldo político a un gobierno que impuso un corralito y permite que la banca extranjera que opera con el exterior siga absorbiendo ahorros de los que emigran de la banca estatal.

Uruguay se ha quedado sin dinero, sin crédito y sin bancos, ya que la cartera de créditos de éstos debe cargar ahora las consecuencias de la devaluación del peso más la depresión industrial y comercial. El derrumbe de Brasil acabará con las últimas defensas de Batlle y planteará en forma abierta el problema del poder en Uruguay.