Alan García, dos veces presidente del Perú, acudió a la manera más eficaz para huir de su propia corrupción: se pegó un tiro cuando la policía ingresó en su casa con una orden de detención. Según las crónicas, García les pidió a los oficiales un momento de privacidad para hablar con sus abogados y, apenas cerró las puertas de la sala en la que entró, desde afuera se escuchó el disparo.

García, como otros tres ex presidentes peruanos (Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Kuczynski), quedó imputado en la causa Odebrecht, el pulpo brasileño que, como ahora se sabe, embadurnó con sus coimas a los gobiernos de casi toda América latina, desde “macristas” como García hasta “nacionales y populares” como Lula y los K. Un cuarto presidente del Perú, Alberto Fujimori, ya está preso pero, en su caso, por asesino serial.

García estaba acusado de lavado de activos, tráfico de influencias y colusión. Tenía prohibido salir del país y había fracasado su intento de refugiarse en la embajada uruguaya en Lima y pedir asilo político, porque Montevideo se lo negó. A ese recurso ya había echado mano García en 1990, cuando se refugió en Colombia después de ser acusado de enriquecimiento ilícito.

En el año 2016 Odebrecht admitió haber pagado coimas a tres gobiernos peruanos, incluido el de García, y en diciembre del año pasado el gigante brasileño de la construcción se comprometió a entregar más datos que comprometerían aún más a los ex presidentes y a otros funcionarios. De ese hecho sobrevino la orden de detención contra García y su suicidio.

De acuerdo con las confesiones de Odebrecht, se le entregaron 4 millones de dólares al ex secretario de García, Luis Nava, y a su hijo José (“Chalán” y “Bandido” eran sus apodos mafiosos, respectivamente). En total, Odebrecht entregó coimas por 29 millones de dólares a diversos gobiernos de la región. En Perú les dieron 4 millones de dólares a “Chalán” y a “Bandido” para que arreglaran en su favor la licitación para construir la Línea 1 del Metro de Lima. Además, Odebrecht depositó otro millón de dólares en la cuenta de Miguel Atale, vicepresidente de Petroperú durante el gobierno de García, en la Banca Privada de Andorra (BPA).

Otro negociado en el que estaba vinculado García era el de la concesión de la Terminal Norte del puerto de Callao en favor de la holandesa ATM Terminales, también coimas mediante.

“Nacional y popular”

Alan García asumió su primera presidencia en 1985. Había sido el pupilo dilecto de Raúl Haya de la Torre, fundador de la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), que, como su nombre lo indica, pretendía ofrecer una alternativa política a toda Latinoamérica (decía tomar su programa y forma de organización del masacrador Kuomintang, partido nacionalista burgués chino; y el primer peronismo admitía la influencia del APRA).

Rápidamente el gobierno de García reveló su condición con la masacre de presos en los penales masculinos de Lurigancho y El Frontón, y en la cárcel de mujeres Santa Bárbara, en los que había una gran cantidad de guerrilleros y guerrilleras presos. Un informe de la organización de derechos humanos Human Rights Watch dice que la orden de masacre fue dada por García y su ministro de Marina, Luis Gampietri, quien sería vicepresidente de la República durante el segundo mandato de García.

Otro informe, éste de la Iglesia católica, dice que sólo en Lurigancho fueron fusilados 124 prisioneros después de rendirse, y que el Pabellón Azul del penal de El Frontón fue bombardeado por tropas de la Armada durante todo el día. También la Iglesia denunció que se impidió el acceso al lugar de autoridades civiles, jueces, fiscales, directores de otros penales y periodistas.

García, además de aquella masacre, comenzó su primer gobierno ruidosamente: anunció que el país no destinaría al pago de la deuda externa más del 10 por ciento de su PBI, y que negociaría con los acreedores directos sin mediación del FMI. Téngase en cuenta que la deuda peruana había entrado en crisis durante los gobiernos que antecedieron al de García, el de los derechistas Francisco Morales Bermúdez (1975-1980) y Fernando Belaúnde Terry (1980-1985), quienes se vieron obligados a refinanciarla e incluso a declarar la cesación de pagos porque la caja había quedado seca.

García dio en ese mismo 1985 discursos memorables ante la ONU y la FAO (organismo de las Naciones Unidas para la alimentación) en los cuales echó al FMI las culpas de todos los males, al tiempo que disponía un aumento del 18 por ciento en los salarios reales de los trabajadores y promovía con esa medida una fuerte reactivación. Todo eso lo hizo García en acuerdo con los llamados “12 apóstoles”, los principales empresarios peruanos que, como diría años más tarde la señora Kirchner, “la juntaron en pala”, al igual que los bancos.

La crisis de aquella política estalló entre 1986 y 1987, cuando los límites de la modestísima industria nacional tocaron techo: ni un centavo de las importaciones metalíferas se había destinado a la industrialización. García aún amenazó con estatizar la banca y logró la aprobación parlamentaria a ese proyecto, pero jamás lo ejecutó. Intentó también obligar a los “12 apóstoles” a comprar bonos estatales, pero los empresarios impulsaron grandes movilizaciones derechistas (como habían hecho en Chile contra Salvador Allende o como harían después en la Argentina contra el aumento a las retenciones agrarias). La compra obligatoria de bonos fue cancelada.

Mientras huelgas, paros y protestas obreras recorrían el país, García fue a pedir préstamos al FMI y al Banco Mundial, después de tanto denostarlos. Sus vacilaciones y claudicaciones ante la derecha habían disparado la inflación y hecho caer estrepitosamente la producción, saboteada por los “apóstoles” a quienes jamás García les tocó un pelo.

Finalmente, en setiembre y noviembre de 1988, García ordenó un llamado “plan cero”: una política de shock económico similar a la del Rodrigazo argentino en 1975. Paralelamente, los dos últimos años de aquel primer gobierno de García fueron de una corrupción sin bozales.

Además, bajo el pretexto del accionar de la guerrilla llevó a cabo una política de masacres en el campo.

 Su segundo gobierno ya no tuvo demagogias: fue de un “macrismo” ortodoxo, de sometimiento completo a los centros de poder del capital financiero y de “integración a los mercados”. También lo fueron de corrupción galopante.

Este miércoles todo terminó con ese balazo en la cabeza.