La situación en El Salvador ganó la atención mundial estos días ante la inauguración de un penal de máxima seguridad por parte del gobierno de Nayib Bukele, como parte de su guerra contra las pandillas que operan en el país. Las escalofriantes imágenes de los detenidos, rapados, semidesnudos y apiñados, difundidas por el propio gobierno salvadoreño como supuesto ejemplo del combate contra la inseguridad, dieron la vuelta al mundo.

Más de 60 mil personas fueron detenidas desde que Bukele lanzó a fines de marzo de 2022 la guerra contra la Mara Salvatrucha y Barrio 18, las dos bandas más importantes que operan en suelo salvadoreño. El gobierno dictó un estado de excepción, anulando arbitrariamente todo tipo de libertades democráticas y desplegó al ejército en las calles. Circulan toda clase de denuncias por detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos. En este contexto, el gobierno aprovecha también para detener a referentes sindicales, como ocurrió con integrantes de la junta directiva del Sitrasoya (Sindicato de Trabajadores de la Alcaldía de Soyapango) a comienzos de enero.

El choque entre Bukele y las bandas se desató tras un fin de semana caliente en que esos grupos causaron una gran cantidad de homicidios. Se presume que ese episodio marcó la ruptura de un pacto secreto previo  que consistía en que las maras se comprometían a reducir los crímenes a cambio de evitar deportaciones a Estados Unidos. Desde hace al menos una década, es común que los gobiernos salvadoreños negocien con estas bandas, que gozaban, al menos hasta el inicio de la crisis actual, de un enorme peso territorial.

Las maras

Las maras son el producto de la descomposición de El Salvador y, más en general, de América Central. La injerencia imperialista yanqui en los 80, mediante el apoyo de dictaduras criminales y la promoción de la lucha “contrainsurgente” (en El Salvador, a través del financiamiento del ejército en el curso de la guerra civil), marcó el comienzo de una emigración masiva y un mayor empobrecimiento de la región. Se estima que hoy un tercio de los salvadoreños viven fuera de su territorio y las remesas se han transformado en la principal fuente de ingresos.

Migrantes salvadoreños en Norteamérica fundaron estas bandas delictivas a fines de los 80, nutriéndose sobre todo de jóvenes sin ninguna clase de perspectiva de vida. Las maras fueron ganando peso en El Salvador hasta dominar barrios y localidades enteras. Su principal fuente de recaudación es la extorsión. La organización Crisis Group estimó que los ingresos por esta práctica ascendían a 756 millones de dólares anuales, hasta hace pocos años. Pero también incursionaron en la venta de drogas, el lavado de dinero, y tomaron vínculos con carteles mexicanos, como parte de una expansión hacia el país azteca.

Bukele y la “guerra contra las pandillas”

Aunque tuvo un pasado como alcalde de San Salvador, Bukele llegó al poder como una especie de “outsider”, tras un sorpresivo triunfo en primera vuelta en los comicios de 2019. Capitalizó el inmenso descrédito de los dos partidos tradicionales que habían gobernando durante casi treinta años: la derechista Arena y el centroizquierdista FMLN (Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional), por el que tuvo un paso y fue desplazado. En 2021, Bukele ganó una amplia mayoría en el Congreso para su formación Nuevas Ideas, terminando de pulverizar a aquellas fuerzas. El mandatario, reconocido también por su febril actividad en redes sociales, cuenta también con el control de la fiscalía general y de la Corte Suprema, con lo cual concentra un gran poder.

El gobierno se jacta de una reducción drástica del número de homicidios. De una tasa de 105 por cada 100 mil en 2015, cayó a 17,6 por mil en 2022. El poder de las maras se ha debilitado ostensiblemente. La “receta” de Bukele contra el delito es mirada con interés por la derecha en otros países de la región. Honduras, gobernado por la centroizquierda, también apeló a un estado de excepción que se renueva cada 90 días, en tanto que Jamaica dictó un estado de emergencia en varias ciudades.

Pero el remedio es peor que la enfermedad,  porque el vacío dejado por las maras es ocupado por el ejército y la policía, con violaciones masivas de derechos humanos y detenciones por portación de rostro. Es cuestión de tiempo para que sean las fuerzas de seguridad las que asuman el negocio de la extorsión y el delito contra el pueblo salvadoreño.

La experiencia de la “guerra contra el narcotráfico” en México y Colombia, con decenas de miles de muertos y desaparecidos, y el negocio de la droga vivito y coleando, es una muestra del fracaso de la militarización de la seguridad -una fórmula en la que acaba de insistir Patricia Bullrich en un viaje a Rosario.

Crisis social y económica

La inflación fue de un 7.03% de incremento en 2022, mientras que para el rubro de alimentos ascendió a un 12.54%. Los precios de la tortilla, el huevo, la leche, el azúcar, las frutas, las grasas, las carnes, los frijoles y las hortalizas han subido de manera nunca antes vista en la historia del país. Casi 900.000 personas precisarán de ayuda este año ante la inseguridad alimentaria.

Bukele y Washington

El gobierno de Bukele presume de hacerle frente a las “potencias mundiales”, en especial a Estados Unidos. Recientemente, su gobierno se abstuvo en Naciones Unidas en la votación de condena a Rusia por la guerra en Ucrania.

Aunque Washington plantea una fingida preocupación por el retroceso democrático del país, su preocupación pasa simplemente porque Bukele no se les alineó incondicionalmente.

El mayor roce con Washington se produjo cuando la Casa Blanca suspendió la ayuda internacional al país, redirigiéndola a ONG’s, como un modo de socavar su gobierno. Bukele replicó anunciando que esos organismos no recibirán más apoyo estatal.

China aprovechó estos roces y desembarcó con financiamiento propio de obras de infraestructura. Cabe señalar que en 2018, El Salvador rompió relaciones con Taiwán, un éxito de la diplomacia de Beijing.

Sin embargo, los roces no han dado paso a un enfrentamiento en regla, ya que el FMI mantiene sus misiones al país. La última misión del organismo financiero sostuvo que “reconducir la deuda a una senda sostenible y facilitar el acceso al mercado internacional de capitales es la máxima prioridad”. Y trazó un camino clásico: “redimensionar” el sector público (despidos masivos), reducción de subsidios (tarifazos), evaluar un aumento del impuesto al consumo para fortalecer la recaudación, entre otras.

A fines de enero, Bukele realizó un pago de nada menos que 800 millones de dólares a acreedores de deuda (eurobonos), toda una señal al capital financiero.

El derrumbe de las fuerzas tradicionales de El Salvador es lo que posibilitó el fenómeno Bukele, con un fortalecimiento del aparato represivo que se instrumentará también contra los propios reclamos de las masas empobrecidas.

Para superarlo, hay que apuntar al desarrollo de una fuerza política de los trabajadores.

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