Internacionales
11/8/2026
El terremoto en Colombia, mucho más que un desastre natural
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El terremoto de 7.4 grados en la escala Richter que sacudió a Colombia este lunes 10, dejó más de 180 muertos y 1.600 edificios dañados, según cifras provisorias del gobierno. Su epicentro tuvo lugar en el departamento del Chocó, a veinte kilómetros de la localidad de San José del Palmar, y afectó también, severamente, a Pereira y Manizales (ciudades del eje cafetero) y a Cali, capital del Valle del Cauca.
Colombia registra una intensa actividad sísmica porque se encuentra ubicada en una zona en la que confluyen e interactúan tres placas tectónicas diferentes. Según el Servicio Geológico Colombiano, se desarrollan alrededor de 2.500 sismos al mes, aunque la mayoría de ellos resultan imperceptibles para la población.
A poco más de un mes del brutal terremoto que dejó más de 6 mil muertos en Venezuela, se repite en la región un escenario dantesco de edificios en ruinas, cuerpos atrapados entre los escombros y familias que pierden todo en un instante. ¿Esto es inevitable?
Más que un terremoto
Un terremoto es, en gran medida, impredecible e inevitable, según los geólogos, pero de su magnitud, de los planes de construcción y del nivel de preparación de los países y de la población depende el alcance del daño causado.
El del 10 de agosto, con sus decenas de réplicas, es uno de los más poderosos que golpeó a Colombia en los últimos veinte años. Y su impacto se agiganta por una deficiente preparación.
Tras un violento sismo que arrasó a Popayán en 1983, se elaboró y puso en marcha en Colombia una normativa de construcción antisísmica. En 1997-1998 y en 2010 se aprobaron otras normativas semejantes. Los especialistas consideran que, en líneas generales, son normas adecuadas, pero el problema es que no se llevan a la práctica y tampoco contemplan a las edificaciones construidas con anterioridad.
En primer lugar, los sectores populares son mucho más vulnerables a los terremotos. “Muchísimas viviendas de interés social y popular no cumplen con estas normas”, según John Makario Londoño, director técnico de Geoamenazas del Servicio Geológico Colombiano (El País, 10/8).
También juega su papel el afán de lucro de los capitalistas y la corrupción en la obra pública. “Muchas veces las obras no siguen los diseños para ahorrar tiempo o dinero y se saltan las normas sísmicas vigentes”, según Gina Villalobos, ingeniera civil y doctora en sismología (ídem).
“Colombia tiene millones de edificaciones construidas antes de la entrada en vigencia de la normativa sismorresistente [de 1997-1998]. Algunas tienen varias décadas de antigüedad y fueron levantadas bajo estándares técnicos muy diferentes a los actuales. A esto se suma una realidad mucho más compleja: el crecimiento informal de nuestras ciudades", subrayó en una columna periodística el arquitecto Mauricio Facio Line (El Mundo, 11/8).
Planificación vs. gobiernos capitalistas
La preparación frente a los terremotos exige, según la opinión de expertos consultados por El País, en el artículo ya citado, políticas a largo plazo, kits de emergencia para aminorar daños (con agua potable, comida no perecedera, linterna y silbato), planes de emergencia por barrio y localidad, debidamente conocidos por los vecinos, rutas de evacuación en casas y lugares de trabajo, educación en las escuelas, etc. Esta planificación es todo lo contrario a la improvisación y el cortoplacismo que caracteriza a los gobiernos capitalistas, apenas preocupados por asegurar los negocios empresarios y que cierren las cuentas públicas para cumplir los planes de pago con los organismos financieros internacionales.
El gobierno de Abelardo de la Espriella, que asumió el viernes 7, es un ejemplo de esa clase de gobiernos. Durante la campaña electoral, propuso un plan de ajuste que incluye el despido de 700 mil trabajadores del sector público, además de un alineamiento completo con Estados Unidos e Israel.
Tras el terremoto, De la Espriella dictó un estado de emergencia nacional que le permitirá concentrar mayores poderes en los próximos 30 días. Prometió que el Estado se hará cargo del pago de servicios de los afectados en los próximos tres meses, pero no dijo qué pasará con aquellos que perdieron sus viviendas y necesitan volver a ponerlas en pie. Se plantea la necesidad de comités de los afectados para exigir al Estado las respuestas.
En estas horas terribles, enviamos nuestro saludo al pueblo colombiano.
